Desde Medellín

Los últimos días de campaña presidencial se complican para algunos candidatos, mientras otros sacan provecho de los escándalos. Las acusaciones a la familia presidencial de conformar grupos ilegales y la renuncia del comandante de las fuerzas militares tienen a los estrategas tomando decisiones para defenderse de lo inconveniente o bien optando por el silencio para evitar repercusiones negativas en las votaciones del próximo domingo. Juan Manuel Santos defiende la inocencia de los Uribe, Gustavo Petro recuerda que él fue iniciador de este tipo de denuncias, y Antanas Mockus no opina sobre el tema.

Mientras tanto, más funcionarios del gobierno salen a la defensa del hermano menor del presidente, acusado por un ex policía de liderar mercenarios paramilitares en los años noventa. Venezuela es, según la Casa de Nariño, la que promueve las denuncias como parte de un complot contra Colombia, así como grupos de delincuentes que supuestamente le pagaron a Meneses para declarar. “Yo creo que Venezuela proactivamente ha hecho operaciones de inteligencia y desprestigio contra el presidente Uribe (que) incluye a ex funcionarios del DAS (servicio secreto colombiano) y muchos otros”, expresó el ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján.

El comandante de la policía, general Oscar Naranjo, también arremetió contra el país vecino, pero señaló como culpables a los narcoparamilitares al mando de alias “Comba”, que según él pagaron 500 millones de pesos colombianos (unos 250 mil dólares) al ex mayor Juan Carlos Meneses, quien hace tres semanas relató a un grupo de defensores de derechos humanos en Buenos Aires cómo se contactó con el hermano menor del presidente, Santiago Uribe Vélez, entonces líder de un comando de mercenarios paras del norte de la provincia de Antioquia, cuando su hermano, hoy presidente, era el gobernador de esta zona.

Como en las declaraciones del lunes, cuando comenzó a difundirse el testimonio de Meneses publicado por Página/12 y The Wa-shington Post, Bogotá insiste en que se trata de una campaña sucia contra el gobierno por la temporada electoral. Silva Luján aseguró que las denuncias de Meneses forman parte de una “operación de desprestigio” auspiciada desde Venezuela. A ese país, llegó el ex policía tras recibir amenazas contra su vida en Colombia, y con protección del Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas. Según el general Naranjo, que “este señor” saliera del país hacia Venezuela y Argentina es “muy sospechoso” y calificó su visita a los países extranjeros de “itinerario criminal” que “también lo cumplió, entre otros, Rafael García (testigo en las chuzadas del organismo de inteligencia DAS)”. Silva agregó que “todos los que han acusado al presidente han pasado por Venezuela”.

Por su parte, el sacerdote católico Javier Giraldo expuso a los medios que no tiene información alguna que relacione a Meneses con el país vecino. Para él, la Justicia colombiana “no está interesada en investigar este caso” y por eso, explicó, él mismo le recomendó a Meneses pedir la protección de Naciones Unidas y entregar su testimonio fuera del país. “Hace unos meses recibí mensajes de este mayor. Quería dar un testimonio que tenía que ver con hechos de la hacienda La Carolina, que es de la familia del presidente”, relató Giraldo, también víctima de amenazas por sus continuas denuncias sobre los crímenes extrajudiciales y las desapariciones forzadas cometidas por fuerzas estatales. Para él, es extraño que, al conocerse denuncias de este calibre, se desvíe la atención hacia quien denuncia y se desinterese en lo que se denuncia. Naranjo contó ayer que el otro implicado en el testimonio, el coronel Pedro Benavides, acudió a sus oficinas para desmentir lo dicho por Meneses. Ese ex policía, destituido junto a Meneses en la investigación de la que salió limpio el menor de los Uribe, le habría dicho a Naranjo que Meneses lo buscó en varias ocasiones para pedirle colaboración en el supuesto montaje que reveló en la capital argentina. “Lo contactó con grupo de delincuentes que le ofrecieron hasta 500 millones de pesos por vincular al hermano del presidente en esta investigación.”

El lunes, al tiempo que el presidenciable oficialista Juan Manuel Santos alegó la inocencia de Santiago Uribe Vélez, el general Fredy Padilla de León renunció a su cargo como comandante de las Fuerzas Militares. Ese mismo día, nueve infantes de marina resultaron muertos a manos de la guerrilla de las FARC. La candidata conservadora Noemí Sanín aprovechó la noticia para ofrecerle al general el Ministerio de Defensa. Al parecer, la razón de su retiro es la proximidad de cambio de gobierno, pero hasta ahora todo son especulaciones. Lo único que declaró Padilla de León fue que no dejó el cargo por diferencias con Silva Luján, ministro de Defensa. En los comicios del domingo se sabrá que tantos votos quitan y suman denuncias, reacciones y renuncias que ponen en jaque al saliente presidente, el más popular de la historia colombiana.