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Carlos Elbert, ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones, contó que cuando lo nombraron frente a un tribunal en Entre Ríos y llegó a su nuevo despacho, uno de los empleados le preguntó: “¿Conoce la mesa de Pereyra?”. Como dijo que no, se la mostraron. Era una mesa de roble, gruesa, con un agujero en un costado. “Es el agujero que hizo Pereyra, que se la pasaba cosiendo expedientes, siempre en el mismo lugar”, le explicaron. “El trabajo de una vida”, dijo Elbert para ejemplificar la burocracia que reina en el día a día tribunalicio, uno de los vicios de la administración de justicia que el colectivo reunido el miércoles y ayer en la Biblioteca Nacional pretende combatir.

Algunos medios habían anunciado el encuentro de “Justicia legítima” como “un grupo de jueces K que lidera la procuradora” o como “una nueva embestida del Poder Ejecutivo contra la Justicia”. El hecho en sí, la presencia de cientos de jueces, fiscales, defensores oficiales, empleados judiciales, abogados e integrantes de organizaciones de la sociedad civil vinculadas con el Poder Judicial, fue tan representativo de la discusión interna que desactivó aquella intención maniquea. Quien acote este fenómeno a una disputa entre el Gobierno y “la Justicia” se perderá lo más importante. Hay mucha gente que no quiere pasarse la vida cosiendo expedientes para dejar su marca en una mesa de roble de un juzgado; quiere reflexionar sobre qué significa hacer justicia, cómo se hace, para qué, para quiénes.

Es innegable que la convocatoria de “Justicia legítima” nació en el contexto del conflicto por la aplicación de la ley de medios. Pero no surgió para defender al Gobierno, sino más bien como una reacción al comportamiento de algunos jueces que intervenían en ese expediente o, más específicamente, a la defensa que la Asociación de Magistrados y la Comisión de Independencia Judicial de la Corte Suprema hicieron de esos jueces. Por eso, en los firmantes de las solicitadas de Justicia legítima hubo críticas puntuales hacia los magistrados que pretenden hacer pasar como una “defensa de la independencia” la defensa de determinados intereses. Y hay enojo con la Corte. Pero, para que el estado de ebullición que se vio en la Biblioteca se plasme en hechos concretos, el fenómeno debe exceder esa convocatoria. En estos días se percibió heterogeneidad en los debates, aunque hay acuerdos en grandes líneas directrices, que se plasmaron ayer en los títulos de los talleres: la democratización y la participación ciudadana, los alcances del concepto de la independencia, la transparencia y rendición de cuentas y las formas de ingreso en el Poder Judicial.

Respecto del pago por parte de los funcionarios judiciales del Impuesto a las Ganancias, hay mayoría de voces que opina que la medida en sí no hace al cambio de sistema, pero también hay muchas que señalan que es una forma de terminar con un privilegio injustificable. Otro tópico que se escuchó durante los dos días del encuentro fue la preocupación por la respuesta frente a los sectores más vulnerables. “El 90 por ciento de las personas que juzgamos son pobres”, señaló un juez criminal de Mendoza, que dijo tener más simpatía por muchos de los que tiene que juzgar que por sus colegas.

No está clara la forma en que estas preocupaciones y propuestas pueden terminar en políticas públicas. En todo caso, el colectivo Justicia legítima no podrá hacerlo solo. El martes, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, destacó que si bien el tribunal había impulsado grandes cambios, no tenía facultades para realizar otros. Ambas cosas son ciertas. El Poder Ejecutivo y el Legislativo tienen trabajo al respecto. Ni hablar del Consejo de la Magistratura. Pero también es verdad que la Corte todavía tiene margen para tomar medidas que implicarían interesantes reformas hacia el interior del Poder Judicial. Una es el pago de Ganancias. Como está dicho, no sería una revolución en la administración de justicia, pero constituiría un gesto que igualaría, en ese punto, a los magistrados con el resto de los ciudadanos. Lorenzetti ya dijo que él, a título personal, está de acuerdo. Está claro que en la Corte no hay consenso. La otra es el sistema de ingreso. El tribunal podría haber dispuesto el fin de la discrecionalidad para formar parte de la “familia” y haber impuesto un sistema de concursos para todos los escalafones. El juez Raúl Zaffaroni lo apoya, lo anticipó en este diario.

Lorenzetti señaló que “a algunos les llama la atención” su “posición de equilibrio, les parece ambigua”. Y explicó: “Si uno está en la lucha debe inclinarse por una de las verdades, pero si tiene que solucionar el conflicto debe tener la sabiduría de encontrar una posición equilibrada, sustentable en el tiempo”. En muchos casos la Corte ha encontrado, en su política de acercar a las partes con audiencias, un buen recurso para solucionar conflictos. Pero si hay un reclamo por “democratizar el Poder Judicial”, la Corte es parte. Si hay un sector de magistrados que busca mantener los privilegios, los viajes pagos, la distancia con los usuarios débiles del sistema y la cercanía con los poderosos y otro que quiere modificar todas esas cosas, el “máximo tribunal” no puede estar por encima, ni al costado. Porque eso sería también tomar partido.