Los organizadores de la toma del club Albariño habrían pagado a las familias que se instalaron allí cien pesos diarios por cabeza.
Imagen: Pablo Piovano.

“Para esta gente, ocupar terrenos era un gran negocio. Lo vienen haciendo desde hace muchos años. Primero promueven la ocupación de tierras, luego les venden las parcelas a gente que tiene necesidad real de vivienda y finalmente los estafan, porque ellos se van con la plata y la gente se queda sin nada.” Una fuente de la villa 15 (Ciudad Oculta), consultada por Página/12, aseguró que los detenidos por la toma del club Albariño, de Villa Lugano, vienen realizando este tipo de maniobras en distintas villas de la ciudad, desde hace muchos años y con distintos gobiernos. Ahora, en el caso del Albariño, uno de los propósitos de los responsables de la toma era trasladar a ese lugar la bailanta Poliocho, que desde el 2001 funciona en la manzana 30 de la Oculta. El predio de Lugano era considerado ideal para el relanzamiento del boliche, dado que la nueva ubicación hacía posible que al local pudieran concurrir gente “de afuera”, dado que en la actualidad, “como está en medio de la villa, el ingreso se hace más complicado para los que no son del barrio”.

Al predio del club Albariño, cercado hoy por la Policía Federal, se puede ingresar tanto por la calle Crisóstomo Alvarez al 4900, por la que se entra a la Villa 15, y también por la calle Santander a la misma altura, una puerta accesible para los que llegan desde Lugano, Soldati, Pompeya y otros barrios cercanos. Los dueños de Poliocho, la bailanta de la 15, son Guillermo Ramón Ferreira –el primero de los cinco detenidos por la causa del Albariño– y Carlos Villalba. El boliche es un negocio redondo, que deja buen dinero, aunque todo el mundo coincide en que su funcionamiento es absolutamente ilegal. La bailanta está ubicada en la manzana 30 de la Oculta, cerca del cruce de la calle Zuviría con el pasaje Herrera. Es un salón de 50 por 20 metros. Desde que estalló el escándalo, el local permanece cerrado.

“Ninguna bailanta puede funcionar en la Villa 15, simplemente porque si hay un incendio los bomberos no podrían llegar hasta allí porque no hay calles para que ingresen las autobombas”, explicó a este diario una fuente del barrio. Sin embargo, el local funciona desde 2001 y en muchas ocasiones han actuado allí artistas convocantes de la llamada movida tropical, como Los Charros o Néstor en Bloque. En esas ocasiones, dada la magnitud del evento y la concurrencia masiva de personas, se vio en el lugar la presencia de policías federales. Todo indica que el local contaría con una habilitación, cuanto menos precaria, otorgada por los inspectores del gobierno porteño.

El negocio de la bailanta requería de un lugar más apto y por eso se habría planificado la toma del club Albariño. Para garantizar la presencia de las familias que se instalaron allí, los responsables de la toma les habrían pagado –o prometido pagar, al menos– la suma de cien pesos diarios por cabeza. Una maniobra similar se adjudica a Regino Abel Acevedo en la manzana cinco de la villa 15. Como se sabe, el juez federal Daniel Rafecas levantó el pedido de captura de Acevedo en relación con la causa del Albariño por falta de elementos para fundar los cargos en su contra. De todos modos, para los vecinos de la 15, Acevedo siempre está bajo sospecha cuando se habla de este tipo de ocupaciones.

Acevedo es marido de María Rosa Fernández, quien según los vecinos manejaría los fondos de la Unidad de Gestión e Intervención Social (Ugis), que depende del gobierno porteño y cuya función es la de atender requerimientos de mejoras o mantenimiento del hábitat en los barrios pobres de la Capital Federal. Fernández fue presidenta de la Villa 3 (Fátima) de Villa Lugano, donde vivieron con su esposo y donde también arrastran una cadena de sospechas y acusaciones. A los autores intelectuales de la toma en el Albariño se les adjudica, además, una supuesta participación en la toma de las tierras cercanas al club Argentinos Juniors y otras que se produjeron en fechas coincidentes.

“Acevedo y su mujer son punteros macristas. Todo el mundo sabe que participan en maniobras de tomas de tierras o incluso de casas ya construidas que son usurpadas y arrebatadas a sus legítimos propietarios.” Eso ocurrió en mayo de 2009 en el barrio Fátima, cuando grupos de personas manipuladas por punteros políticos tomaron un conjunto de departamentos construidos por el Instituto de Viviendas de la Ciudad (IVC). En esa ocasión se produjeron violentos enfrentamientos, primero entre vecinos. Luego vino una feroz represión policial, a cargo de la comisaría 36ª, que cayó sobre los vecinos que estaban reclamando por sus derechos.

La abogada y militante barrial Natalia Belmont recordó que se trataba de un barrio del Plan Federal de Viviendas que se tenía que haber adjudicado en 2008 y que en mayo de 2005 fue usurpado. “En ese momento, los vecinos señalaron a Abel Acevedo como una de las personas con gran influencia en la elección de los beneficiarios del plan. Muchas viviendas fueron tomadas por personas que no estaban en el listado original. Algunas de las viviendas fueron vendidas por personas inescrupulosas y todo quedó sin investigar a fondo”, sostuvo Belmont.

Agregó que la sospecha que quedó en todos los vecinos es que “la maniobra la hizo gente del IVC en complicidad con algunos punteros del barrio. Lo peor de todo es que los que usurparon esas viviendas hoy siguen viviendo allí y los legítimos adjudicatarios se quedaron sin casa”. Para Belmont y para otros abogados que acompañan a los vecinos de esos barrios, está clara la existencia de “una mafia que opera aprovechándose de la pobreza y lucrando con el negocio de tierras y viviendas. Ellos son los que venden las parcelas, los que venden las viviendas”. Eso es lo que está investigando hoy el juez federal Daniel Rafecas.

Para Alejandro “Pitu” Salvatierra, dirigente de la Villa 15, el problema central surge de la exclusión. Esto genera, también, el negocio de los alquileres en las villas. “Acá nadie puede entrar en el sistema inmobiliario, ya sea para comprarse una casa o para alquilar. Nadie puede pagar un depósito, el contrato y todo lo que requiere un alquiler ‘legal’.” Por esa razón, alguna gente que vive en la villa “usa la planta baja como vivienda propia, pero arriba de la loza construyen otras piezas de cuatro por tres, les agregan un baño y los ponen en alquiler. Los precios van de 700 a 1000 pesos. Si tenés varias piezas para alquilar, es un negocio importante”.

“En la villa nadie gana más de 1700 pesos mensuales y todos tenemos que caer en el alquiler. Además, el problema habitacional es muy grave porque la población en las villas ha crecido en un 50 por ciento en los últimos años.” A eso hay que sumarle “problemas culturales, porque la mayoría de los chicos son padres jóvenes y tienen que separarse pronto de sus parientes, porque no pueden seguir viviendo en la misma casa. Por eso se produce el abuso, en las tomas, en las ventas truchas y en los alquileres. Por eso los inescrupulosos siempre tienen víctimas a mano”.