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Milton Romani, embajador itinerante de Uruguay en Misión Especial ante Organismos en Drogas y Derechos Humanos, pasó esta semana por Buenos Aires para participar de una conferencia sobre “experiencias de reforma y estrategias de gobierno para la seguridad”, organizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales. Un rato antes de hablar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, explicó a Página/12 los puntos centrales de la política de drogas en Uruguay, donde no se penaliza la tenencia de estupefacientes para uso personal y la gestión de salud se enfoca a la accesibilidad a los tratamientos y a la reinserción social. Romani destacó el debate que se reabrió a partir del proyecto de ley presentado por Aníbal Fernández, quien suele mencionarlo en sus discursos como uno de los impulsores del cambio de paradigma en el tema, y calificó como un avance que en la última Cumbre de la Américas “se haya admitido que puede haber un debate sobre modelos alternativos” a la guerra contra las drogas.

–Uruguay se destaca en la región hace varios años por tener una política de drogas más humana y eficaz. ¿A qué lo atribuye?

–Yo creo que si tenemos ese reconocimiento es porque arrancamos con una legislación que tiene el gran mérito de no penalizar la tenencia para consumo personal. Es un handicap muy grande. Nos pudimos concentrar en los problemas principales, salud por ejemplo, y no en un derecho que está consagrado en nuestra Constitución y protege las conductas privadas que no afectan a terceros. Nosotros asumimos como autoridades en drogas, con el primer gobierno de la izquierda en Uruguay. El gobierno de Tabaré Vázquez se vio enfrentado a una situación social dificilísima. El tema drogas, que nunca había estado en la agenda pública, lo colocó nuestro gobierno, pero bien que se aprovecharon los medios y la derecha y lo asociaron a la seguridad ciudadana, como un tema supuestamente nuevo.

–¿Qué cuestiones abordaron respecto del crimen organizado?

–Uruguay, entre el ’90 y hasta 2002, había sido una plaza financiera totalmente desregulada, donde organizaciones que se dedicaban al tráfico ilegal habían encontrado la posibilidad de lavar dinero. Las famosas sociedades anónimas financieras de inversión quedaron anuladas en las reformas tributarias que impulsó el gobierno de Vázquez porque apuntaban fundamentalmente a destruir una herramienta investigativa. Esos fueron los desafíos normativos que tuvimos. Nosotros, deliberadamente, sabíamos que era perfectible la ley penal, pero privilegiamos la gestión pública en drogas desde un organismo transversal como la Junta Nacional de Drogas, que depende de Presidencia y está integrada por nueve viceministros de áreas como Interior, Educación, Trabajo, Salud, Cultura, Relaciones Exteriores, entre otros. Ese es un gran acierto.

–Al no estar penalizada la tenencia, ¿la relación entre los usuarios y el sistema es más fluida?

–No necesariamente. Para empezar, no tenemos los índices de detención por consumo o por tenencia que tienen otros países, pero en salud hay un fenómeno de discriminación y estigmatización del consumidor que no se da como efecto necesario de la ley. Esto hay que incorporarlo como un desafío político, social y cultural. El sistema de salud todavía tiende a expulsar al usuario problemático de drogas y no sólo a él. Trabajé 30 años en el sistema de salud, el mamao en una emergencia molesta. Lo echan. Y es un intoxicado alcohólico que resulta muy fácil de tratar. Se lo pone de costado para que no absorba el vómito y se llama a la familia para que lo pase a buscar. Si está pasado de rosca, recibe sedantes y se duerme. Las autoridades políticas tienen que dar el ejemplo y enfrentarse a la corporación médica en este punto. Además, el mecanismo expulsivo también está en el mundo laboral, donde hay una tendencia a penalizar y estigmatizar.

–¿Qué otros puntos abordaron?

–Nosotros identificamos el tema alcohol, pasta base y lavado como prioritarios. Y después nos abocamos a la construcción de una red de asistencia en drogas pero no sólo en los centros especializados, que teníamos tres, sino en crear una red de los tres niveles de salud, y también en la reforma de salud incorporamos la obligatoriedad del subsistema privado de dar atención en el tema drogas, bajo la premisa de que un pediatra o un médico de familia también tienen que incorporarlo. Hay una tendencia a pensar que la droga es una cosa tan rara, que la tienen que atender los drogólogos o los superespecialistas. Después, lo que termina pasando es que ante la ausencia del Estado, se termina tercerizando la atención en organismos no gubernamentales que curran al Estado.

