“La historia argentina se resume en la puja entre dos modelos de país: mercantil-portuario contra un productivismo mediterráneo; federales contra unitarios o liberales contra un movimiento nacional y popular. Cuando los grupos económicos no pudieron imponer su modelo de país, entraron de lleno en los crímenes de Estado masivos.” Con estas palabras, el ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni inició su charla en la tercera jornada del ciclo “Poder Económico y Terrorismo de Estado”, organizada por la Comisión por la Reconstrucción de la Memoria de la FCE (UBA). El eje de este encuentro –como los dos primeros– fue poner la lupa sobre los responsables civiles de los crímenes de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura.

Zaffaroni estuvo acompañado por Luis Alen, subsecretario de Derechos humanos, y el economista Abraham Gak, coordinador del Plan Fénix. La apertura estuvo a cargo de Nora Cortiñas, titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y una de las artífices de la Cátedra “Poder Económico y Derechos Humanos”.

El Estado está investigando aproximadamente 604 liquidaciones de compañías –siderúrgicas, textiles, bancos, entre otros sectores–, donde se aplicó una misma metodología: sus dueños fueron obligados a vender o transferir acciones, e incluso llevarlas a la quiebra por presión, bajo tortura. El caso más emblemático podría ser el de Papel Prensa, por los actores involucrados, los diarios Clarín, La Nación y La Razón. Pero no es el único. “Habría que leer el libro Decíamos Ayer, de Blaustein y Zubieta, para ver cómo la prensa contribuyó a crear un clima propicio al golpe. Habría que ver las tapas del diario Clarín de aquella época para ver qué decían en el mismo momento en que Lidia Papaleo de Graiver estaba secuestrada”, sostuvo Alen.

La investigación sobre los responsables o cómplices civiles de los crímenes de lesa humanidad permite entender cómo algunos sectores “operaron” para encubrir aquellos hechos. “En todos los documentos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas no se encuentra la mínima referencia a la ruptura del orden constitucional. Una vez lo invitaron a Harguindeguy y aceptaron su discurso pasivamente. Y cuando hablaron del modelo económico, fue para coincidir con las políticas de Alfredo Martínez de Hoz”, manifestó Gak, quien agregó: “Creo que hoy deben seguir teniendo la misma visión económica de aquellos años”.

La charla se realizó en el salón de actos de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA), que estuvo colmado. Los que asistieron se encontraron con una amplia bandera de la agrupación que representa a las comisiones internas detenidas-desaparecidas de las empresas Ford, Mercedes-Benz y Ledesma, entre otras. “Los militares hablaban de un proceso de reorganización nacional, y es que quisieron reorientar el Estado de acuerdo con sus intereses económicos, concentrando la economía y el poder. Y para eso necesitaron infundir el terror”, manifestó Alen, quien llegó a su cargo en 2003, junto a Eduardo Luis Duhalde.

El concepto de terror o miedo también está emparentado con el rol de los “civiles” durante la dictadura. “¿Cómo hicieron los grupos económicos para imponer su modelo?”, se preguntó Zaffaroni. “Primero tuvieron que encontrar un chivo expiatorio. Lo primero que se necesita para un genocidio es crear miedo. ¿Y cómo se construye ese miedo? –siguió el funcionario de la Corte–. De la misma manera en que se construye la realidad, mediáticamente. A partir de ahí se opera sobre la sociedad, seleccionando datos que indicarían que vivimos en un mundo terrible. La prevención del crimen masivo está en la sociedad. Hay que estar alertas.”

Para cometer crímenes de lesa humanidad con fines económicos, la dictadura cívico-militar utilizó un andamiaje que también involucró al Banco Central y la Comisión Nacional de Valores. “Entre los años 1976 y 1983 existió un entramado cívico-militar del aparato represivo, con un grupo de tareas integrado por la División Bancos de la Policía Federal, que trabajaba en conjunto con los funcionarios del Banco Central y la CNV. El objetivo fue liquidar empresas, bancos y extorsionar empresarios. Para ello se cometieron delitos de lesa humanidad, que en última instancia perseguían un fin económico.” Esta es una de las principales conclusiones de un trabajo de investigación que está llevando adelante la CNV.

En este sentido, también existe un dictamen del fiscal Federico Delgado, quien estableció la vinculación del Banco Central y la CNV en la persecución a empresarios, en su investigación de los casos de Reynaldo Defranco Fantín, del ex Banco Odonne y del grupo Chavanne-Grassi. Mismo vínculo encontró el fiscal Eduardo Taiano en la causa que investiga la liquidación del Banco Latinoamericano, con una participación clave del ex vicepresidente del Central Alejandro Reynal.

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