Desde Trinidad

La Novena Marcha Indígena partió el viernes de esta ciudad con destino a La Paz para reclamar al presidente Evo Morales que respete los acuerdos firmados seis meses atrás con quienes hicieron la octava marcha. Fundamentalmente, que no se construya una carretera por dentro del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). En los próximos días, el gobierno nacional comenzará una consulta en sus comunidades para obtener el consentimiento de quienes viven allí. Para los caminantes, la ley que regiría ese diálogo (la 222) es inconstitucional y exigen su abrogación para detener la protesta. Pero en el Palacio Quemado están seguros de ya haber hecho lo necesario para desarticular esta movilización.

La novena marcha tendría que haber salido el 25 de abril de Chaparina, localidad rural a más de 200 kilómetros de Trinidad. Allí, el 25 de septiembre de 2011 la Policía Nacional había reprimido con gases y palos a cientos de familias indígenas ahí bloqueadas por campesinos aliados al gobierno de Morales –y los policías también–. Los pobladores de San Borja y Rurrenabaque se levantaron contra las fuerzas del orden para que no metieran a aquellos marchistas –golpeados y atados con cinta de embalar– en aviones de la Fuerza Aérea. Aunque Morales ya pidió perdón por la inolvidable paliza, la Justicia boliviana aún no avanzó en la investigación para identificar a los responsables.

“Estamos aquí por voluntad propia. Nadie nos está pagando, mientras en San Ignacio de Moxos se le ha pagado a los mototaxistas, se les ha dado combustible. No es una mentira, no es una calumnia: vivimos seis meses de represión, de persecución, solamente por decir al gobierno que respete nuestros derechos y la dignidad de nuestros pueblos. Nos costó muchos años la consolidación y la titularización de nuestros territorios”, dijo Bertha Bejarano, del pueblo Mojeño, elegida presidenta de la Comisión de Marcha. Las organizaciones indígenas acusan al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, de haber orquestado el bloqueo de San Ignacio, cosa que el ministro desmintió.

“La consulta según la Ley 222 me dice que van a destruir mi pahuichi, que van a saquear mi casa. Les digo al presidente y a sus ministros y a sus legisladores: ‘préstenme un machete, una picota, un azadón y un combo, yo voy a entrar también a su patio por donde me dé la gana’. Yo también voy a hacer la consulta a mi manera. Y si usted no está presente en su casa, voy a pedirle permiso –si es que tiene hogar– por lo menos al perrito. Y voy a hacer otra puerta por donde a mí me dé la gana. Si usted me encuentra ahí adentro voy a decirle ‘me va a disculpar, es que no debía hacer esto y ahora le voy a preguntar a la fuerza’. Y le diremos a la policía que nos ayude y sea testigo. Así sentimos la amenaza en nuestros territorios”, dijo Adolfo Chávez Beyuma, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob).

El gobierno nacional busca sepultar a la movilización con un manto de indiferencia.

“Somos muy respetuosos de la marcha, de los dirigentes, de los marchistas. Vamos a garantizar esa movilización, tienen derecho a hacerlo. Pero el tema del Tipnis se va a resolver en el Tipnis”, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Entre junio y septiembre, el gobierno realizaría la consulta en comunidades del Tipnis, que definirían la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Para asegurar el resultado, desde hace meses el presidente y varios ministros visitan diariamente este territorio de un millón de hectáreas para llevar regalos a las comunidades. Según la Cidob, el Poder Ejecutivo promovió también la conformación de organizaciones indígenas paralelas y obedientes a Morales. Por ello en esta marcha hay menos participación de organizaciones indígenas y más urbanas.

Ahora, quienes están en la novena marcha acampan en Puerto Varador, a 15 kilómetros de Trinidad, junto al río Mamoré. Allí esperan la llegada de botes con más marchistas del Tipnis. También recibir algunas carpas, entre otras necesidades. Y si fuera posible, que pare de llover en la Amazonía, porque los mosquitos transitan como nubes entre los indígenas, quienes podrían reiniciar el viaje esta tarde o mañana.

En estos días, el gobierno nacional enfrenta conflictos con otros sectores, el más duro con los trabajadores de Salud, que exigen mejores condiciones para trabajar. Por ello, los hospitales no funcionan desde hace un mes. Para aplacar un poco el fervor social, Morales decidió que el feriado del 1º de mayo se extienda por dos días.