La relación entre el sector eléctrico y el Gobierno volvió a tensionarse en los últimos días con la intimación que el ente regulador de la actividad (ENRE) le envió a la mayor distribuidora, Edenor, reclamándole por el incumplimiento en el pago del total de la factura de Cammesa vencida el 10 de octubre. Edenor, como otras distribuidoras antes, anunció para esa fecha que iba a cancelar sólo el 50 por ciento del costo del fluido eléctrico que recibe de la administradora del mercado mayorista (Cammesa). Las demás distribuidoras, como ahora Edenor, recibieron similares intimaciones por haber restringido el pago de las facturas de Cammesa en distintas proporciones. Edenor, como antes las otras, seguramente seguirá la política de mantener el pago parcial de la electricidad que recibe, “hasta tanto quede resuelto un nuevo esquema” en materia de distribución de costos y nivel de tarifas. Definición que quedó en manos de una comisión que encabeza el viceministro de Economía, Axel Kicillof, pero sin fecha de vencimiento.

La situación de quebranto financiero de prácticamente todas las distribuidoras eléctricas del país (públicas, privadas y cooperativas) es conocida desde hace ya tiempo. Varias de ellas denunciaron quedar desbalanceadas por el congelamiento de tarifas mientras aumentaban sus costos, salvo la energía que reciben de Cammesa. Pero las recomposiciones salariales y el precio de los insumos –algunos importados– le fueron comiendo sus excedentes económicos. A partir de marzo, una a una fueron decidiendo dejar de pagarle el total de la factura a Cammesa, con quitas del 30 al 70 por ciento, trasladándole el problema a la administradora mayorista.

Cuando la ola de incumplimientos alcanzó a Edesur, el ENRE resolvió nombrar un veedor en la empresa entendiendo que podría haber riesgo para la prestación del servicio. Desde entonces (12 de julio), el servicio se garantizó, pero Edesur siguió haciendo pagos parciales de la factura mayorista. El 9 de octubre pasado fue Edenor la que anticipó que dejaba de pagar la mitad de la factura. Esta semana el ENRE la intimó a pagar en el término de una semana y advirtió que, en caso contrario, sería pasible de las sanciones que prevé el contrato de concesión. Fuentes de la empresa confían en que el servicio no será afectado, pero dejan entrever que mantendrán la postura de pagos parciales para el próximo vencimiento de factura: el 10 de noviembre.

“No vamos a cortar el suministro, no vamos a interrumpir las inversiones en marcha ni los trabajos de mantenimiento; el servicio de distribución se seguirá prestando en las mejores condiciones que hoy son posibles. Pero, como se manifestó en la nota del 9 de octubre, se pagarán los gastos operativos y a proveedores en su totalidad, y con lo que queda, el excedente, se abonará hasta donde se pueda la factura de Cammesa: los cálculos más ajustados indican que la posibilidad de pago alcanza al 50 por ciento”, explicó un allegado a la empresa a este diario.

Las expectativas de las empresas concesionarias ahora están puestas en la respuesta que ofrezca Kicillof, quien en una reunión con todos los actores del sector (generadores, transportistas y distribuidores) anticipó que habrá “un nuevo esquema” para las concesiones. El viejo, el proveniente del modelo con el que se privatizó el sistema, “está muerto”, sentenció el viceministro en aquella reunión de fines de agosto. Pero aseguró que el nuevo esquema les garantizaría la rentabilidad a todas las empresas.

Desde entonces hubo más de un contacto entre los funcionarios y las principales empresas, pero no definiciones puntuales. Las firmas concesionarias esperan que el Gobierno les subsidie los costos, si no les autoriza aumentos de tarifas y, en el caso de las distribuidoras, una suba en el VAD (valor agregado de distribución, su alícuota en la tarifa). En el Gobierno trabajan en distintos modelos que se centran en cómo garantizar las inversiones y expansión del sector. La cuestión de los subsidios es un tema espinoso del cual se busca la forma de salir, más que en extenderlo.

En la transición, queda por resolver las urgencias de corto plazo. Mientras no se decide el esquema final, ya hay varias cooperativas eléctricas que empiezan a circular por un camino de cornisa. La situación de las prestadoras medianas y grandes no es tan grave, pero también sufren desequilibrios financieros que no alcanzan a resolverse con dejar de pagarle la factura a Cammesa. Esta última, a su vez, recibe el traslado del conflicto financiero a través de una cuenta de facturas impagas que algunas estimaciones privadas calculan en unos 900 millones de pesos acumulados.

Desde el frente oficial insisten en que pese a que el conflicto es real, no está en juego la prestación del servicio. Desde el sector privado, al menos en las empresas grandes, acuerdan. Pero unos y otros coinciden en que hay urgencia para resolver los distintos problemas del sector: los desequilibrios financieros y la definición de un esquema de tarifas y servicios que, en los ’90, los adoradores del neoliberalismo describían como “el modelo perfecto”.