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La economista del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del Conicet, Florencia Medici, explica que “la tercerización y contratación de mano de obra no registrada es un fenómeno generalizado para reducir el costo de producción, disciplinar a la fuerza de trabajo y transferir los riesgos a terceros, sobre todo en las empresas más débiles de la cadena de valor”. Desde esa visión, la informalidad excede a un problema de bajas remuneraciones y desprotección. Representa una extendida y arraigada práctica empresaria en el modo de acumulación vigente.

En Argentina, entre 2003 y 2013, se quebró la trayectoria ascendente de la informalidad y precariedad laboral abierta a partir de 1976. En ese período, los niveles de empleo no registrado retrocedieron de 49,2 a 33,5 por ciento. La mejora es significativa y existen pocas experiencias comparables a escala global. El alcance de la informalidad (medido como la ausencia de aportes a la seguridad social) es bajo en la comparación regional, pero se mantiene elevado en términos históricos.

En la actualidad persisten sectores de alta informalidad como el empleo doméstico, el variopinto sector de cuentapropistas, el trabajo agrario, el empleo asalariado en los pequeños establecimientos de la construcción y el comercio. Esas actividades concentran el 70 por ciento de la informalidad. También existen elevados niveles de informalidad en todos los niveles del sector público. Constituyen un límite para cualquier proceso de desarrollo.

El Gobierno no ignora que, luego de diez años de crecimiento sostenido, la informalidad se mantiene elevada. Por eso creó más instrumentos para atacar lo que considera el núcleo duro del heterogéneo fenómeno. La fuerte creación de puestos de trabajo registrados junto con la restitución de derechos laborales entre 2003 y 2008 explicaron gran parte de las mejoras en la materia. Sindicalistas, economistas y legisladores sostienen que la recuperación de un mayor dinamismo en el mercado laboral es condición necesaria para profundizar las mejoras. No obstante, la ampliación de las atribuciones de fiscalización y capacidad de sanción del Estado nacional contemplada en el Plan Integral de Combate al Trabajo No Registrado permitirá avanzar sobre bolsones de informalidad que hasta ahora no fueron abordados por las provincias. El Ministerio de Trabajo estima que las nuevas herramientas permitirán regularizar a alrededor de 650 mil asalariados no registrados en un plazo de dos años. Si se alcanzan esos objetivos, la informalidad habrá descendido, a finales de 2015, al 28 por ciento.