El buffet de abogados que asesora al Banco Nación en Nueva York analizaba anoche los pasos a seguir luego de que conociera el pedido de congelar fondos de la entidad en Estados Unidos. El juez neoyorquino, Thomas Griesa, aceptó anteayer la solicitud de un nuevo embargo preventivo contra la Argentina, esta vez presentado por Guillermo Gleizer, abogado de un grupo de bonistas que hasta el momento no litigaba contra el Estado argentino. La medida cautelar afecta unos 2400 millones de dólares que se encuentran en cuentas de la entidad en Nueva York. Fuentes del Nación dijeron a Página/12 que se utilizaron los mismos argumentos que presentaron el año pasado algunos fondos buitre. Se trata de la figura del “alter ego”, es decir, el margen de maniobra de la entidad respecto del Gobierno. En esos casos, el magistrado finalmente terminó concediéndole la razón al banco y ahora los funcionarios de la entidad esperan que ocurra lo mismo en la próxima audiencia del 3 de junio.

Una de las argumentaciones que se esgrimieron desde Economía respecto de la necesidad de reabrir el canje era justamente acorralar a los fondos buitre para evitar que sigan demandando al país. La posibilidad de obtener un alto nivel de adhesión era la clave para aislarlos y quitarles la capacidad de lobby. Sin embargo, el bajo porcentaje que se obtuvo en la primera etapa de la operación, destinada a inversores institucionales, les dio renovados bríos a los buitres. A pesar de que Griesa había prometido al equipo económico no interferir con ninguna medida en el canje de deuda, como un acto de buena fe, dio a lugar a un nuevo pedido de embargar activos argentinos en Estados Unidos.

Un grupo de bonistas, representado por Gleizer, solicitó se congelen los fondos del Banco Nación en los Estados Unidos, según los documentos judiciales divulgados ayer. Por su parte, Griesa resolvió conceder a los demandantes “una orden de restricción”. “El juez me aceptó la primera medida para agregar a Banco Nación a mi cuenta de custodia para los tenedores de bonos, a satisfacción del juicio por 2200 millones de dólares”, informó Gleizer. El fallo alcanzaría a un total de 2240 millones de dólares, más los intereses acumulados.

“La Justicia de Nueva York ordenó el embargo de todos los activos públicos y privados del Banco Nación”, celebró la Asociación de Ahorristas de la República Argentina (APAD) a través de un comunicado. El fallo se encuadra dentro de las sentencias de “class actions” (acciones conjuntas), que comprenden a todos aquellos bonistas ausentes que no han presentado una demanda individual, jubilados y ahorristas. Es así que todos aquellos bonistas que no tengan un juicio individual en Nueva York, pero que posean bonos argentinos en default, y además no opten por adherir voluntariamente al canje de deuda, se beneficiarán de estas medidas.

La justificación volvió a centrarse, como en el caso del Banco Central a principio de año, en el grado de autonomía de la entidad respecto del Ejecutivo. Esto significa que los fondos argentinos en poder del Nación depositados en cuentas de Nueva York pueden ser utilizados para pagar a los acreedores, sobre la base de que el banco es un “alter ego” del Estado argentino. “Esta vez se argumentó que el préstamo que el Banco otorgó al Estado fue en condiciones excesivamente favorables. Se trata de los 5600 millones que se colocaron a tasa Badlar más un uno por ciento”, confirmó a este diario una fuente del BNA.

Tampoco es la primera vez que fondos buitre recurren a esta figura para lograr trabar la vuelta de la Argentina a los mercados y recibir la totalidad del precio de sus bonos, que compraron previamente a un ínfimo valor. En 2008, otra vez Griesa ordenó incautar 72 millones de dólares del Nación, respondiendo a una presentación de Dart y Elliot, dos fondos con operaciones en el paraíso fiscal de Islas Caimán. La supuesta prueba que encontró el juez del distrito sur de Nueva York en esa oportunidad fue que el sitio web de la entidad hacía una expresa mención al “trabajo conjunto entre el banco y el Estado”. El Nación apeló la decisión, debido a que no estaban involucrados recursos del Estado argentino, sino aquellos que resultan de la actividad comercial y de intermediación financiera normal y habitual de esta entidad. A su vez, Griesa desestimó el año pasado una nueva presentación del fondo NML Capital (de Dart). El 3 de junio habrá una audiencia en la que los letrados del BNA tendrán que explicar sus argumentos para evitar el embargo, mientras que tienen hasta el día anterior (el 2 de junio) para presentar la apelación. Los escritos del buffet de abogados en Nueva York deberán demostrar nuevamente que el Nación no es alter ego del Estado argentino.