El jury contra el fiscal José María Campagnoli no se retomará hoy. Los fiscales Adolfo Villate y Marcelo García Berro plantearon ayer la nulidad de lo actuado respecto del defensor público Leonardo Miño, quien, con su propio voto, se designó como titular del tribunal cuando él era suplente y la Defensoría ya había nominado al nuevo titular, Nicolás Toselli. Los fiscales, por lo tanto, recusaron al propio Miño, así como a los tres integrantes del tribunal que votaron la permanencia de Miño como titular: Juan Octavio Gauna, por la Corte Suprema, y Francisco Panero y Adriana Donato por los abogados. “Es vergonzoso, inaudito, que esos integrantes del tribunal hayan sido cómplices en el alzamiento de Miño contra la defensora general, que había designado un titular”, sostuvieron Villate y García Berro. El trasfondo de la situación son las violentas presiones que hubo contra la jueza María Cristina Martínez Córdoba, las amenazas contra Villate y Daniel Adler, es decir, contra los que objetaban las conductas de Campagnoli.

Como se sabe, el fiscal fue repuesto en su cargo en Saavedra, pero hoy se debía retomar el proceso de enjuiciamiento. Los fiscales Villate y García Berro pidieron la nulidad de las últimas actuaciones que tuvieron que ver con el defensor Miño.

El Tribunal de Enjuiciamiento está compuesto por siete miembros, elegidos por sus estamentos. Por el lado de la Defensoría, la titular era Martínez Córdoba, quien fue hostigada e incluso recibió amenazas en caso de que no votara a favor de Campagnoli. Martínez Córdoba fue la que definió la votación en diciembre, cuando se decidió la suspensión del fiscal. Lo cierto es que las presiones y amenazas llevaron a Martínez Córdoba a pedir licencia y luego a renunciar.

En su momento, Villate y García Berro recusaron a Miño –el suplente de Martínez Córdoba– porque integra la Asociación de Magistrados que emitió dos comunicados a favor de Campagnoli. La recusación fue rechazada en una reunión del Tribunal que ahora objetan los fiscales, porque no estaba integrado por los siete miembros sino por seis y debió tener el voto de quien había sido designado como titular, Nicolás Toselli.

Pero, además, una vez rechazada la recusación, se decidió que Miño continuara como integrante del Tribunal, con el voto del propio Miño, cuando la Defensoría ya había nombrado a Toselli. Los fiscales Villate y García Berro consideraron esto como una irregularidad tan grande que en el escrito presentado ayer recusaron a Miño y también a los tres integrantes del Tribunal que tomaron esa resolución: Gauna, Panero y Donato. Por lo que se sabe, hoy se tratará la recusación, para lo cual deberán votar los suplentes de los tres integrantes del Tribunal.

Todo el proceso parece empantanado, en especial por la furibunda catarata de presiones y ataques. Está denunciado que llamaron a la casa del fiscal Villate en su provincia, Santa Fe, amenazándolo de muerte. El llamado fue atendido por su esposa cuando estaba sola, con el hijo de ambos. Al otro fiscal, García Berro, lo hostigaron de distintas maneras y hasta difundieron su historia clínica por las redes sociales. Otro integrante del tribunal, el fiscal Daniel Adler, sufrió la distribución de panfletos en su contra en el colegio de su hija y en la parroquia de su lugar de residencia, en Mar del Plata. Las presiones sobre Martínez Córdoba fueron igualmente infernales, a través de las redes sociales le advertían que no debía votar contra Campagnoli, cuestionaban su idoneidad y difundían sus supuestos antecedentes académicos. Con semejante panorama no será fácil destrabar el jury.

Campagnoli está siendo juzgado por abuso de autoridad y mal desempeño de sus funciones. Entre otras cosas se le imputa haber instruido un expediente paralelo respecto del empresario Lázaro Báez, cambiando el objeto de la investigación y sabiendo que se instruía en el fuero federal una causa por lavado de dinero. La Cámara del Crimen consideró que sobreactuó y, como ya lo había dicho el propio juez de instrucción porteño, se pasó todo a la Justicia Federal. A esto se agrega un insólito borrador de un dictamen de Campagnoli, sin firma, que apareció presentado por abogados del Grupo Clarín. No se pudo incorporar hasta ahora la acusación por los álbumes ilegales de fotos de vecinos del Barrio Mitre, con los que se inducía a identificaciones en cualquier caso de robo o arrebato, así como el hostigamiento y espionaje respecto de empleados de la otra fiscalía que funciona en Saavedra. Estos hechos son parte de un sumario que se está instruyendo y que no es parte del actual juicio político.