Después de suspender las órdenes del juez Thomas Griesa para que Argentina pague a los buitres los 1330 millones de dólares que reclaman y despejar así el escenario para un posible default técnico, la Cámara de Apelaciones de Nueva York dispuso un cronograma que atraviesa todo el verano para la presentación de argumentos de Argentina, los buitre y también terceras partes involucradas. El 28 de diciembre Argentina presentará su escrito, donde reiterará y precisará su oferta de reabrir el canje. El 4 de enero lo hará el fondo Gramercy, que participó del canje de 2010 y fue aceptado por la cámara para participar de la apelación como parte no interesada –también se presentó el fondo Fintech, aunque los jueces todavía no se expresaron–. Posiblemente, en esa fecha también se presente el gobierno de Estados Unidos a través de la Reserva Federal y el resto de los intermediarios que, defendiendo sus intereses, refuerzan la posición del país, como el Banco de Nueva York, que es el agente de pagos de la deuda. El 25 de enero es el turno de los demandantes, los fondos buitre encabezados por el fondo NML Capital de Paul Singer. Finalmente, el 27 de febrero todas las partes se encontrarán para una audiencia oral. A partir de esa fecha, los jueces deberán fallar.

El viernes los buitres dieron el primer paso y reclamaron a la Cámara de Apelaciones que enmiende sus decisiones. No insistieron con la fórmula de pago dispuesta por Griesa, que ordenaba al país pagarles el ciento por ciento de sus bonos más los intereses en un pago en efectivo antes del 15 de diciembre, sino que le reclamaron que acortara sus plazos de deliberación para que la apelación se resuelva antes de que Argentina realice sus pagos de vencimientos del mes, que ascienden a 4100 millones de dólares. Ese pedido apunta a que “Argentina no tenga hasta marzo para encontrar la forma de evadir la Justicia de Estados Unidos”, advierten preocupados los abogados buitres. Alternativamente solicitaron a la cámara que le ordenara al país depositar en una cuenta de garantía un bono o un activo por 250 millones de dólares ante “el desafío rutinario de Argentina”.

Los abogados que representan a la Argentina consideran que las mociones tienen “nulas chances” de prosperar. Argumentan que el panel de jueces de la cámara estableció un cronograma que fija plazos hasta el 27 de febrero para que las distintas partes presenten sus argumentos y precisamente rechazó la propuesta de Griesa para que Argentina deposite fondos en una cuenta de garantía. Además, señalan que la decisión del Gobierno de ofrecer como fórmula de pago plausible un tercer canje de deuda en idénticas condiciones a las de 2010 no sólo evidencia la “voluntad” de negociación, sino que erosionó el principal exponente del “trato desigual” que denuncian los buitres.

Es muy probable, explican desde Economía, que la presentación del 28 de diciembre que debe realizar Argentina, incluya además de los argumentos “tradicionales” contra la interpretación buitre de la cláusula pari passu, el escrito del país con precisiones técnicas sobre las condiciones que ofrecería en un nuevo canje de deuda. El proceso de reestructuración implicó una quita cercana al 70 por ciento, la reducción de los intereses y la extensión de los plazos hasta 2038, un esfuerzo que los buitre no están dispuestos a hacer. En total reestructuró sus bonos el 92,4 por ciento del total. El resto supone un valor de 11.200 millones de dólares. Según estimaciones oficiales, de este total el 8,3 por ciento se encuentra en manos de residentes estadounidenses y la mayor parte del resto está en manos de fondos buitre. Algunos cientos de millones también se encuentran en poder de fondos que ya ingresaron al canje pero continuaron adquiriendo deuda en default a la espera de una posible re-reapertura del canje.

El economista de la consultora Econométrica, Ramiro Castiñeira, estimó cómo sería una nueva hipotéticamente exitosa operación de canje bajo las mismas condiciones ofrecidas en 2010. En su informe señala que para los 1330 millones de dólares de deuda en default que están en juego en la causa de Griesa, se canjearían por nuevos bonos por un valor nominal de 446 millones de dólares. Si el mismo ejercicio se extiende para toda la deuda en default, los 11.200 millones de dólares se canjearían por nuevos bonos con un valor de 4200 millones de dólares. Los intereses en 2013 serían 274 millones y el primer vencimiento de capital llegaría en 2017. “Deuda en default por 2,3 por ciento del PIB se reconvertiría en nueva deuda por 0,9 por ciento del producto”, explica entusiasmado el consultor. Si se aplica la “regla” de no reconocer a los que ingresen al canje los pagos pasados del Cupón PIB –ese título sólo se abona si la marcha de la economía supera el 3,26 por ciento en el año–, la oferta a los buitres terminaría siendo 21 por ciento menor a la realizada en 2005. Así, el Gobierno no pagaría 1200 millones de dólares equivalentes a los pagos acumulados de los cupones PIB hasta diciembre de este año.

En términos legales el principal beneficiario de la posible re-reapertura del canje fue el Gobierno, ya que el “guiño” a la cámara le permitió frenar las peligrosas condiciones dispuestas por Griesa y despejó cualquier posibilidad de “default técnico”, como advertían las calificadoras de riesgo. Económicamente, la decisión de los jueces de segunda instancia representó un alivio para todos aquellos que tienen títulos públicos y habían visto desplomarse el precio de sus acreencias. Los bonos finalizaron la rueda del jueves –el día después de la decisión de la cámara– con alzas de hasta 20 por ciento, mientras que los cupones atados a la marcha de la economía alcanzaron a 30 por ciento en la emisión en dólares y bajo legislación extranjera. El volumen de operaciones cuadruplicó el promedio de días atrás. En el mercado muchos recuperaron el sueño y otros más aventurados –y con más espaldas– hasta festejaron, ya que pudieron hacerse de una interesante diferencia al comprar los títulos a precios muy bajos, a la espera de la buena noticia que finalmente llegó. Otro grupo que está interesado en la reapertura son los fondos que litigan contra el país pero no buscan embargos, algunos de los cuales tienen parte de la deuda reestructurada y adquirieron más deuda en default después de 2010. De vez en cuando, el equipo de Economía recibe consultas de esos fondos sobre la posibilidad de un nuevo canje. Para evitar que sólo se beneficien esos grupos, la hipotética re-reapertura del canje incluiría una cláusula exigiendo que ingresen todos los tenedores de bonos en default. Quienes, por el momento, perdieron fueron los buitre, que no sólo presionan contra Argentina en la Justicia, sino que apostaban a cobrar una jugosa suma con un posible default técnico del país. Eso se debe a que los instrumentos financieros llamados Credit Default Swaps (CDS) que gatillan su pago ante una cesación de pago perdieron más del 20 por ciento de su valor, tanto en la cobertura de uno como de diez años.