Frente a los diputados de la Comisión de Energía, el secretario de Energía, Daniel Cameron, descartó una inmediata modificación tarifaria para el gas y la luz y defendió los emprendimientos en infraestructura energética, que la oposición cuestiona por presunta falta de transparencia. “Las empresas están prestando el servicio y tomando una ganancia razonable”, sentenció, reivindicando la estrategia oficial respecto de los precios del sector.

La reunión comenzó con una extensa exposición de casi dos horas en la que Cameron llegó a detallar las inversiones públicas y privadas previstas en el sector de aquí al 2025, amén de fundamentar las decisiones ya tomadas por su secretaría. Entre ellas, el decreto 2067, que impuso un cargo tarifario a los usuarios de gas de las categorías superiores.

El funcionario reconoció que él fue uno de los que sostuvo en el seno del Gobierno que era necesario apurar “un blanqueo tarifario” (de luz y gas), pensando que las empresas “podían estar peor”. “El Gobierno va a tomar las decisiones que correspondan en el momento oportuno”, sentenció, sugiriendo que por ahora no habrá modificaciones en los precios de aquellos servicios.

El demócrata mendocino Omar Demarchi juzgó “sólida” la exposición del secretario, pese a lo cual planteó sospechas sobre la venta de terrenos cercanos a la zona en que se erigirá la represa Cóndor Cliff, por empresarios allegados al Gobierno. Miguel Angel Giubergia, de la UCR, objetó el valor de esa obra, mientras que también hubo planteos de la oposición por la adjudicación del tendido eléctrico de alta tensión Pico Truncado-Puerto Madryn y al precio y cantidad de importación de fuel oil venezolano. Cameron respondió las objeciones una por una, descalificando ciertos planteos como una “fantasía” o acusando de “mala fe” a los promotores de las sospechas.

En la misma jornada, la Comisión de Energía de la Cámara baja dictaminó a instancias de la oposición a favor de la eliminación del Fondo Eléctrico para subvencionar los consumos de Santa Cruz. Se trata de un paquete de 527 millones de pesos anuales aportados por todos los usuarios del país con destino a aquella provincia patagónica. Este proyecto debe ser ahora considerado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda para luego, con el pronunciamiento de este cuerpo legislativo, pasar al recinto.