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El temor de los deudores hipotecarios y de las pymes a que les rematen sus bienes quedó disipado, por lo menos, hasta febrero. El Gobierno y los legisladores llegaron ayer a un acuerdo para evitar las ejecuciones de los deudores no bancarios. El Poder Ejecutivo dictará un decreto de necesidad y urgencia que traslada el conflicto entre privados al ámbito judicial. Cualquiera de las partes –se descuenta que será el deudor– podrá solicitar al juez que dicte una audiencia de conciliación, que el magistrado podrá convocar dentro de los próximos 30 días hábiles. Durante ese lapso quedan suspendidas las ejecuciones. Con esta medida, el Gobierno buscó superar una de las objeciones de los diputados para sentarse a sesionar (ver pág. 7).
Eduardo Duhalde firmaría hoy el decreto, que toma en consideración la situación de dos tipos de deudores: aquellos que tienen que levantar una hipoteca de una vivienda única, familiar y de ocupación permanente, y la de las empresas que corren riesgo de que se les rematen “bienes esenciales para su giro comercial”. En este último caso, pueden ser tanto un inmueble donde la compañía desarrolla sus actividades, como un camión o una máquina.
Las características del decreto se debatieron en una extensa reunión en la Casa Rosada, con la presencia de Alfredo Atanasof, Jorge Matzkin, Guillermo Nielsen y diputados de los bloques peronista, radical, del Frepaso y de partidos provinciales. El primer reclamo de los legisladores fue que la mediación se hiciera en ámbito judicial. El Gobierno proponía la creación de oficinas de mediación en los ministerios de Trabajo y de la Producción. Finalmente, los diputados impusieron su posición.
La segunda cuestión que llevó horas de discusiones fue si el alcance del decreto se limitaba a los deudores no bancarios o si incluía a los morosos con las entidades financieras. Nielsen se plantó en que la solución para estos últimos se alcanzó con el acuerdo que Economía firmó con las cámaras bancarias (ABA y Abappra) y que volver a tocar el tema equivalía a hacer caer definitivamente la negociación con el FMI. Los legisladores, en especial los justicialistas, comprendieron la posición del Gobierno y accedieron a que el decreto mencione sólo a los deudores no bancarios. Los diputados de los restantes bloques aceptaron a regañadientes, pero dijeron que en febrero, cuando vence el compromiso de los bancos a no ejecutar a sus clientes morosos, volverán sobre el tema. En ese momento podría dictarse una nueva prórroga a la suspensión de las ejecuciones, en función de lo que haya ocurrido en la negociación con el FMI.
Para los deudores no bancarios, lo importante es que tendrán los próximos 30 días hábiles para sentarse a negociar con sus acreedores y proponer un plan de pagos. No habrá límite por monto de la deuda para acceder a la mediación. El Gobierno quería restringir el mecanismo a los pasivos de hasta 50 mil pesos. Si la mediación fracasara, el acreedor deberá reiniciar los trámites para conseguir la ejecución. De acuerdo con estimaciones de los diputados, entre una cosa y otra los remates recién podrían concretarse a fines de febrero o incluso más tarde.
Hay una serie de causas que ameritan ejecuciones y que el decreto no abarca. Por ejemplo, los que han perdido juicios por cuota alimentaria, por salarios adeudados, las empresas aseguradoras, la liquidación de bienes en quiebra y por las causas iniciadas con posterioridad a la sanción de la Ley de Emergencia Económica. En todos estos casos no rige la mediación judicial y el mecanismo de ejecuciones continúa sin alteraciones.