Prácticamente no hubo hipótesis que se descartara de antemano. Pagar por afuera de la jurisdicción de Nueva York, asumiendo el costo del default técnico. O pagar en Nueva York y que fuera el juez quien corriera con el costo de restarle recursos a los bonistas. Hacer un depósito al contado en el juzgado de Griesa, como garantía de pago a los fondos buitre, esperando a cambio el mantenimiento del stay o garantía de “no embargo” sobre los pagos a los bonistas. Hubo decenas de consultas y especulaciones. Hasta hubo evaluación de algún nuevo ofrecimiento de “intermediación”. Fue una semana intensa en gestiones y estudio de alternativas. Muchos participaron, pero muy pocos compartieron con la Presidenta la decisión sobre el camino a adoptar. Finalmente, habrá esta semana una gestión de alto nivel ante el juez Griesa buscando abrir la puerta a una negociación, que otorgue un período aunque fuera corto (60 o 90 días) para poder seguir cumpliendo con los bonistas mientras se busca un acuerdo con los holdouts. La respuesta debería ser inmediata, para que Argentina esté en condiciones de girar los fondos a mediados de la semana próxima para que se paguen el lunes 30. Si la respuesta se demora, Argentina postergaría el pago del día 30. No es un buen antecedente, pero no significa default técnico. Si Griesa, en cambio, se muestra cerrado a cualquier concesión, estará condenando a Argentina al default. La lógica indica que un acuerdo es el mejor negocio para todos. Lo imprevisible es medir a qué juega Griesa y los intereses que él representa.

Tras el discurso de Cristina Fernández en Rosario, el viernes al mediodía, los mercados de Nueva York reaccionaron con una generalizada suba de los papeles representativos de activos argentinos, del orden del 10 al 15 por ciento, mientras los mercados de Buenos Aires permanecían cerrados por el feriado. Si bien la lectura “binaria” de los operadores de Bolsa no puede ser tomada como un indicador certero (“todo es un desastre” o “todo es una fiesta”, suele ser el argumento de las bajas o las subas, correspondientemente), lo cierto es que, en general, los analistas económicos de Wall Street vienen observando que el conflicto entre los fondos buitre y la Argentina se encamina hacia algún grado de solución, ahora más cerca del interés de los primeros que de la última. Así lo expresan en Buenos Aires quienes están en contacto a diario con ellos. Sin embargo, auguran que el gobierno argentino tiene por delante una dura y prolongada negociación.

“Va a tomar un tiempo, no es sencillo por las características del conflicto”, sugiere uno de los funcionarios cercanos al tema y que más confía en una resolución favorable. Claro que esa salida a favor se encuentra muy ligada a la actitud que asuma el juez Thomas Griesa, ya que en su ámbito debería plantearse la negociación entre ambas partes. Desde el propio gobierno admiten que si bien hasta ahora no ha habido un solo gesto favorable hacia Argentina, el cuadro de situación actual indica que el país debe reconocer que existe un compromiso de pago a los fondos buitre, y éstos a su vez reconocer que ese pago no puede ser por el total y al contado, porque esa acción se traduce en la obligación de un pago inmediato a todos los holdouts (acreedores que no entraron al canje) del orden de los 12 a 15 mil millones de dólares, dependiendo de cuántos se presenten, además de disparar otros reclamos de los bonistas del canje (que se explican más adelante). “Ellos saben que no lo podemos pagar, sería llevarnos directamente al default”, afirma el mismo funcionario. Por ello, confían en que sean los propios fondos buitre los que conduzcan a Griesa a abrir la negociación ante una oferta concreta de Argentina.

