“Es la reforma más profunda de los últimos cuarenta años en el país, que le otorga al Estado las herramientas necesarias para sostener la capacidad de supervisión de todo el sistema financiero”, señaló ayer el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli. Luego de que el Directorio de la CNV aprobara la reglamentación de la ley de mercado de capitales, el funcionario ofreció una entrevista a Página/12 en la que analiza los alcances de la nueva regulación. El funcionario reconoció que se afectan intereses de grupos concentrados, lo que explica las críticas a la implementación de la ley como la que esbozó la Asociación Empresaria Argentina (AEA). También destacó la posibilidad de acercar nuevas herramientas de ahorro a los pequeños inversores, que redundará en un mercado bursátil más negociado.

–Algunas cámaras patronales, como AEA, advierten que la ley desestimula la operatoria bursátil.

–Esta crítica responde a intereses de empresas que componen la cámara –la encabeza Clarín– y que son limitados a partir de esta ley. Sólo me remitiré a decir que cada vez hay más empresas, entre pequeñas y medianas, que operan en el mercado.

–La resistencia pasa por el artículo 20.

–Es una atribución que el Congreso le da al Gobierno para proteger a los inversores de serias irregularidades. Ese artículo estaba ya reglamentado por decreto. Ya había un montón de facultades que teníamos. Lo distinto es la posibilidad de un veedor con poder de veto y de intervenir temporalmente la empresa en caso de irregularidades. Pero la Comisión no va a usar arbitrariamente sus nuevas atribuciones. Además puede apelarse y la prueba es Clarín, que suspendió el artículo a través de una cautelar, que ya apelamos.

–También se amplió la participación de la CNV en reuniones de Directorio.

–En las asambleas participábamos ya en todas con la ley anterior. En los directorios era más debatido. Si había un conflicto, un inversor público o privado lo pedía. Ahora eso está regulado.

–¿La decisión de gravar la compraventa de valores negociables que no coticen en Bolsa no atenta contra el espíritu de la ley?

–Por el contrario, además de ser un avance en gravar la renta financiera como medida de obtención de recursos sobre los sectores más contributivos, genera un enorme estímulo al mercado de capitales. El beneficio para el inversor de un valor negociable que cotiza –porque no paga el gravamen–, estimula a las empresas a que abran su capital a oferta pública para obtener financiamiento. La Presidenta entendió que hay que dar un estímulo a las empresas para que hagan oferta pública.

–¿El acuerdo entre el Mercado de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires no busca sacar ventaja de las plazas del interior?

–La sociedad que creó el MerVal y la Bolsa, y presentaron ante la CNV y la Inspección General de Justicia para su autorización, deberá primero adecuarse a los límites de la ley. Ningún inversor puede tener más de 20 por ciento y la Bolsa hoy detenta el 50 por ciento. Deberá ajustar su participación. Una posibilidad es que lleven la diferencia a oferta pública o que se reparta entre los trabajadores de la entidad. También pueden hacer alianzas con otras Bolsas del interior.

–¿Qué cambia para el público?

–Los mercados tendrán su propia discusión, pero establecimos un marco que es la interconexión y libro único de órdenes, que en la práctica va a implicar un único mercado, que tomará el mejor precio de compra y de venta para las personas que quieran operar. Habrá una comisión con todos los mercados donde se unificarán criterios, horarios y márgenes de garantía. entre otras cosas.

–¿Se van a fijar límites a las comisiones?

–La Caja de Valores, que integran el MerVal y la Bolsa, tiene que presentar a la Comisión un informe de costos, para delinear un mejor servicio y más información, con el objetivo de facilitar a los usuarios el acceso. Los precios van a ser de libre disponibilidad y los valores los vamos a definir sobre ese informe.

–También se crearán nuevos instrumentos, ¿sobre cuáles están trabajando?

–Se trabaja sobre la inversión en la economía real, en temas como infraestructura, sector inmobiliario, agro, industria y servicios. Estamos pensando en trabajar en una serie de fideicomisos para financiar cadenas productivas, como el trabajo que llevamos a cabo con el Ministerio de Agricultura por la industria láctea.

–¿Siguen los trabajos con las universidades por el tema de las calificadoras de riesgo?

–Ahora está el marco. Con Economía mantenemos un grupo de trabajo con las universidades de Buenos Aires (UBA), Tres de Febrero, Avellaneda, San Martín, Chaco, Mendoza y Moreno, entre otras, para generar una capacidad interna y delimitar las características que tienen que tener esas unidades separadas dentro de las universidades. Estarán limitadas sólo a calificar.

–¿Cuál es la ventaja para las empresas?

–La competitividad que piden las empresas también hay que trabajarla microeconómicamente. No se puede basar sólo en el tipo de cambio. Esa visión ya está agotada. Me parece que obtener financiamiento es mejor para la competitividad y permite desde el punto de vista económico avanzar desde el crecimiento al desarrollo, con financiamiento desde las pymes.