Desde Lima

Una vez más, las acusaciones por corrupción persiguen al ex presidente Alan García. Dos veces presidente de la República, entre 1985-1990 y 2006-2011, su trayectoria política se vincula íntimamente con sucesivos escándalos de corrupción. Escapó de ser juzgado por enriquecimiento ilícito luego de su primer gobierno porque los cargos en su contra prescribieron mientras él se refugiaba en un cómodo autoexilio en París y Bogotá. Su segundo gobierno también estuvo marcado por denuncias de corrupción. El Congreso aprobó esta semana por amplia mayoría una acusación por corrupción en su contra, que podría terminar en su inhabilitación política y en su procesamiento penal.

La acusación contra García es por haber usado indebidamente el derecho presidencial de otorgar indultos y conmutar penas a reos sentenciados, para liberar a más de cinco mil presos, la mayoría de ellos acusados por narcotráfico, en lo que se conoce como el caso de los narcoindultos. Fueron más de 3200 los condenados por tráfico de drogas que salieron libres indultados o con penas conmutadas por el entonces presidente García. De ellos, más de 450 habían sido sentenciados por narcotráfico agravado.

Una comisión investigadora del Congreso ha concluido que hubo infracciones constitucionales y corrupción en esas liberaciones. Se señala que se violó el artículo de la Constitución que obliga al Estado a luchar contra el narcotráfico y que los indultos y conmutaciones de penas se otorgaron a cambio del pago de fuertes sumas de dinero. El congresista oficialista Sergio Tejada, presidente de la comisión investigadora, sustentó la acusación contra el ex presidente García y otros funcionarios de su gobierno. Junto con García han sido acusados sus ministros de Justicia Aurelio Pastor y Rosario Fernández. Luego de más de diez horas de debate, una mayoría de 53 parlamentarios apoyó la acusación contra el ex presidente, solamente siete congresistas –cuatro de ellos del partido de García– votaron en contra de la acusación, y otros siete se abstuvieron. El informe de la comisión investigadora aprobado por el Congreso indica que García debe ser acusado constitucionalmente y que se le debe abrir proceso penal. El pleno del Congreso deberá aprobar en una nueva votación la acusación constitucional, previo informe de una segunda comisión. Si esta acusación procede, García podría ser inhabilitado políticamente hasta por diez años, lo que lo dejaría fuera de las elecciones presidenciales de 2016. El Congreso ha enviado a la Fiscalía los resultados de su investigación para que ésta inicie el procedimiento penal. Este no es el único caso que complica el futuro del ex presidente. En el Congreso están pendientes de debatirse y votarse otros informes que acusan a García por otros hechos de corrupción.

Testimonios de presos ante la comisión parlamentaria señalando que las autoridades del gobierno de García ofrecían indultos y conmutaciones de penas a cambio de dinero; cartas enviadas por el ex presidente a los sentenciados por narcotráfico invitándolos a que le soliciten su liberación; la modificación de la ley para favorecer las conmutaciones de penas; la contratación de dos presos por narcotráfico para que trabajen en la Comisión de Gracias Presidenciales tramitando beneficios para otros narcos presos; la adulteración de expedientes son algunas de las pruebas mostradas en el informe que acusa a García por los narcoindultos. El informe parlamentario precisa que en muchos casos García escribió en los mismos expedientes ordenando, sin una justificación, que se aumenten los años conmutados de sentencia a los narcotraficantes.

Alan García y los dirigentes de su partido han intentado justificar la gran cantidad de indultos y conmutaciones de penas diciendo que era parte de una política de despenalización, pero no han podido explicar por qué se privilegió el perdón a los narcotraficantes. Sin responder a los cargos en su contra, se defiende denunciando ser víctima de una supuesta persecución política por parte del gobierno. Así intenta desacreditar la acusación. En un inicio, decía que el gobierno buscaba sacarlo de la carrera presidencial con esta acusación para facilitar la elección de la primera dama, Nadine Heredia, en las elecciones de 2016, lo que denunció como una “reelección conyugal”, pero ahora que ella ha repetido en todos los tonos que no será candidata, García dice que lo acusan en “venganza” por “haber impedido la reelección conyugal”. Así lo escribió en Twitter luego de que el Congreso aprobara la acusación en su contra.

Con el agua al cuello, García se aferra a una cuestionada decisión judicial que en abril de este año, a pedido suyo, dispuso que quede sin efecto la investigación parlamentaria al ex presidente por supuestos errores de procedimiento en el proceso parlamentario. García y su partido pretenden anular la acusación aprobada en el Congreso amparándose en esta decisión judicial. Ya han presentado un pedido en ese sentido al Poder Judicial. Es el último salvavidas que le queda al ex presidente cuya historia está tan estrechamente ligada al poder como a la corrupción.