El decreto de necesidad y urgencia que permite al Estado designar en las empresas directores de acuerdo con su participación accionaria recogió ayer adhesiones, incluso de buena parte del arco opositor. El Peronismo Federal, el radicalismo y Proyecto Sur sumaron su apoyo, aunque manifestaron algunas salvedades. En particular critican que la medida no haya sido enviada al Congreso para su tratamiento. También señalan la necesidad de que los nuevos directores no sean definidos por el Ejecutivo nacional. Hasta la fecha no existe ninguna propuesta de la oposición sobre ese tema. Muchas de estas voces incluso se opusieron en su momento a la estatización de las AFJP. La posición más dura en el rechazo provino de la Coalición Cívica y del vicepresidente Julio Cobos, quien, en línea con el comunicado de la Unión Industrial, sostuvo que les generará incertidumbre a las empresas. Las coincidencias, con sus matices, radicaron en el hecho de que se trata de un derecho del Estado, y que permitirá un mayor control de los fondos de los jubilados.

Dentro del Congreso, en declaraciones a medios y a través de comunicados de prensa, las opiniones vertidas no tuvieron carácter confrontativo, salvo excepciones. La diputada Fernanda Reyes, de Coalición Cívica, dijo que con esta medida el Gobierno “busca condicionar y tener injerencia sobre las empresas en un año electoral, antes que resguardar los fondos de la Anses”. Cobos también se opuso. “Cuando uno ve que estas cosas no se hicieron antes y se hacen ahora, es cuando por ahí empiezan a generar cierta incertidumbre y expectativas de que uno no sabe a dónde va”, señaló el vicepresidente. Advirtió que la medida puede “no ser bien interpretada y disminuir la capacidad de inversión o de capitalización de las empresas”. “Inclusive perjudicar a la propia Anses: que bajen las acciones ante una injerencia del Estado”, agregó.

El día anterior, las cámaras que representan al establishment empresario hablaron también de incertidumbre. Ayer, el titular de la Asociación Empresaria Argentina, Jaime Campos, insistió en que la mayor presencia del Estado en los directorios “no contribuye a favorecer un ambiente más propicio para las inversiones”. Sin embargo, en el mercado bursátil, donde suele reflejarse el nerviosismo de los inversores, negoció por estos días los acciones de estas firmas con total normalidad.

“Es saludable y apoyamos que el Estado no vendiese las acciones de estas empresas, porque cuando se adquirieron representaban 7 mil millones de pesos y ahora suman 22 mil millones”, señaló el senador radical Gerardo Morales. Luego del traspaso de los activos de las AFJP a la Anses, algunas empresas ofrecieron recomprar esos activos para evitar injerencia del Estado en sus directorios. Morales criticó, no obstante, que no se haya puesto en debate la iniciativa. “Si nos hubiesen traído el proyecto, con un sistema de designación transparente por concurso, lo hubiésemos apoyado”, afirmó. En igual sentido se refirió la diputada socialista Alicia Ciciliani. Por su parte, Gustavo Serebrinsky, diputado radical, consideró que los directores actuales por el Estado actuaron de manera “muy profesional”. “Por eso esperamos que los nuevos mantengan ese perfil”, dijo. En este caso, los planteos, tal como resume el senador Roberto Basualdo (PJ Disidente), apuntan a que “estos directores se elijan en comisión del Congreso”.

El diputado por Proyecto Sur, Claudio Lozano, calificó de “razonable que la Anses defienda con su participación en los directorios de las empresas los fondos previsionales; lo que no es razonable es que la Anses y sus fondos resuelvan los problemas de caja del gobierno nacional”. Los diputados Carlos Heller y Martín Sabbatella, que comparten el espacio Nuevo Encuentro, apoyaron la medida. “Resulta correcta la decisión tomada, dado que no hace más que ejercer los derechos políticos que la propia tenencia accionaria le confiere”, dijo Heller. “Es inaceptable que se le impida tener una participación proporcional a estas tenencias accionarias”, agregó Sabbatella. El senador Miguel Angel Pichetto (FpV) manifestó no entender por qué la medida despierta “tanto revuelo”. Al respecto, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, salió al cruce de las entidades empresarias: “Ya hay representantes del Estado en 22 de las 40 empresas, y viene funcionando bien”. “¿Por qué se quejan? Me devuelven la plata y se terminó mi participación. Devuelven el dinero e inmediatamente nos iremos, porque no tendremos nada que hacer. Esto no es una intervención”, manifestó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.