La Noche del Apagón en el departamento de Ledesma, provincia de Jujuy, ocurrida el 27 de julio de 1976, es un caso emblemático de la represión en la Argentina durante la dictadura, que ha sido analizado en el juicio a los ex comandantes, en 1985, luego de figurar en el informe final de la Conadep, que le dio carácter institucional a una denuncia original de la filial Jujuy de las Madres de Plaza de Mayo. Esa noche, en medio de un corte intencional de energía eléctrica, se produjo el secuestro de unas 400 personas en Calilegua y Libertador General San Martín; 55 de ellas permanecen desaparecidas, incluyendo el ex intendente de Ledesma, el médico Luis Aredes, cuya esposa, Olga Aredes, fue el símbolo de la lucha por el esclarecimiento de estos hechos.

El jueves 26 de abril, el Juzgado Federal 2º de Jujuy realizó dos allanamientos en la empresa Ledesma, en el marco de la investigación que recién ahora se realiza a fondo, sobre los delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia durante la dictadura militar. La relación entre la empresa Ledesma y el operativo represivo es algo que ha sido denunciado desde antes de 1983, en el exterior y en la Argentina.

Desde siempre se señaló, citando testimonios de la época, que se trató de un operativo del que participaron policías, gendarmes, militares, personal jerárquico y de seguridad de la firma Ledesma. Incluso se precisó que en los allanamientos masivos participaron móviles de las fuerzas de seguridad y camionetas de la empresa.

Hay información que indica que muchos de los detenidos fueron alojados, en un primer momento, en los galpones de la empresa, cuyo presidente del directorio era, en aquellos tiempos, Carlos Pedro Blaquier. En febrero de este año, Página/12 publicó una elogiosa carta dirigida por Blaquier al entonces ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, a quien llamaba en el encabezamiento “Querido Joe”. En la causa por violaciones a los derechos humanos en Jujuy, el fiscal Domingo Batule pidió que se lo cite a indagatoria a Blaquier.

A comienzos de abril, el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos, por medio de un amicus cuariae, aportó elementos de derecho internacional para juzgar a los responsables de la desaparición de 55 personas que vivían o trabajaban en la zona de influencia del ingenio Ledesma. Entre los imputados están Alberto Lemos y Mario Paz, administrador de Ledesma y jefe de personal, respectivamente, en ese julio de 1976.