Desde Nueva York

Después de la audiencia en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, el escenario de la contienda con los fondos buitre luce complicado. El Gobierno lo reconoce en su evaluación de los hechos. Sin embargo, asegura que la situación no es muy distinta de lo que esperaba y destaca que aún queda mucho por andar antes de que se vea el final de esta historia. Restan por transitar tres instancias en las que se buscará revertir dos pronunciamientos judiciales en Estados Unidos en contra de la Argentina y a favor de los fondos especulativos NML, de Paul Singer, y Aureliuos. Ellas son el fallo que tiene que dar la Cámara de Apelaciones sobre cómo se les paga a los buitres –es el próximo paso, que algunos estiman que se producirá en abril–, una eventual revisión del fondo de la cuestión en un plenario de esa misma Cámara –si los buitres tienen derecho o no a cobrar según la cláusula de pari passu– y la presentación de un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Estados Unidos. Para cada uno de esos capítulos el Ministerio de Economía tiene preparada una estrategia, que empezó a desplegar anteayer en esta ciudad. Si todo falla, la presencia del vicepresidente Amado Boudou y del ministro Hernán Lorenzino dejó claro que la Casa Rosada está dispuesta a jugar fuerte, incluso desconociendo una sentencia que obligue a pagarles a los buitres.

El primer paso

El Gobierno consideró un hecho positivo que hayan podido exponer en la audiencia de anteayer dos actores financieros internacionales en línea con la postura argentina. El Banco de Nueva York, que actúa como agente de pago de los títulos de deuda, y los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010, que detentan el 93 por ciento de los bonos defaulteados en 2001. Fue la primera vez que se los escuchó en un tribunal. “Prácticamente monopolizamos la palabra”, valoró el ministro Lorenzino. Los acreedores que participaron de la reestructuración de la deuda dieron vuelta el argumento del tratamiento igualitario que utilizan los buitres para exigir que no se afecten futuros pagos del país en la cancelación de vencimientos.

“No tomen una decisión que vaya en desmedro de los acreedores que hicimos el sacrificio de soportar una quita importante de capital y que permitió estar hoy donde estamos. Hoy la Argentina puede pagar porque en 2005 y en 2010 nosotros hicimos un sacrificio. En cambio, los que están del otro lado (por los buitres) sólo se dedicaron a comprar bonos por monedas”, reclamó David Boies, abogado del Exchange Bondholders Group, ante los tres jueces de la Cámara de Apelaciones. “Nosotros estamos cobrando con quita y a plazo, y los demandantes (buitres) quieren cobrar todo de una vez y en efectivo. Eso no tiene nada de igualitario”, insistió.

A pesar de esos argumentos, hasta ahora la Cámara de Apelaciones les dio la razón a los fondos buitre en que están siendo discriminados, porque hace más de once años que no cobran nada de la Argentina. El Gobierno responde que los buitres no cobraron nada porque se negaron a participar de los canjes de deuda, y aseguró que está dispuesto a abrir una tercera vez esa posibilidad para resolver la cuestión. La Cámara debe resolver si esa es una opción o la rechaza, como ha ocurrido hasta ahora.

Segundo paso

Los abogados de la Argentina pusieron el acento en los efectos que tendría una eventual sentencia de Cámara que avale embargos de pagos realizados por el país a sus acreedores internacionales. Eso mismo fue lo que dispuso el año pasado el juez de primera instancia Thomas Griesa y que la Cámara suspendió concediendo un amparo. Pero ahora tendrá que resolver el fondo de esa cuestión. Si se aceptaran los embargos, la situación del país sería muy complicada, porque quedaría empujado a un default técnico. Pero más que eso, lo que enfatizaron los abogados de Argentina y también los del Banco de Nueva York y de los bonistas que entraron a los canjes fue que estos dos últimos actores se verían arrastrados por la decisión.

La estrategia oficial apunta a que la Cámara dicte un fallo que evite los embargos y garantice que el Banco de Nueva York pueda ejercer su tarea de intermediario de los pagos sin inconvenientes y que los bonistas con títulos activos cobren sin problemas. Si así fuera, entonces una sentencia en favor de los buitres podría ser ignorada por la Argentina –al menos hasta que se resuelva la apelación ante la Suprema Corte– sin demasiado impacto.

