El Ministerio de Economía acordó ayer con el gobierno de Córdoba el giro inmediato de 320 millones de pesos para que la provincia cancele sus obligaciones financieras más urgentes y evitar así la emisión de bonos. Sesenta millones fueron girados anoche y otros 260 millones serían enviados hoy. En contrapartida, el gobernador Juan Schiaretti suspenderá los juicios a través de los cuales había iniciado el reclamo del dinero, pero aclaró que no va a desistir en la demanda que mantiene por deuda de la Caja de Jubilaciones correspondiente al período 2002-2007.

La negociación se destrabó luego de que la provincia amenazara con emitir bonos y responsabilizar por esa acción al gobierno de Cristina Kirchner. “Si la Nación no envía los fondos, la provincia va a salir a cubrir ese bache seguramente con una cuasimoneda. No es una amenaza, sino una alternativa”, sostuvo el miércoles el ministro de Finanzas provincial, Angel Elettore.

Córdoba reclama 500 millones del Plan de Asistencia Financiera y del déficit de la Caja de Jubilaciones, pero el funcionario había adelantado también que a fin de año la deuda treparía a 900 millones de pesos, porque se sumarán pagos que hizo la provincia para obras viales y viviendas por unos 250 millones y otros 15 millones por asistencia a los presos federales que le corresponde afrontar al gobierno central.

El plan que estaba ideando la administración de Schiaretti consistía en emitir dos tipos de bonos. Uno para la consolidación de deudas de acreedores y juicios entablados contra la provincia y otro, de uso corriente para el pago de empleados públicos y otras transacciones. Incluso llegó a trascender que el proyecto estaba listo desde hace tres meses, que se emitiría luego del 15 de diciembre y tendría una tasa de interés de entre 8 y 10 por ciento anual. De este modo, Córdoba volvería a las cuasimonedas con las cuales ya se había manejado durante las gestiones del gobernador Ramón Mestre, cuando se emitieron los Cecor, y de José Manuel de la Sota, cuando se utilizaron los Lecor. Sin embargo, al final el operativo bono parece haberse desactivado luego de que la Nación cediera parte de los fondos reclamados y se comprometiera a ceder más dinero a partir de hoy.

No obstante, Córdoba no es la única provincia que atraviesa una situación delicada desde el punto de vista financiero. Buenos Aires ya avanzó con la emisión de un bono de 800 millones para cancelar los compromisos que mantiene con los proveedores del Estado. Mendoza, por su parte, logró que la Legislatura habilitara un endeudamiento de 420 millones con el Banco Nación que le permitirá pagar los últimos compromisos del año, sin tener que recurrir a los “papelitos” que cobraron notoriedad durante la crisis de 2001.

En Neuquén, el gobierno de Jorge Sapag avanza con un proyecto de ley para emitir títulos por 200 millones de dólares que le permitirían rescatar bonos por 186 millones colocados en su momento por el ex gobernador Jorge Sobisch. En Río Negro, por su parte, la Legislatura aprobó un proyecto que habilita a acceder a financiamiento por 200 millones de pesos. En Chubut, Mario Das Neves pidió permiso a la Legislatura para endeudarse en 500 millones de pesos con la Anses para completar un plan de viviendas, medida con la cual busca reemplazar la caída de fondos proveniente del Estado central. Restricciones similares enfrentan los gobiernos de Santa Fe, Catamarca y Jujuy.

Estas alternativas en muchos casos fueron posibles debido a la suspensión de la Ley de Responsabilidad Fiscal que ponía límites al endeudamiento y prohibía destinar recursos de inversión para gastos corrientes. Sin embargo, el fantasma de los bonos sigue rondando las provincias y ese temor sólo empezará a despejarse cuando la economía dé nuevamente signos de reactivación.