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Como sucede desde hace 18 años, Irán volvió a negar que haya tenido responsabilidad en el atentado contra la AMIA. Esta vez lo hizo el vocero de la Cancillería, Ramín Mehmanparast, quien insistió: “Condenamos el terrorismo y rechazamos todas las acusaciones contra nuestros ciudadanos”. Con esa declaración, Irán reitera que se sentó a la mesa de negociaciones para ver si existe alguna posibilidad de que alguno de sus funcionarios responda ante la Justicia argentina, pero que eso no implica admitir culpabilidad. Más bien lo contrario. En la Argentina, la AMIA argumentó que los dichos de Mehmanparast implican “que la negociación terminó”, según señaló el titular de la entidad, Guillermo Borger. La DAIA, por su parte, afirmó que la postura de Irán no es sorpresiva y remarcó que “la justicia no se negocia”.

Desde el punto de vista del gobierno nacional hay dos temas diferentes. El principal –y de por sí muy difícil– sería conseguir que Irán acepte que sus funcionarios se presenten ante el juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Alberto Nisman, quienes están a cargo de la causa del atentado. En este terreno, el canciller Héctor Timerman ha dicho que se van a hacer todos los esfuerzos posibles y ése fue el objetivo de la Presidenta y de Néstor Kirchner con sus denuncias ante las Naciones Unidas. Lo mismo ocurre con la pelea para que Interpol incluya a los funcionarios iraníes en el listado de prófugos con alerta roja. La organización internacional de policía no se expidió sobre el contenido de las acusaciones, sino que convalidó las alertas rojas una vez que certificó que las órdenes de captura se originaron en jueces y fiscales competentes. No era así antes, cuando el magistrado era Juan José Galeano, sometido a juicio político. El segundo aspecto para el Gobierno es la culpabilidad de Irán: ese terreno consideran que es de la Justicia. “Nuestro papel es que se sienten ante el juez y el fiscal”, afirman.

Irán argumenta que nunca fue acusado de ningún acto terrorista del estilo de los de Buenos Aires –contra la embajada de Israel y la AMIA– y que se opone al terrorismo. El juez y el fiscal, sin embargo, sostienen que el ataque fue perpetrado por una organización libanesa pro-iraní, Hezbolá, por orden y con la participación de diplomáticos de Teherán y allegados al agregado cultural, Moshen Rabbani. Borger respaldó ayer nuevamente la investigación que lleva adelante el fiscal Nisman, al que consideró “serio, responsable, objetivo y contundente y que determinó las responsabilidades de Irán, con un modus operandi similar a otros atentados en Europa”.

Como es obvio, Teherán sostiene lo contrario, que no hay ninguna evidencia en su contra y que el expediente se basa en informes de inteligencia de la CIA, la Mossad y la SIDE, con fundamentos solo políticos. Uno de los puntos de partida –según Irán– es que para la Justicia argentina el atentado se planeó en una reunión en la ciudad de Mashhad, con presencia hasta del entonces presidente iraní. Teherán afirma que esa reunión fue pública, con repercusión en la prensa y, por lo tanto, un ámbito que no se condice con la planificación de un atentado.

En cualquier caso, los hechos en sí mismos tendrán que ser analizados en un juicio, si es que finalmente Irán –después de 18 años– acepta dar pasos en esa dirección.