Desde que la Anses se hizo cargo de los fondos previsionales que manejaban las AFJP, las inversiones en proyectos productivos, obras públicas, energía y créditos para la vivienda se cuadruplicaron. Pasaron de 2183 millones de pesos a fines de 2008 a 8539 millones en la actualidad. Antes equivalían al 2,2 por ciento de la cartera de inversiones de las AFJP, y ahora representan el 6,2 por ciento, de acuerdo con un informe del organismo de la seguridad social. El aumento se dio en un año de gestión estatal. Ese cambio en el orden de prioridades se tradujo en hechos concretos, con impacto económico en la coyuntura, pero también a mediano plazo: hubo inversiones para ampliar plantas fabriles de empresas privadas, se financió la instalación de líneas de montaje para nuevos modelos de autos, se volcaron recursos para extender la red de distribución eléctrica y llevar agua y cloacas a barrios postergados, se lanzaron planes de pavimentación de rutas y para construir generadoras eléctricas, entre ellas la atómica Atucha II. El plan para 2010, según revelaron altas fuentes oficiales a Página/12, es invertir un piso de otros 8 mil millones de pesos con la misma orientación.

Una de las razones que llevó al Gobierno a cancelar el experimento de las AFJP y recuperar para el Estado los aportes de los trabajadores fue que a las administradoras nunca les interesó poner plata en la economía real. Tras catorce años de funcionamiento, en diciembre de 2008 contabilizaban apenas 2183 millones de pesos en proyectos productivos (2,2 por ciento del total), contra 5137 millones (5,2 por ciento) destinados a acciones de empresas extranjeras, entre ellas, detectaron ahora en la Anses papeles de Walt Disney. Las AFJP tampoco cumplieron con otra promesa de su creador, Domingo Cavallo, de desarrollar un mercado de capitales que sirviera para proveer financiamiento a las empresas.

Las excusas que esgrimían las AFJP eran básicamente dos: que no había suficientes proyectos seguros para apostar el dinero de sus afiliados y que su prioridad era maximizar el rendimiento de las inversiones. Era la lógica del régimen de capitalización, un sistema cerrado en sí mismo que se creía independiente de la suerte del país, de sus empresas y trabajadores. En su lugar emergió otra con aspiraciones colectivas. El razonamiento es el siguiente: mientras mejor le vaya a la Argentina en su conjunto, mejor les irá a sus jubilados. “El objetivo es contribuir al desarrollo de la economía nacional para garantizar el círculo virtuoso de crecimiento económico sustentable, aumento de los recursos para el sistema previsional y preservación de los activos” jubilatorios, define la Anses.

La ley que terminó con las AFJP y dejó la administración de los recursos previsionales al Estado ordena que en un plazo máximo de cinco años el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de las jubilaciones –el organismo derivado de la Anses que maneja el dinero– debe llegar a un mínimo de 5 por ciento –ya superado– y un máximo de 20 por ciento de su cartera en inversiones productivas. Fuentes del Gobierno revelaron a este diario que en 2010 se derivarán otros 8000 millones de pesos a tal fin. El objetivo es acercarse rápidamente al techo de la banda.

Los proyectos que se financiaron hasta el momento dejaron ganancias financieras al FGS, más allá de que la prioridad es la ganancia social. Para las empresas, a su vez, resultó positivo contar con apoyo financiero para sus inversiones en momentos de crisis internacional.

Aportes al sector privado

En lo que va de 2009 fueron 644,5 millones de pesos, 7,5 por ciento del total de inversiones en proyectos productivos, obras públicas, créditos a la vivienda y el consumo (8539,3 millones). El mayor desembolso fue para la automotriz General Motors, a través de un préstamo de 259 millones de pesos a cuatro años, a una tasa variable en torno del 16 por ciento anual. La empresa lo utilizó para acondicionar su planta de Rosario para el lanzamiento de un nuevo modelo, el Agile. En segundo lugar quedó Aluar con la colocación al FGS de una obligación negociable (ON) por 35 millones de dólares, dinero que utilizó para ampliar sus instalaciones fabriles y llegar a una producción de 515 mil toneladas de aluminio por año.