–¿Qué tipo de avances hubo en torno del consumo de paco o pasta base?

–Como todas las drogas, la pasta o el paco no vienen solos, vienen de la mano de un conjunto de problemas que tienen que ver con tres, cuatro o cinco generaciones excluidas socialmente y también de pobrezas e indigencias, aunque no son sólo los factores económicos. Más bien es una sociedad fracturada, donde hay una segmentación del mercado que ha encontrado una mercancía que circula, con o sin controles o con controles tan rígidos que no permiten una adecuada fiscalización. Y además surgen novedades, como en cualquier mercado, que están segmentadas para una población determinada. La pasta base surgió, a mi entender, por un efecto de control de precursores químicos, lo que demuestra que la ultrafiscalización no siempre da resultados.

–¿Cuándo comenzó a ocurrir eso?

–En el ‘98 se empezó controlar y los grandes laboratorios que estaban impedidos de conseguir grandes cantidades comenzaron a territorializarse o a crear pequeñas cocinas para fabricar. Es una hipótesis y me parece razonable. Hubo un pasaje del gran cartel o supermercado a pequeños supermercados o almacenes o grupos de tareas que se juntan para determinada actividad y después se desligan.

–¿Cómo se acerca el sistema de salud al usuario de pasta base?

–Estamos intentando todavía construir lo que llamamos una terapia de base comunitaria y una gestión local en materia de drogas, que combine todos los recursos para, ahí sí, desde una perspectiva de reducción de daños, no la conocida como sustitución de sustancias, sino por la admisibilidad de algunos dispositivos intermedios, aquellos lugares a nivel comunitario donde se brinde una oferta de servicios a la población vulnerable, que no necesariamente tiene que ser de tratamiento, sino que puede ser de reinserción laboral, lo que nos obliga a conocer y acercarnos de otra manera al consumidor.

–Sin estigmatizarlo.

–Y sin decirle: “Andá a la policlínica”, porque el tipo tiene una cantidad de dificultades.

–Además de la determinación de no querer ir.

–De todas maneras, en Uruguay hubo y hay una fuerte tendencia a la internación compulsiva y a los mecanismos represivos. Es decir, hoy en día, la sociedad uruguaya y el sistema político navegan entre medidas menos intolerantes, más cercanas a la reducción de daños, pero también con la tentación de clasificar a la pasta base como un veneno, para aumentar las penas desproporcionadamente, y no como una droga.

–En Uruguay hay un proyecto de ley que contempla ocho plantas hembras y menciona los clubes de cultivo como forma alternativa de control.

–Todo proyecto que sea innovador para regular de otra manera el mercado es bienvenido, pero a condición de que sea una buena palanca para un debate ciudadano. Estoy convencido de que para hacer reformas en política de drogas hay que hacer alianzas y lazos sociales. Uruguay es un país muy liberal pero también con una capacidad brutal de resistencia al cambio en algunos temas. No va a ser fácil. Soy más afín a los clubes de cultivo cannábicos, desde la mirada del Estado para regular y fiscalizar, que al autocultivo, aunque es debatible.

–En Argentina, se acaba de presentar otro proyecto de despenalización, el del senador Aníbal Fernández.

–Si hay despenalización de la tenencia para uso personal es un avance. Hay tres temas importantes en política de drogas. Las reformas legales son uno. Otro es la gestión pública y el prestigio que se haga al consolidar el derecho a la salud y a la buena administración de Justicia; no todo depende de las reformas. Gestión pública transparente, confiable, y tercero: alianzas a nivel regional e internacional que nos permitan afrontar algunos fenómenos que están sobredeterminados por las convenciones internacionales y el régimen de fiscalización actual. Yo creo que hay que mirar con un optimismo mesurado lo que pasó en la última Cumbre de la Américas. Es una buena noticia. Que se admita que puede haber un debate sobre modelos alternativos, que se dará en la OEA un debate democrático sobre este tema es muy importante. El sistema prohibicionista lleva implícito, como una columna vertebral, el concepto moralista de que esto no se discute, que es el bien y el mal, si estás con nosotros “sos el bien” y si presentás cualquier duda sos el representante del diablo en la Tierra y hay que quemarte en la hoguera pública. En cambio, que se diga que puede y debe haber un debate democrático es un avance importante, sale de la lógica de la guerra.

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