El Centro de Despachantes de Aduana informó ayer a sus asociados que la AFIP incorporó una nueva disposición al régimen de la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI), vinculando a la Dirección General Impositiva (DGI) para que realice determinados controles sistémicos. El organismo recaudador estableció para este proceso un nuevo código, el BI39, que implicará que las DJAI así calificadas podrán permanecer en análisis hasta diez días corridos, como máximo, contados a partir de su fecha de oficialización, plazo en el cual la AFIP deberá expedirse autorizando u observando la declaración jurada. En caso de que la DJAI haya sido observada por algún organismo competente, los importadores podrán visualizar los motivos del bloqueo accediendo a la web de la AFIP (www.afip.gob.ar), con CUIT y clave fiscal, chequear la descripción del rechazo y concurrir a su dirección regional. Las causas de las observaciones bajo el nuevo código son falta de antigüedad del CUIT en el Impuesto a las Ganancias, inconsistencias en las relaciones crédito fiscal/débito fiscal o ventas/giros al exterior, existencia de deudas exigibles ante AFIP, y giros al exterior sin despachos de importación.

El régimen de DJAI fue introducido por el Gobierno a comienzos de 2012 para desplegar un control adicional sobre las importaciones. Pero a diferencia de los instrumentos hasta allí vigentes, como las Licencias No Automáticas de Importación, los valores criterio y los antidumping, las DJAI aplican sin discriminación sobre todo el abanico de mercancías importadas. Consisten en un pedido anticipado de información para las operaciones de compra al exterior, previo a que se concrete la operación. Si bien siempre estuvieron bajo la órbita de la AFIP, la decisión final acerca de su aprobación o rechazo depende de la Secretaría de Comercio, a cargo de Augusto Costa. En la actualidad, esa dependencia recibe entre ocho y nueve mil solicitudes diarias de importación.

Las DJAI forman parte central de la queja contra la Argentina que presentaron en la Organización Mundial de Comercio (OMC) los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón junto a otros países. Reclaman que la política de administración de comercio del Gobierno afecta la operatoria de las multinacionales con sede en el país.