Los representantes de las cámaras patronales nucleados en el G-7 continuaron con sus críticas hacia el proyecto de ley para que los trabajadores participen de las ganancias empresarias. Hugo Biolcati, reelecto ayer al frente de la Sociedad Rural, manifestó que la iniciativa presentada por el diputado Héctor Recalde (FpV) es “demagógica” y que “ahuyentará inversiones”. Por su parte, el vicepresidente de la UIA, José Ignacio de Mendiguren, aseveró que la CGT pretende la “cogestión sindical”. También se sumó a los reclamos Juan José Aranguren, el titular de Shell, quien aseguró que los empresarios argentinos “tienen miedo” de oponerse al Gobierno. Si bien éste no es un proyecto impulsado por el Ejecutivo, tiene su apoyo. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, defendió la iniciativa: “No me asombra que haya grupos de empresarios que se resistan a esto, porque no es nuevo, lo han hecho toda la vida”, cuestionó.

Las cámaras patronales siguen con su embestida hacia el proyecto de ley que pretende distribuir el 10 por ciento de las ganancias empresarias entre los trabajadores. Si bien este es un tema que está consagrado en la Constitución Nacional desde hace 53 años, la mayoría de los empresarios que alzaron sus críticas señalaron que “no es oportuno” el planteo. “En un momento en que Argentina necesita inversiones, un proyecto de estas características, presentado de manera unilateral, con una participación discrecional del sector sindical en la toma de decisiones empresarias, hace que las inversiones se demoren aún más”, vaticinó Biolcati.

En los fundamentos del proyecto presentado por Recalde se especifica que además de avanzar en la distribución de las ganancias entre los trabajadores, otro objetivo del proyecto será contribuir a la lucha del empleo en negro. Por eso se crea un fondo solidario. La informalidad laboral llega al 36,5 por ciento, mientras que en los sectores rurales asciende a más del 70 por ciento. Los empresarios no repararon en este punto.

“No pensé que iba a haber una reacción así. La verdad es que me da vergüenza. Sin embargo, lo importante es que ya está abierto el debate”, señaló Recalde. Sobre la “unilateralidad” en la decisión, el diputado del FpV manifestó que el proyecto contempla la creación de un consejo tripartito, formado por el Estado, los empresarios y los sindicatos, que funcionará como autoridad de aplicación de la normativa.

Más allá de la participación que tendrán los empresarios en la reglamentación de la normativa, a través del citado consejo, De Mendiguren volvió a denunciar una embestida gremial. “Es una ley de distribución de ganancias y cogestión sindical. Esta cuestión viene escondida detrás del proyecto”, agregó el vicepresidente de la UIA.

Por otro lado, el banquero Jorge Brito, titular de Adeba, también cuestionó el proyecto, aunque se mostró más moderado que sus colegas. “Objetamos la participación directa en la dirección de la empresa, pero no es una pelea, sino que hay diferencias de opiniones. Los empresarios queremos sentarnos a dialogar”, manifestó.

Por su parte, el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Oscar González, criticó al conglomerado patronal nucleado en el G-7: “Por suerte, hoy existen condiciones políticas para que esta iniciativa pueda prosperar, un gobierno sensible a los reclamos de los trabajadores, una situación económica y social estable y un Congreso en pleno funcionamiento. Como ya no pueden sostener la supuesta ilegitimidad del reclamo, ahora dicen que no fueron consultados, como si cada uno de los avances de la legislación obrera hubiera surgido de una interlocución benevolente y no de la lucha de los trabajadores”.

A su vez, Randazzo sostuvo: “No estamos de acuerdo con el planteo de estos empresarios, es sumamente importante que el tema se debata en el Parlamento”, indicó. “La Argentina debate si se distribuye el 10 por ciento de las utilidades de las empresas cuando el mundo discute cómo hace para no despedir trabajadores”, agregó.

El proyecto comenzará a debatirse en comisión en las próximas semanas. Según remarcó el propio Recalde, su tratamiento en el recinto podría llegar recién en noviembre, ya que en el Congreso hay varios temas relevantes para el oficialismo, como el Presupuesto 2011 y Papel Prensa.