Las autoridades argentinas volverán a encontrarse este mediodía con el mediador designado, Daniel Pollack. La comitiva arribará hoy a las 10.05 hora argentina a Nueva York y estará integrada por el secretario de Finanzas, Pablo López; de Legal y Técnica, Federico Thea, y la procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona. El encuentro iba a realizarse ayer a las 15, pero debió ser reprogramado porque Argentina requirió más tiempo para analizar la audiencia y consensuar una propuesta. La cita tendrá lugar hoy a las 13 hora argentina en el estudio de Pollack. El país reiterará la necesidad de contar con un paraguas legal o seguro financiero para avanzar en las negociaciones con los buitres y evitar que se gatillen nuevas demandas por hasta 120 mil millones de dólares de parte de los bonistas que ingresaron en los canjes de deuda. También se insistirá en que el juez del distrito de Manhattan, Thomas Griesa, libere las cuentas de los bancos y entes fiduciarios para que los tenedores de bonos reestructurados puedan cobrar los servicios de esos papeles.

Tras la negativa de Griesa de reponer el stay, medida cautelar dirigida a suspender el efecto de su sentencia que obliga al país a pagar 1330 millones de dólares a los buitres, impuso que se agilicen las negociaciones entre las partes con el Special Master (mediador) dispuesto por él. La reunión estaba prevista inicialmente para ayer, pero el abogado, que embolsará una suma de 225 mil dólares por sus servicios de mediación, informó a través de un mail que “no podría realizarse y tendría que ser aplazada debido a que los argentinos dijeron que no podrían llegar a tiempo”. “Hablaré con ambas partes sobre esto hoy (por ayer)”, señala el correo electrónico.

La comitiva argentina embarcó a las 23 en el vuelo AR-1300 de Aerolíneas Argentinas rumbo a Nueva York. Los funcionarios insistirán en ese encuentro con su planteo de cumplir con los pagos dentro de los términos del prospecto firmado con los acreedores que adhirieron al canje de deuda y en las limitaciones que impone la Constitución nacional. “Iremos a escuchar qué es lo que entienden por negociación”, señalaron desde el Palacio de Hacienda en referencia a los fondos buitre, quienes reclaman un espacio de discusión, pero en los últimos días redoblaron los ataques contra el país a través de sus grupos de lobby. También acompañará las mociones de los bancos y cámaras compensadoras, que pretenden que Griesa libere las cuentas. Los abogados de las tres entidades financieras enfatizaron que esos títulos están fuera del alcance de la jurisdicción de Griesa y no deberían ser limitados.

Si bien no abandonarán el pedido para que se restablezca el stay con el objetivo de seguir cumpliendo con el pago de vencimientos, sumarán la iniciativa de establecer un paraguas financiero que cubra al país de las consecuencias de que se gatille la cláusula RUFO. La RUFO (por Rights Upon Future Offers) obliga al país a igualar las condiciones de los bonistas que ingresaron al canje respecto de cualquier mejora voluntaria que realice a los holdouts. Esta situación podría disparar demandas por hasta 120 mil millones de dólares. La idea que llevarán los funcionarios argentinos, y que ya había sido adelantada en la audiencia con Griesa (ver aparte), es que los buitres suscriban un seguro financiero y cubran los riesgos y los costos de una eventual aplicación de la RUFO. Griesa no ofreció respuesta a esta nueva solicitud, según consta en la transcripción taquigráfica.

La Argentina reiterará que el dinero depositado en las cuentas de bancos fiduciarios es propiedad “legítima” de los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010, por lo cual no puede ser bloqueado por Griesa. Esto permitirá a los acreedores acceder a los 539 millones de dólares depositados por el país a fines de junio último. También servirá a la discusión de si el país entra en default técnico en caso de que al 30 de este mes los bonistas sigan sin poder cobrar. “No hay ninguna duda de que la Argentina ha cumplido sus obligaciones y que no se trata de default técnico. Esa responsabilidad le compete al juez Griesa”, sentenció el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.