Luego de apenas tres días de detención, la Justicia federal de San Nicolás excarceló ayer al suboficial retirado y periodista Abel César Scollo, imputado por delitos de lesa humanidad en Zárate y Campana. La captura del vocero histórico del carozzismo, que gobierna Baradero desde hace veinte años, había sido ordenada el viernes pasado por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, quien se resistió durante medio año a citar a indagatoria al militar –el fiscal federal Juan Patricio Murray solicitó su detención en noviembre pasado– y quien curiosamente se tomó licencia luego de impartir esa orden. A pesar de haberle asegurado a Página/12, mediante un correo electrónico, que la imputación en su contra es “una historia inventada”, Scollo se negó a prestar declaración ante el juez subrogante Alberto Martín Martínez, quien de inmediato ordenó su excarcelación con argumentos que se desconocen. Martínez concedió el beneficio en el marco de la investigación por la cual Villafuerte Ruzo solicitó incluir en el Programa Nacional de Protección de Testigos a tres personas que fueron amedrentadas tras declarar sobre el pasado de Scollo.

El ex cabo, que en plena dictadura admitía su participación en operativos, y que en 1998 llegó a ufanarse en televisión de haber detenido a “subversivos” en la estación de Campana, está imputado como partícipe necesario de nueve secuestros, ocho torturas y cinco homicidios, por haber entregado información que derivó en crímenes de lesa humanidad. En democracia se recicló como periodista. Trabajó en los ’90 para el intendente Pedro Carozzi y, cuando murió, para su hijo y sucesor, Aldo Carozzi. En 2005 obtuvo del Comfer una licencia como titular de FM Tiempo. A fines de 2009 compartió mesa en un asado junto con el ex ministro de Seguridad bonaerense Carlos Stornelli y con el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, oriundo de Baradero, y cargó en Internet una foto de los tres sonrientes junto al intendente. Tampoco oculta sus óptimas relaciones con la policía bonaerense.

La excarcelación de Scollo fue solicitada el martes por su defensora oficial. El fiscal Murray se opuso en este caso puntual por la magnitud de la pena en juego, la abundancia de pruebas y, sobre todo, por las denuncias de amedrentamiento a testigos, en algunos casos por medio de altos jefes de la policía de la provincia de Buenos Aires.