De esta oferta serán portadores los que representen al país en los tribunales de Nueva York seguramente la semana entrante. “No hay mucho tiempo, porque la intención es poder pagar a los bonistas el lunes 30 en Nueva York sin riesgo de embargo; ello supone restablecer algún compromiso de no ejecución de esos fondos no más allá de mediados de semana, de modo de dar tiempo de ordenar la liquidación de los pagos de vencimiento miércoles o jueves, 48 horas hábiles antes del pago. Si se prolonga, Argentina va a postergar el pago, lo cual no implica entrar en default porque eso se evalúa 30 días después del vencimiento original, pero no es un buen antecedente”, explicó el funcionario consultado.

El contenido de la propuesta inicial se supone que está en elaboración en estas horas. En cambio, sí se conoce su propósito: lograr que sea recibida como un inicio de negociación para inducir al juez Griesa a dejar sin efecto la amenaza de embargo. “Es muy difícil pensar en un acuerdo con los fondos buitre durante la semana próxima, así que hay que llegar al 30 al menos con la negociación abierta; es el mensaje que envió la Presidenta con su discurso del viernes, en línea con la instrucción que dará a quienes viajen a ver a Griesa: Argentina quiere cumplir con el 100 por ciento de los acreedores, pero necesitamos que el juez nos deje.”

La alternativa inicialmente prevista de cambiar la sede de pago a los bonistas (Nueva York), mediante un canje de títulos que reconozca otra jurisdicción, prácticamente quedó descartada. Hay serias dificultades técnicas para ejecutarlo: las autoridades de Nueva York que deberían intervenir para desactivar los bonos (Caja de Valores, el propio banco N.Y. Mellon) están siendo asediados por el juez Griesa y podrían ser acusados de ser co-responsables de un “desacato” si prestan su participación. Para algunos de los fondos de inversión tenedores de títulos, además, surgen restricciones de orden contractual para aceptar el cambio de jurisdicción. Todo eso convierte en poco aconsejable una solución que podría ser útil para unos, pero no para todos los que conforman el “club del 92,4” que entró al canje.

Las expectativas en el seno del gobierno con respecto a la posibilidad de abrir una negociación son favorables. Creen que la Argentina está demostrando, y lo ratificará esta semana, su voluntad de pago. Que así lo entienden los mercados que reaccionaron a la suba en Wall Street, y así lo harán pesar los distintos sectores financieros que tengan llegada sobre el juez Griesa, para hacerle ver que trabar la negociación provocará que no cobre nadie, ni bonistas, ni holdouts.

En cambio, la posibilidad de llegar a un acuerdo conveniente para Argentina se presenta como un camino más arduo. La preocupación principal es que el eventual acuerdo con los holdouts (lo que se le reconozca a los buitres deberá ser trasladado a todos los que no entraron en el canje, por el 7,6 por ciento de la deuda en default) no convierta en “judiciable” el resto de la deuda. Aquí entra a jugar la interpretación de la denominada cláusula RUFO (rights uppon future offers, derechos sobre ofertas futuras) en favor de los bonistas, por la cual toda mejora “voluntaria” en las condiciones de pago a cualquier acreedor de bonos en default, le da derecho a igual tratamiento. Pero esta cláusula tiene fecha de vencimiento: 31 de diciembre de este año. Argentina deberá encontrar la fórmula de negociación, o de pago, que satisfaga a los fondos buitre pero sin convertir en inabarcable el compromiso que genere con el resto. Tarea nada sencilla.

De allí que se piense que el acuerdo va a ser complicado. La cifra reclamada por los buitres no es grande, 1330 millones de dólares, pero su pago al contado dispararía un reclamo de pago en iguales condiciones por una deuda de unos 100 mil millones de dólares, a valores de hoy. Por eso la fórmula que se lleve ante el juez Griesa probablemente insista en quitas, bonos y, también, algún pago al contado, al menos por el equivalente a lo ya cobrado por los adherentes al canje. “Hay vocación de negociar, pero no de llegar al suicidio”, repiten en los pasillos oficiales, de un lado y de otro de Hipólito Yrigoyen al 200 (Casa Rosada y Ministerio de Economía).