Desde Rosario

Los dos jefes máximos del Comando Radioeléctrico de Pérez, en las afueras de Rosario, y el subjefe de la subcomisaría 18 del barrio Cabin 9 terminaron detenidos ayer luego que un subalterno develara un acuerdo espurio para retirar del acta de un procedimiento el decomiso de un teléfono celular que probaría el vínculo de la fuerza de calle con un grupo delictivo. La sospecha de los investigadores judiciales es que el “comando cubría a un grupo narco, por eso fueron el uno y el dos de la fuerza a tratar de parar el procedimiento, y casi sale porque habían convencido al que estaba al frente de la dependencia”. La otra sospecha es que el paraguas protector no abarcaba a la comisaría del barrio. Allí entró en acción el cabo primero Pedro Cina, que tomó el aparato telefónico y se dirigió a la División Judiciales para asentar la denuncia y develar el entramado de corrupción. A los acusados les imputaron falsificación de documento público, ocultamiento de pruebas, retardo de justicia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Todo comenzó el lunes por la noche, cuando una vecina llamó a la subcomisaría para denunciar que varias personas a bordo de dos vehículos estaban disparando por la zona. Llegó el patrullero de la subcomisaría, detuvo a uno de los autos, mientras el segundo escapó. Al rato, el Comando arribó con el otro auto y otros detenidos.

Según relató el jefe de la Unidad Regional II Walter Miranda, “ya de madrugada llegó entonces el jefe del Comando de Pérez, Juan Carlos Giménez Claverol, y el subjefe Sandóval, que comenzaron a discutir por la redacción del acta y por el teléfono celular que había sido secuestrado. Después llegó el subcomisario Pérez, que es el subjefe de la subcomisaría. Tras la denuncia de un cabo primero mandé a la gente de División Judiciales”.

En las primeras horas de ayer se dio intervención a la jueza de instrucción Mónica Lamperti. La magistrada ordenó detener a nueve efectivos involucrados, que con el correr de las horas fueron recuperando su libertad, a excepción de los tres máximos jefes.

Por decisión del fiscal de la causa, Carlos Cobani, también fueron demorados otros ocho efectivos de la Policía local, ente ellos de la subcomisaría 18ª y de la seccional 22ª.

El secretario de Seguridad Matías Drivet aseguró que el fiscal le informó que “luego de una declaración informativa” resolvió “imputar a tres oficiales de policía y el resto quedó en inmediata libertad”.

En el operativo que originó la denuncia fueron arrestadas cuatro personas mayores y dos menores quedaron demorados. También se secuestró un auto y un arma de fuego, precisaron los informantes.

Una vez que los detenidos fueron trasladados a la subcomisaría 18ª “se sucedieron hechos que podrían calificarse como ocultamiento de pruebas del caso”, reconoció Drivet. Al respecto, detalló que “no se volcó la tenencia de un celular” de uno de los detenidos.

“Siempre que se hace una detención y una persona puede tener algo que ver con un hecho delictivo, los celulares quedan secuestrados en la comisaría. Si eso no se asienta, se puede sospechar que querían ocultar la información que puede haber hoy en un aparato moderno”, sostuvo el funcionario. El secretario dijo que “hay que verificar concretamente qué imputación quería ser tapada con el ocultamiento de esta prueba, que es más grave que el ocultamiento en sí mismo”, ya que se buscaría favorecer a alguno de los detenidos.

Fuentes de la investigación precisaron que algunos de los detenidos llegaron a la seccional después del procedimiento y explicaron que la jueza Lamperti ordenó sus arrestos a los efectos de “tomarles declaración”.

Por su parte, Drivet explicó que fue puesto al tanto de la causa por el fiscal Cobani. Según dijo el funcionario, también intervienen en el caso la Dirección de Asuntos Internos y la División Judiciales de la Policía de Santa Fe.

–¿Hay sospechas de que el Comando pretendía proteger a una banda narco de Pérez? –preguntó Página/12.

–Eso es una cuestión que manifiesta el cabo primero Cina, por eso se da intervención a la División Judiciales. Y hace referencia a que se intentaba proteger a una persona puntual que estaba demorada en esa comisaría. Esa persona, sin embargo, no cuenta con antecedentes en esta unidad regional –contestó el jefe de la UR II, Walter Miranda.