En esta línea, los abogados de Argentina celebraron anteayer que una de las juezas del tribunal, Rosemary Pooler, le advirtiera al abogado de NML, Ted Olson, que existen versiones de que los buitres están buscando forzar un default técnico de la Argentina para cobrar los seguros de default que vienen comprando en el mercado. Es decir, habló de una estrategia a dos puntas: cobrar de la Argentina lo más que se pueda a través de una sentencia, y cubrirse de un eventual incumplimiento del país con los seguros de default. En conclusión, ganarían de un modo o de otro. Lorenzino y Boudou se codearon en el asiento cuando escucharon que Pooler levantaba uno de los puntos de la defensa de Argentina. Pooler es una jueza que fue nombrada por Bill Clinton y a quien los abogados del Gobierno le ponen una ficha para que pueda influir en un fallo más conveniente para el país. Del otro lado se encuentra Reena Raggi, que fue muy dura con Argentina en la audiencia, y llegó al cargo de la mano de George Bush hijo. La clave está en ganarse al tercer integrante del tribunal, Barrington Parker. Hacia él están dirigidas las explicaciones de los daños que ocasionaría al sistema de pagos internacional que se dañe al Banco de Nueva York.

Tercer paso

Más allá de tratar de impactar en Parker, el último punto también está pensado para las instancias siguientes: la realización de un plenario de los 13 jueces de la Cámara de Apelaciones para revisar el fondo de la cuestión, aquella que consideró que los buitres tienen derecho a cobrar porque están siendo discriminados según la cláusula de pari passu. Aún no está claro si se realizará o no ese plenario que la Argentina viene pidiendo. Algunos especialistas en derecho internacional advierten que no es usual que ocurra, pero reconocen que el caso de Argentina es extraordinario.

Si el plenario –o encuentro en banc, como se denomina técnicamente– se produjera, el Gobierno machacaría en que permitir los embargos pondría en duda 80 años de confiabilidad del Banco de Nueva York como agente de pagos. “El BONY tiene un deber con los tenedores de bonos, no con Argentina. Su obligación es garantizar que el dinero les llegue a los bonistas”, explicó uno de esos especialistas a este diario. Una sentencia que avale los embargos, entonces, generaría un efecto sistémico sobre el sistema de pagos a nivel mundial.

“Queremos demostrar que habilitar los embargos sería echar mano a dinero de unos bonistas (los que entraron al canje) para dárselo a otros (los buitres). Eso va en contra de la propiedad privada, que los Estados Unidos defiende a rajatabla”, indicó un abogado del gobierno argentino.

Otro argumento que se puso sobre la mesa pensando en la audiencia en banc y en la eventual posterior intervención de la Suprema Corte –si ésta acepta intervenir en el caso– fue que un fallo que acepte los embargos vulneraría la inmunidad soberana de Argentina. Esta idea se defendió contradiciendo uno de los argumentos de los buitres: que la Argentina hoy puede pagar sin problemas los 1350 millones de dólares que le demanda NML y Aureliuos. La cuenta no es ésa, aseguran, sino una que pondría al país en situación de bancarrota, afectando su inmunidad.

Para el Gobierno, la cuenta que hay que hacer si se avala a los buitres es la siguiente: hay otros 6500 millones de dólares en poder de inversores que no entraron a los canjes de 2005 y 2010. Algunos de ellos son fondos buitres y otros no. Con el antecedente de un fallo favorable a NML y Aurelius, esos acreedores podrían reclamar pagos por 12.000 millones de dólares. Y el número definitivo trepa a alrededor de 43.000 millones de dólares a partir de juicios que podrían encarar los bonistas que entraron al canje apelando también a la cláusula de pari passu –en igual condición–, ya que ellos podrían considerarse discriminados porque están cobrando con una fuerte quita de capital y a plazo, mientras que los buitres reciben todo sin quita y de inmediato. 43.000 millones de dólares es más de lo que tiene el Banco Central de reservas en este momento.

Frente a ese escenario, la respuesta política del Gobierno es que no acatará el fallo. Patear el tablero de esa manera abriría la puerta a un debate internacional sobre los derechos de los países frente a sus acreedores. La pelea pasaría a otro plano, en el que Argentina buscaría el apoyo de la región. Es decir, insisten en el Gobierno, todavía hay que esperar bastante y numerosos hechos antes de que la pulseada con los buitres quede definida.