El secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, y el jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, reiteraron que la Argentina podría concurrir al tribunal de La Haya para reclamar contra el fallo de la Justicia estadounidense que benefició a los fondos buitre. “Vamos a ir a todos los escenarios internacionales para denunciar y demostrar cómo esto es una absoluta barbaridad de unos fondos buitre que han expoliado a varios pueblos, en especial de Africa, frente a su debilidad. Hoy se han encontrado con un gobierno, el argentino, que no les admite esto, un gobierno que no se va a dejar avasallar”, afirmó Parrilli.

El funcionario calificó como “irracional, ilógico, que no tiene asentamiento en la realidad, ni político ni jurídico” el fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa que ordenó que había que pagarles a los bonistas que no ingresaron al canje de deuda.

“La Argentina va a recurrir a todas las acciones legales y políticas en los marcos de los organismos internacionales, ya sea el tribunal de La Haya, el G-20, Naciones Unidas”, dijo el secretario general, quien agregó que la decisión de Griesa “es de imposible cumplimiento para la Argentina” y “no resiste el más mínimo análisis, incluso con las leyes vigentes en Estados Unidos”.

“Lo que está logrando el gobierno argentino es dejar al descubierto el manejo de estos fondos, que son la sarna del sistema financiero capitalista mundial, que terminan destruyendo el sistema financiero en beneficio de cuatro o cinco vivos que son los que se llenan de dinero. Es injusto e ilegítimo. Están atrás de los recursos naturales: les importa generar una situación tan grave para que terminemos vendiendo activos para pagar la deuda.”

En la misma línea, Capitanich señaló que Griesa cometió “mala praxis” y que “quedan algunas instancias que deben analizarse, como la intervención de la Corte Internacional de La Haya, y el debate en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas”.

En relación con una posible presentación ante La Haya, Luis Moreno Ocampo, que fue fiscal argentino de la Corte Penal Internacional (CPI) (que no es lo mismo que la Corte Internacional de Justicia –CIJ–, aunque ambas tienen sede en La Haya), opinó que no tenía “ninguna chance” de que el tribunal internacional tomara una eventual demanda de la Argentina porque para que eso ocurriera “Estados Unidos debería aceptar la jurisdicción”, y eso era improbable.

Pero como ya explicó Horacio Verbitsky en este diario, “a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) es posible llegar por dos caminos: un caso contencioso, para lo cual Estados Unidos debería aceptar la competencia de ese tribunal, o una opinión consultiva, que podría ser solicitada por algún órgano de los Naciones Unidas, como la Asamblea General, donde la Argentina tiene asegurada una cómoda mayoría. (...)

La opinión consultiva, que no produce una sentencia obligatoria, puede solicitarse sin el consentimiento de la otra parte. Ignorarla tiene un alto costo para la reputación internacional de un país. Estados Unidos lo hizo en 1988, cuando la CIJ dijo que no podía cerrar la representación de la OLP ante las Naciones Unidas sin pasar por un proceso de arbitraje con la ONU. La Asamblea General, que todos los años emite resoluciones sobre la deuda soberana que coinciden con la posición argentina, podría preguntarle a la CIJ si es consistente con el derecho internacional que un juez de un Estado impida a otro Estado pagar su deuda pública con acreedores que no son parte de aquel proceso judicial”.

En este sentido, la presidenta de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y titular de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, afirmó que presentarse ante la Corte Internacional de La Haya “sería útil para llamar la atención del poder mundial, de los grandes mercados y de los dueños del mundo sobre esta locura, demostrando que (el accionar de los fondos buitre) es perjudicial para todo el sistema económico-financiero internacional”.