El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, aseguró que cuando el Senado provincial apruebe la ley de acceso justo al hábitat establecerá a través de su reglamentación que “no se vean afectados ni violados ninguno de los derechos adquiridos ni el derecho a la propiedad”, según se decidió ayer en una reunión interministerial encabezada por el jefe de Gabinete, Alberto Pérez. No se modificará, por lo tanto, ni se vetará parcialmente, el texto que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados con el apoyo de todos los bloques, salvo el de Unión Celeste y Blanco. El jefe de ese partido, Francisco de Narváez, que mantiene con el mandatario una relación pendular, volvió a criticar violentamente la iniciativa que, aseguró, “esconde el avance del Estado sobre la propiedad privada”. El gobierno provincial también decidió modificar la ley de reforma tributaria que se tratará junto al Presupuesto mañana para evitar una superposición con la otra norma en lo que respecta a gravar terrenos baldíos.

La ley de hábitat, en tanto, será tratada por la Cámara alta en noviembre (en La Plata arriesgan un día, el 15) y, de no mediar sorpresas, será aprobada con holgura. El proyecto, presentado por Unidos y Organizados y una serie de organizaciones sociales, sobre una iniciativa que Scioli había presentado en su momento y luego echado atrás, establece distintas pautas para promover la construcción de viviendas sociales, en sintonía con lo propuesto por el plan nacional de créditos hipotecarios Pro.Cre.Ar. El kirchnerismo apuesta a tratar en conjunto esta iniciativa junto a la sesión de tierras fiscales de la provincia para que la Nación las incluya en ese plan y también una ley de vivienda única que prohíba que se embargue o ejecuten las propiedades cuando sean el único techo que tiene un grupo familiar, según explicó ayer el senador Santiago Carreras.

Así, tomaría estatus legal el artículo 51, que establece que los grandes emprendimientos mobiliarios deberán ceder al municipio el equivalente al diez por ciento del terreno utilizado, como “compensación monetaria” a las obras de infraestructura que revaloricen las tierras en cuestión. Según se lee, serán “sujetos obligados al pago de la contribución” los emprendimientos “que ocupen más de cinco mil metros cuadrados”, como clubes de campo, barrios cerrados, cementerios privados y centros comerciales. “La misma reglamentación de la norma, una vez convertida en ley, también aclarará que no existe la obligación de la cesión de tierras, sino una contribución económica al municipio siempre que exista una decisión administrativa del Ejecutivo local que revalorice dichas tierras”, informó ayer la gobernación en un comunicado.

“Que no queden dudas. Nadie va a ser sorprendido porque no tendrá que ceder lo adquirido. Quiero llevar absoluta tranquilidad con la racionalidad con que se va a aplicar eso”, aseguró luego Scioli. Sí se buscará una fórmula para que, a través de la reglamentación, “quede representada la posición del Ejecutivo” en una norma que no fue impulsada desde la Casa de Gobierno. Esa posición no sería otra que “lograr un equilibrio entre la necesidad genuina de una vivienda digna para muchos bonaerenses y la necesidad, también genuina, de mantener los emprendimientos productivos que se desarrollan en torno de las inversiones inmobiliarias y la construcción”, según confiaban a Página/12 ayer en el entorno del gobernador.

El principal crítico del proyecto es De Narváez, que tiene una relación oscilante con Scioli: aspira a sucederlo, pero aún no está seguro si dentro del mismo paraguas político (hipótesis por la que opera hace años José Scioli, hermano del gobernador) o como opositor, como siempre hasta ahora. “Este proyecto esconde el avance del Estado sobre la propiedad privada, que prácticamente resigna a una cuestión meramente circunstancial”, denunció el empresario. “Hay párrafos que esconden el sentido profundo del kirchnerismo –denunció–. Esta es una ley de la autoría de la diputada Sánchez, la esposa de D’Elía. Acá está el meollo de lo que piensa el kirchnerismo respecto de la propiedad privada.”

Por otra parte, el sciolismo ordenó modificar el texto de la ley tributaria que comenzará a tratarse mañana para eliminar el último obstáculo que tiene la ley de hábitat. En la nueva versión no figurará la aplicación de un “coeficiente de actualización de las valuaciones fiscales en el segmento del impuesto inmobiliario baldío”. “Se pretende evitar una desmesurada carga tributaria y contribuir, una vez sancionada la ley, a la creación del fondo fiduciario que financiará la erradicación y urbanización de asentamientos en la provincia”, sostuvo ayer la gobernación, despejando así el camino para que el nuevo marco de utilización de tierras urbanas en la provincia entre en vigencia antes de que termine este año.