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El Gobierno anunció la profundización del combate contra el trabajo en negro. El nuevo plan incluye entre sus puntos principales el aumento de las inspecciones y medidas destinadas a incentivar a los empleadores a registrar a sus trabajadores. El programa propone la acción conjunta entre el Ministerio de Trabajo, la AFIP y las administraciones provinciales. Su objetivo para lo que resta de 2003 es registrar 500 mil trabajadores de los casi 2,5 millones que hoy se encuentran en situación irregular. En la mira de Trabajo estarán las empresas medianas entre 10 y 50 trabajadores, las que, excluyendo las microempresas, poseen el mayor número de empleo negro.
El Ministerio de Trabajo anunció que se ocupará de una de las tareas inherentes a su existencia, la lucha contra el trabajo informal. Aunque resulte paradójico, el objetivo tiene su razón de ser luego del cambio de la cultura empresarial de la década del 90, período en el que rompiendo la tradición de décadas anteriores, la Argentina se puso a tono con las corrientes continentales. De acuerdo con cifras de la OIT, alrededor del 80 por ciento de los nuevos empleos creados en América latina corresponden a trabajo no registrado. Si bien no alcanzan la dimensión del promedio continental, en la Argentina los datos no dejan de ser graves: el 41,7 por ciento de los trabajadores ocupados del sector privado está en negro. Un porcentaje que representa más de 2,43 millones de trabajadores.
En términos económicos esto significa menores ingresos para el sector público por alrededor de 6000 millones de pesos anuales. Pero el problema está lejos de ser sólo de caja. La no registración supone también una elevada precarización laboral que repercute en el desfinanciamiento de la seguridad social. Para los empleadores del 58,3 por ciento restante de los trabajadores privado supone también una situación de competencia desleal.
En este contexto, el plan anunciado por el titular de la cartera laboral, Carlos Tomada, se propone como primer paso “generar una concientización de los actores sociales”, empleados y empleadores, sobre las ventajas del trabajo registrado. Una tarea que será reforzada por el aumento de las inspecciones en los lugares de trabajo. Los agentes pasarán de poco más de un centenar a 400. Las empresas inspeccionadas figurarán en la página web del Ministerio, así como la lista de las firmas que sean sancionadas.
La secretaria de Trabajo, Noemí Rial, destacó que en los casos en que se detecten faltas las empresas serán intimadas a regularizar su situación. En esos casos, cuando se trate de “ausencia del alta temprana y falta de registración”, si el empleador se presenta a pagar dentro de los cinco días de intimado “obtendrá una rebaja del 50 por ciento de la multa, es decir que tendrá que pagar, en vez de la multa vigente del 400 por ciento de lo adeudado, una del 200 por ciento”.
Contra los argumentos empresarios que sostienen que perseguir el trabajo en negro atenta indirectamente contra la creación de empleo, el ministro Tomada sostuvo que “a nosotros nos preocupa tanto la cantidad como la calidad del empleo. Lo que tienen que hacer los empleadores es registrar a sus trabajadores, lo contrario es admitir el trabajo esclavo”.
Por su parte, Rial rechazó que los problemas de registración respondan a situaciones comprometidas de costos empresarios. “Desde el 2001 el costo del trabajo en proporción con el valor final del producto ha bajado de manera impresionante. Hoy está en el 25,1 por ciento. Si ese trabajo estuviese registrado, el costo sería del 25,9 por ciento. Esto significa que no hay diferencia. En algún momento puede haber existido el argumento del mayor costo, hoy no”, explicó la secretaria.
“Lo que ha desaparecido en la Argentina es el rol del Estado. El trabajo en negro responde a tres razones fundamentales. En algunos sectores semimarginales hay un tema de supervivencia. Otro es un tema de falta de información y dificultad en la registración. Y por último existe la simple y sencilla maximización de la tasa de ganancia. Este último será el lugar donde vamos trabajar”, reseñó Tomada. “Junto con la AFIP estamos tratandode recobrar este rol inspectivo del Ministerio de Trabajo. En la medida que se haga esta tarea inspectiva sumada a la de inteligencia fiscal, y a medida que se sienta la presión de que es más barato tener empleados en blanco se conseguirá cerrar el circuito”, agregó el ministro.
Sobre las tareas de inteligencia fiscal, Rial explicó que se cruzarán bases de datos de distintos organismos. Como ejemplo señaló “el cruce entre los números de la Superintendencia de Trabajo con los de la Anses”, lo que permitiría detectar diferencias en la cantidad de trabajadores declarados en ambas reparticiones.
Entre las medidas que acompañarán el nuevo Plan de Regularización, los funcionarios destacaron la posibilidad de que los “actores sociales” realicen denuncias al Ministerio de Trabajo, incluso anónimas, sobre las situaciones irregulares. Esta posibilidad ya existe en la página web del Ministerio. Además se informó que, en breve, se habilitará una línea gratuita para recibir reclamos de todo el país. En el Ministerio esperan repetir “la buena experiencia” vivida con el pago de la suma fija no remunerativa.
En cuanto a los objetivos que se propone el Plan, Tomada afirmó que “nos gustaría impactar fuerte en el sector de las empresas entre 10 y 50 trabajadores y tener antes de fin de año una reducción del 20 por ciento en la falta de registración”, cifra que equivale a 1200 millones más de recaudación anual.