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En esos días de fiestas con calor agobiante y cortes de luz en varios barrios de la Capital y el conurbano no había escasez de electricidad. Si los usuarios lo hubieran sabido en detalle su paciencia no habría sido tanta. En un plan oficial que reunió voluntad política y urgencia económica, sin alterar el marco regulatorio de un sistema energético privatizado, el Estado impulsó inversiones millonarias en generación y transporte. El frente vulnerable quedó en el área de la distribución, que está en un ciento por ciento en manos de grupos privados. Esas compañías fueron las responsables de los cortes de luz que en algunas zonas fueron por varios días seguidos.

A mediados de 2003 la potencia instalada era de 23.280 megawatios y el 30 de junio de este año ya había trepado a 27.671, casi un 19 por ciento más. Esa capacidad de generación de fuente térmica (59 por ciento), hidráulica (35) y nuclear (6) hoy resulta suficiente para atender la demanda total. De todos modos existe un programa ambicioso de expansión del parque generador de energía eléctrica para atender los requerimientos futuros previendo un crecimiento económico sostenido.

En el eslabón de transporte, el plan oficial con inversiones millonarias está solucionando los cuellos de botella estructurales de la columna vertebral del sistema de transmisión en líneas de alta tensión, con el objetivo de superar las restricciones de despacho y garantizar un mejor abastecimiento a las provincias. Así se prepara la capacidad de transporte al proyectado incremento de la generación.

Estas inversiones en generación y transporte no estaban contempladas, por razones de escala, recursos involucrados y rentabilidad esperada, en los planes de los grupos privados que operan en el sistema. El eslabón débil de esa cadena en la estrategia oficial de recuperación del parque eléctrico quedó en la distribución, dominada por empresas privadas.

Esas compañías no invirtieron en los primeros años de crecimiento económico y ante la presión gubernamental presentaron un programa conservador para acompañar la expansión de la economía y el consiguiente aumento de la demanda. No tienen ni les interesa diseñar un programa audaz que permita superar sin inconvenientes los picos de demanda de verano e invierno. Por eso los cortes de luz se registran en varias manzanas de ciertos barrios, y ya no son grandes apagones de años pasados por deficiencia en generación o transporte.

En los últimos años, la industria y el comercio incrementaron la demanda energética debido al fuerte aumento de la actividad. A ese ciclo positivo se agregó la mejora del poder adquisitivo de la población que ha provocado una modificación sustancial de la pauta de consumo, cada vez más dependiente de la energía eléctrica: 5 millones de aires acondicionados se incorporaron desde 2005, más electrodomésticos en los hogares y nuevas edificaciones con instalaciones exclusivamente eléctricas porque los constructores desistieron del gas para abaratar costos. Esto derivó en un alza sostenida de la demanda doméstica, que alcanza sus máximos en las semanas de más calor en verano y más frío en invierno. Para atender el requerimiento de esos días se debe realizar inversiones más importantes en la red de distribución para soportar esa demanda record. Implica ampliar el sistema en una magnitud que las empresas privadas no están dispuestas a realizar para solucionar el abastecimiento en jornadas puntuales de calor agobiante o frío polar. No es por una cuestión del nivel de tarifas, al que suponen atrasado, tema controvertido que forma parte de un debate que no tiene que ver con los estallidos de la red en los record de demanda.

Las compañías evalúan que no es rentable ni racional invertir para sostener una estructura de distribución del sistema eléctrico para esos días de máximas y mínimas temperaturas, cuando la demanda alcanza picos extraordinarios. Esa decisión tiene su lógica desde el punto de vista de la tasa de retorno de una inversión en el ámbito del sector privado. Para las empresas no es rentable destinar varias decenas de millones de dólares en ampliar la capacidad de transporte (cables) y estaciones transformadoras para atender la demanda excepcional de unos pocos días al año. Así los cortes de estos días no fueron por imprevisión, sino por un esquema de negocio con lógica de rentabilidad privada.

El camino elegido por las empresas privadas es el de exprimir al máximo las instalaciones y sólo actuar cuando los equipos y cables se rompen, como cuando saltan los tapones en el hogar. Comportamiento diferente tuvo en su momento el Estado cuando invirtió para construir las redes de infraestructura básica para brindar luz y gas a industrias, comercios y viviendas, pensando en la expansión del consumo y en el crecimiento de la economía. Destinó millonarios recursos con el criterio de rentabilidad social sin evaluar el retorno económico inmediato como una empresa privada. La historia del gasoducto Comodoro Rivadavia-Buenos Aires sirve de referencia para entender la actual deficiencia en la distribución privada de electricidad y el espacio indelegable del Estado en la prestación de servicios públicos esenciales a la población.

A fines de diciembre de 1949, en el primer gobierno de Perón, se inauguró luego de dos años de intenso trabajo ese gasoducto, que con casi 1700 kilómetros de longitud se convirtió en el segundo más extenso del mundo, después del Gasoducto Transiberiano. Tuvo un costo de 140 millones de pesos de ese entonces, equivalentes a unos 50 millones de dólares. En esos años, la dimensión de ese gasoducto era desproporcionada con la demanda existente. Nunca hubiera sido realizada por empresas privadas porque no les garantizaría un rápido retorno de la inversión. Pero se trataba de una obra estratégica pensada para un proyecto de país en expansión: sirvió para que la distribución de gas aumentara de 300 mil metros cúbicos por día a 15 millones. Hasta ese momento el gas se venteaba en Comodoro Rivadavia sin aprovecharse. Como contrapartida se importaba carbón desde Inglaterra con el argumento de que el carbón argentino era de bajo poder calórico y no servía para la producción de gas. La concesionaria del servicio de gas manufacturado para uso domiciliario era la “Compañía Primitiva de Gas”, de capitales ingleses. Esta concesión databa de 1919 y en la década del ’40 contaba con 105.000 usuarios en la Ciudad de Buenos Aires (más detalles de este emprendimiento extraordinario del gasoducto se pueden leer en un escrito de Roberto Oscar Requejo en http://papatri cios.blogspot.com/2010/01/primer-gaso ducto-argentino.html).

A partir de esa obra se aplicó una política tendiente a la baja sostenida de tarifas y a la expansión del sistema de gas por redes. Para 1951 Gas del Estado contaba con alrededor de 700.000 clientes, y a fines de 1960 ya sumaban 1.300.000 clientes, lo cual muestra el sostenido crecimiento operado desde el nacimiento de la empresa estatal. Argentina se colocaba así entre los tres países más avanzados en el aprovechamiento del gas natural, junto con los Estados Unidos y la Unión Soviética.

Ese gasoducto como gran parte de la infraestructura energética del país es el que aún hoy es la base del sistema energético nacional. En esa instancia aparece con claridad la distinta función que cumplen el Estado y el sector privado cuando se trata de brindar un servicio público esencial para la población. Y, por lo tanto, los efectos negativos para los consumidores cuando el Estado abandona esa tarea indelegable: cortes de luz en los peores días de verano y de invierno debido al predominio en el eslabón de la distribución de electricidad de una política de inversión con la regla de rentabilidad privada.

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