El Juzgado Federal de Río Cuarto emitió un fallo en el cual le ordenó al gobierno cordobés poner en funcionamiento la antena de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en esa ciudad. El gobernador José Manuel de la Sota había prohibido la instalación de las antenas de TDT bajo la excusa del cuidado del medio ambiente, a pesar de que en los mismos lugares donde se instalarían dichas antenas había otras del Grupo Clarín que nunca fueron objetadas. En febrero de 2013, la Defensoría del Público entregó al gobierno cordobés un estudio sobre el impacto de las TDT que “desmintió la teoría de la contaminación”. Frente a estos fallos adversos, la Secretaría de Ambiente, y la empresa EPEC, en cuyo predio estaba instalada la antena, dejaron sin efecto las medidas tomadas y habilitaron el uso de su espacio para la TDT, tal cual había sido acordado desde un primer momento.