Después aparece la energética Impsa con una ON por 120 millones de pesos que destinó al desarrollo de su centro de investigación y a expandir la capacidad productiva. La cementera Juan Minetti consiguió 40 millones de pesos también con una ON para su plan de inversiones que termina en 2010 y Mercedes Benz obtuvo 30 millones del mismo modo y volcó a su red comercial. El frigorífico Quickfood colocó una ON por 8 millones de dólares para mejorar sus instalaciones, Syngenta otra por 3,5 millones de dólares para la comercialización de agroquímicos, Grimoldi otra por 13,3 millones de pesos para financiamiento de activos fijos y la avícola Ovoprot otra por 1,2 millón de dólares para financiar la venta de huevo procesado industrialmente.

Son nueve proyectos en total. En el Ministerio de Economía reconocen que hay mucho por hacer en esta área, pero indican que habrá un salto cuando se concrete el –demorado– proyecto del banco de desarrollo. Sectores de la oposición cuestionaron que se les diera plata a varias multinacionales y grandes empresas, mientras muchas pymes no lograron que sus proyectos fueran tenidos en cuenta. La respuesta oficial es que las propuestas que se financiaron son válidas por su impacto laboral y que se trata sólo de un comienzo.

Energía

El apoyo a obras energéticas fue lo más destacado de las inversiones del FGS en este campo. Fueron 3471,5 millones de pesos, el 40,6 por ciento del total de la cartera en proyectos productivos. Hubo 14 desembolsos para financiar trabajos en generación y distribución eléctrica. Seis de ellos fueron para la construcción de la central atómica Atucha II, por un total de nada menos que 1690 millones de pesos. “Los recursos previsionales ahora financian el desarrollo”, destacan en la Anses. En el mismo sentido, el FGS prestó 251 millones de dólares –casi 1000 millones de pesos– para ayudar a levantar las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano y Timbúes, que por estos días empiezan a operar al máximo de su capacidad. Otros 485 millones de pesos fueron prestados a Enarsa para la construcción de las termoeléctricas Barragán y Brigadier López, y 6 millones se destinaron a la central térmica Piedra Buena.

Las privatizadas Emgasud y Edenor consiguieron financiamiento del FGS por 77 millones de dólares y 37,5 millones de pesos, respectivamente, para trabajos de ampliación de las redes de distribución eléctrica. En ambos casos fue mediante la colocación de obligaciones negociables. Las de Emgasud tienen vencimiento en 2011 y pagan una tasa del 14 por ciento anual, mientras que la de Edenor vence en 2013 y tiene una tasa variable en torno del 17 por ciento anual.

Obras públicas

En este caso son tres proyectos, pero la cifra también es significativa: 1645 millones de pesos, el 19,2 por ciento del total. El plan nacional vial se lleva la mayor parte de este rubro, con 1350 millones de pesos. Se trata de un ambicioso programa de pavimentación de 24.500 cuadras y rutas en todo el país, que lanzó el Ministerio de Planificación como una medida contracíclica frente a la crisis internacional. La ejecución empezó este año y está previsto que finalice en 2010. El FGS hizo aportes a un fideicomiso para estas obras, a una tasa variable en torno del 14 por ciento anual y con vencimiento en 2021.

Aysa, a su vez, consiguió 265 millones de pesos a través de un pagaré con vencimiento en 2019, al 14 por ciento anual. Con ese dinero se financia la planta de potabilización de agua en Tigre, una planta de pretratamiento y estación de bombeo en Berazategui y trabajos para reducir los niveles de contaminación producida por las emisiones al Río de la Plata. Finalmente, el informe de la Anses incluye en este rubro 30 millones de pesos para obras de ampliación del Nuevo Banco de Chaco.

Créditos hipotecarios

El FGS aportó 176 millones de dólares y 171 millones de pesos al Banco Hipotecario para el lanzamiento de nuevas líneas de préstamos para la compra, construcción y remodelación de viviendas en condiciones más favorables que las que existían en el mercado. Es el 9,9 por ciento del total en proyectos productivos y demás. Por último, el FGS puso 1935 millones de pesos (el 22,6) en plazos fijos orientados a financiar el consumo, en lo que fue otra medida contracíclica frente a la crisis externa.