@El Gobierno despliega una ofensiva política y judicial en respuesta a la encerrona en que colocaron al país los fondos buitre, con anuencia del juez neoyorquino Thomas Griesa. Frente a la

ineficacia del mediador designado por Griesa para encontrar una salida consensuada a la sentencia y el bloqueo que el magistrado impuso al dinero que el Estado depositó oportunamente para el cumplimiento de los vencimientos de junio, el equipo económico adelantó que recurrirá a todas las instancias legales disponibles para lograr que se concreten los cobros. Entre las opciones en estudio se analiza accionar contra el Bank of New York (BoNY) por incumplimiento del contrato del fideicomiso, al no librar los pagos a los bonistas. La Comisión Nacional de Valores (CNV) solicitó a su par estadounidense (Securities and Exchange Commission, SEC) información sobre el cambio de manos de bonos en litigio y de las tenencias de seguros contra default por parte de los buitres. También se avanza en una presentación en los Tribunales en La Haya (ver aparte). La alternativa de un cambio de jurisdicción de la deuda con legislación neoyorquina sería el último recurso en caso de que fracasen otras opciones. El fin último es llegar a fin de año y evitar que se gatille una cláusula que haría caer el canje de deuda.

El fracaso de las negociaciones entre los representantes argentinos y de los fondos buitre ante la ineficiencia –y subjetividad– del special master (mediador), Daniel Pollack, derivó en que se mantengan cautivos los fondos depositados por el país el 26 de junio último en los bancos intermediarios. El juez Griesa habilitó ayer el cobro a todos los tenedores de series en dólares con legislación argentina, frente al pedido del banco JP Morgan Chase para sus clientes en Japón (ver página 5). También lo había hecho en respuesta al Citibank para la emisión en pesos. Sin embargo, todavía se encuentran trabadas las series con legislación estadounidense y europea. Las calificadoras de riesgo y aseguradoras privadas sentenciaron un default selectivo para el país, un mote que el Gobierno rechazó. “El propio mercado está diciendo que no hay default”, sentenció el titular de la CNV, Alejandro Vanoli. Lo que se exhibe con los precios de los bonos y acciones locales, incluso los ADR de empresas argentinas en el exterior, es una tensión lógica frente a la expectativa en torno al desenlace de este litigio, pero no un deterioro notorio de sus valores.

El directorio que define si debe gatillarse el premio del seguro ante la ocurrencia de un default está integrado entre otros por Paul Singer, propietario del fondo NML Capital, que encabeza el reclamo buitre contra el país. Esta posibilidad de estar en los dos lados del mostrador es lo que explica la intransigencia de los buitres a otorgar una medida cautelar (stay) para acordar en enero y evitar que se gatille la denominada cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), que obligaría al país a equiparar al 93 por ciento de los bonistas que ingresó al canje las condiciones que obtengan los holdouts y hacer fracasar la reestructuración de la deuda.

La Comisión de Valores había iniciado una investigación vinculada con la operatoria con títulos públicos argentinos reestructurados, principalmente las series de bonos Discount y PAR, explicó a este diario el titular de la CNV. El objetivo fue verificar si había uso de información privilegiada o manipulación de mercado, tanto por parte de entidades locales como internacionales, incluyendo a personas que puedan estar vinculadas con el juicio en Nueva York entre la Argentina y un grupo de fondos buitre. A esta investigación se sumó la acción del Ministerio de Economía, que planteó en una presentación que habría una posible irregularidad en el uso de unos productos financieros que se llaman Credit Default Swaps (seguros contra default), activos estructurados que fueron uno de los que estuvieron en tela de juicio en la crisis que se originó en Estados Unidos.

El presidente de la CNV confirmó el envío de la presentación formal a la SEC, que tiene el doble carácter de denuncia y pedido de investigación, tanto por el uso de información privilegiada y manipulación de los precios de los bonos en litigio por parte de los buitres, como la presencia de éstos en los directorios de la organización que define una instancia de default. “Es una práctica depredadora que hacen en todos los países. Estamos en presencia de una operatoria global que afecta a los distintos mercados”, señaló Vanoli. El funcionario afirmó que existen pruebas suficientes de que se han configurado maniobras graves por parte del juez Griesa y de los fondos buitre, por lo que deberían ser investigadas a nivel mundial.

Junto a la batalla judicial que el Gobierno mantendrá en distintos frentes, está la intención de sumar apoyos de los tenedores de deuda argentina, países, organismos y entidades financieras en la cruzada contra el accionar de estos fondos especulativos. “Se impone una acción de carácter internacional, que haga que los deudores y los bonistas, que de buena fe aceptaron una reestructuración, no sean rehenes de este gran chantaje internacional que llevan adelante los fondos”, dijo el presidente de la Comisión.