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El G-20 está integrado por 19 países miembro y la Unión Europea. Se presenta oficialmente como el foro más importante de cooperación en las áreas más relevantes de la agenda económica y financiera internacional. Creado en 1999, está integrado por las potencias centrales (G-7) y los países emergentes más pujantes de los cinco continentes. Por ese motivo Argentina es miembro pleno y España es sólo un país invitado a los encuentros. Argentina ha realizado gestiones para que España pueda ocupar un sillón formal en las reuniones anuales de presidentes. Pese a ese gesto amistoso, no ha tenido éxito por la resistencia de otros integrantes de ese club. Por la decisión de expropiar el 51 por ciento de las acciones de YPF en manos de la española Repsol, ley que reunió el miércoles pasado la contundente aprobación del 87,5 por ciento de los miembros totales del Senado, España empezó ha ejercer presión para excluir a la Argentina del G-20. Esa movida para castigarla por YPF es alentada con ansiedad, sin reprimir deseos, por grupos conservadores que esperan ese desenlace para corroborar la tesis del país paria en el mundo. Por lo pronto, es una muestra del optimismo de la voluntad conservadora la apuesta a que un jugador del banco de suplentes desplace a uno titular, más aún cuando su economía está ingresando a terapia intensiva. La segunda opción que promueven es que Chile, una economía que es la mitad de la argentina, ocupe ese lugar. Además, el Brics considera a la Argentina como un aliado estratégico.

México preside el G-20 durante este año y será sede de la séptima Cumbre que se celebrará en junio en Los Cabos, Baja California Sur. Además de la Unión Europea, los países miembro son Estados Unidos, Alemania, Canadá, Japón, Italia, Reino Unido, Francia y Rusia, Corea del Sur, Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, México, Arabia Saudita, Turquía y Sudáfrica. Este foro surgió como respuesta a las crisis financieras que tuvieron las economías emergentes a fines de la década del ’90 y como reconocimiento de que dichas economías no estaban suficientemente representadas en los organismos multilaterales tradicionales. Adquiere dimensión recién en noviembre de 2008, cuando es relanzado al recuperar la agenda fundacional del grupo sobre la necesidad de prevenir nuevas crisis. En Washington se realiza la primera cumbre de líderes del G-20, con las potencias desesperadas por la crisis que las atravesaba. Desde entonces se convocaron en Londres y en Pittsburgh en 2009, Toronto y Seúl en 2010, y en Cannes en 2011.

El diagnóstico de las dos primeras cumbres fue que existía un problema sistémico y la manera de solucionarlo era a través de la creación de mecanismos de coordinación y de regulación para frenar el descontrol de los mercados financieros globales. Pese a esa declaración, no se instrumentaron medidas para alterar el perturbador funcionamiento de las finanzas globales, privilegiando el G-20, la coyuntura sobre cómo salir de la crisis. Una mirada condescendiente observaría que la situación económica de los países centrales hubiera sido peor sin esa cobertura política global. Por ahora, no han podido salir de una fase recesiva y de estancamiento que ya se extiende por cuatro años, empezando a transcurrir el quinto. Los líderes políticos de esas potencias, con especial pasión los europeos, definieron que su principal estrategia de política económica es la austeridad. Bajo ese dictado declararon un default sociolaboral, con recortes salariales, de derechos jubilatorios y sociales y destrucción de empleos. Por ahora el resultado es el previsto. La crisis se ha agudizado en un conocido círculo vicioso de deterioro económico.

El G-20 se ha probado ineficaz para cambiar ese rumbo y, en realidad, no tendría motivo de alterarlo porque, más allá de formales declaraciones finales, sus principales miembros siguen subordinados a los intereses de las finanzas globales. Resulta tan potente esa hegemonía que, pese a los evidentes costos de la debacle económica, esa estructura de poder continúa siendo el (des)ordenador de la economía global. Ese lugar privilegiado lo mantienen porque el objetivo de los ajustes fiscales es garantizar el pago de la deuda y el salvataje de bancos.

La investigadora Mercedes Botto menciona en Nuevas formas de multilateralismo. El G-20: ¿una oportunidad para América Latina? que “el resultado fue exitoso para estabilizar los mercados y tranquilizar a la opinión pública en el corto plazo; pero quitó el foco de atención sobre el verdadero problema y sobre la solución de la inestabilidad financiera global”. A la vez señala, que los temas en el G-20 volvieron a orientarse hacia “una contraposición de visiones sobre modelos de desa-rrollo entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo, más que apuntar a un mismo objetivo: el avance descontrolado de los mercados”.

Quedaron en meras declaraciones en los documentos finales del G-20 los objetivos de controlar el sistema bancario, limitar el flujo de capitales especulativos, regular a las calificadores de riesgo, combatir los paraísos fiscales, diseñar una nueva arquitectura financiera internacional. Poco y nada se ha avanzado en esas tareas. Por el contrario, el FMI, que dio pruebas de sus fracasos en América latina, ha vuelto a ocupar la centralidad de ese sistema financiero global como gendarme de las recetas de ajuste ortodoxo en los países periféricos europeos. Los avances logrados en materia de coordinación y control financiero internacional fueron escasos y de carácter cosmético.

Si bien el G-20 ha emergido como una nueva forma de multilateralismo, ampliando la participación, la legitimación y la influencia de los países emergentes, mantiene los vicios de organismos internacionales donde las potencias definen la agenda y la acción. De ese modo se fue perdiendo el foco inicial iniciado en 2008, que estaba orientado a la regulación de los mercados globales en un momento de preocupación por el alcance de una crisis financiera de proporciones, con epicentro en Estados Unidos.

En paralelo al G-20, en respuesta a su inacción en la regulación de los mercados financieros y como evidencia de las transformaciones en la economía mundial, ha emergido el Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Esta liga de países va adquiriendo cada vez más relevancia. Es un proceso natural ante el estancamiento de potencias en crisis y crecimiento de economías pujantes. Están exigiendo tener espacios de poder en los organismos internacionales, como en el FMI, reclamo que por ahora no es complacido como querrían.

En 2012, el Brics será responsable del 56 por ciento del crecimiento global, mientras que el G-7 (Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá) será del 9 por ciento. Es una tendencia que se está consolidando desde hace una década, que muestra el inicio de un nuevo orden mundial con una señal para prestar atención: la erosión del dólar como moneda universal, que pasó de representar el 85 por ciento de las reservas internacionales para ubicarse ahora cerca del 60 por ciento. Los miembros del Brics firmaron una declaración conjunta en materia comercial que será presentada durante el próximo encuentro presidencial del G-20, en México. En el documento destacan que la apertura comercial no genera por sí misma crecimiento económico, desarrollo e inclusión social. En cambio, sostienen que para ello son necesarias otras políticas complementarias que preserven las variables macroeconómicas, la inversión en capital humano e infraestructura. Convocan a respetar los espacios de política con que cuentan los países en desarrollo en consistencia con las normas vigentes en la OMC, a los efectos de que los países puedan alcanzar sus legítimos objetivos de crecimiento, desarrollo y estabilidad. Consideran, además, necesaria una mejor y más efectiva regulación del sistema financiero y supervisión del sistema bancario.

Esos países, la nueva liga de potencias económicas, convocaron a la Argentina a copatrocinar esa declaración conjunta que se desplegará en la próxima cumbre del G-20.

La invitación al país para acompañar a los protagonistas del nuevo orden mundial se concretó cuatro días después del anuncio de la expropiación del 51 por ciento de las acciones en manos de Repsol.

Es un reconocimiento notable para ser un país paria en el mundo.

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