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Una comedia de enredos

Las alternativas de la agenda económica y política mundial de los últimos tiempos, dominada por el capital financiero y el libreto neoliberal, han vuelto a demostrar la innegable interrelación existente entre las distintas dimensiones de la realidad, mostrando claramente que, detrás de la presunta “filosofía” de mercado como eje central de la vida económica, existen actores concretos con diferentes grados de poder para condicionar la evolución de los acontecimientos; en este caso, la Justicia norteamericana.

La política de desendeudamiento emprendida por los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner con los canjes de 2005 y 2010 (que no es una novedad absoluta porque, ante la crisis de 1890, el llamado “Arreglo Romero” de 1893, por el nombre del ministro que lo impulsó, planteaba algo parecido con las distancias de la época y de los eventos que no fueron iguales) disminuyó notablemente el monto de la deuda externa. Esa política permitió que el país pase de un índice de deuda sobre el PIB de 113 por ciento en 2001 a valores menores al 40 por ciento en 2013.

No obstante, el proceso de desendeudamiento se vio empañado por el accionar de los fondos buitre, especialmente el controlado por el magnate estadounidense Paul Singer. Estos fondos, ya acostumbrados a estas maniobras porque las hicieron con Perú en 1994 y luego con otros países, aunque por montos inferiores, compraron deuda argentina defolteada en 2008 e iniciaron una demanda al país en la Justicia norteamericana, exigiendo el pago por el 100 por ciento del valor nominal de los bonos más los intereses impagos.

Gracias a sus contactos políticos, esos fondos tienen la seguridad de ganar, como ya sucedió en casos anteriores. Obtienen así una jugosa diferencia con un procedimiento que en realidad es ilegal porque va contra disposiciones de la ley de Nueva York, donde se inició el pleito, que prohíbe comprar deuda para litigar.

Los hechos son conocidos. Ayudados por el guión de algunos “gurkas” argentinos, como el ex funcionario de organismos internacionales Claudio Loser, los demandantes se vieron beneficiados por un fallo del juez de primera instancia Thomas Griesa, quien debe su nombramiento al otrora presidente republicano Richard Nixon, conocido como “Dick el tramposo”, el de Watergate y los juicios antiamericanos de los años ‘40, de quien habría aprendido algunas de sus habilidades. El juez, para darle un broche de oro a su seguramente próximo retiro del cargo, obligó al país a abonar 1300 millones de dólares, una regia compensación por los 47,8 millones de dólares que esos bonos les costaron a los fondos buitre (aunque para ser sinceros habría que restar las generosas donaciones políticas que efectúan frecuentemente para obtener todo tipo de favores, como bien lo pone en evidencia la serie televisiva House of Cards). Además estableció una interpretación de la cláusula pari passu que les permitió a los buitres reclamar el monto total de los bonos en default. Ese fallo fue confirmado luego por la cámara de segunda instancia y la misma Corte Suprema de los Estados Unidos.

El gobierno argentino abonó una cuota a los que aceptaron el canje como correspondía, pero se rehusó a pagar a los fondos buitre porque, de hacerlo, se vería obligado a afrontar otras demandas del resto de los holdouts, y probablemente de los demás acreedores, lo que alcanzaría cifras siderales. De modo que la deuda se hace de cumplimiento imposible y destruiría las anteriores quitas y la política de desendeudamiento.

Por otra parte, el interés de esos fondos por embargar los activos de Chevron en los yacimientos de YPF en Vaca Muerta demuestra que no se conforman con ese fallo favorable. No son sólo buitres que buscan beneficiarse de la carroña de los bonos basura sino vampiros ávidos de la buena sangre de nuestros recursos naturales. Conocemos la película. Ya en la crisis de 1890 se quisieron embargar los derechos de la Aduana, entonces nuestros principales recursos financieros.

Debemos tener en claro que, en este litigio, la Argentina no sólo está defendiendo sus intereses nacionales, ya que el posible resultado de tan extenuante situación puede ser el de condicionar futuras reestructuraciones de deudas de otros países que entren en default.

Colofón: el guión imperial

El litigio terminó, por el momento, en una suerte de comedia de equívocos. El 30 de julio vencía el plazo de gracia fijado por el juez Griesa para el pago de la Argentina a los fondos buitre, a lo que nuestro gobierno se negó por las razones que hemos mencionado.

En cambio pagó puntualmente a los bonistas del canje. Un pago que correspondía y que arbitrariamente Griesa rechazó, pero la Argentina no aceptó su devolución, por lo que el monto del pago quedó varado en un banco norteamericano y esos bonistas lo reclaman, claro que no al gobierno de Buenos Aires, que ya no lo tiene, sino al mismo Griesa (quien tuvo que liberar los que corresponden a otras plazas fuera de Nueva York).

A su vez, como ha ocurrido otras veces en la historia local, varios medios y “gurkas” locales, muchos de ellos responsables del endeudamiento de los ‘90, dicen que entramos nuevamente en default. Pero entra en default aquel que no cumple con los compromisos asumidos, y la Argentina cumplió (también con su arreglo con el Club de París, lo que muestra su voluntad de pago).

El que provocó esta situación inédita es el inefable Griesa, y de lo que en verdad estamos hablando no es de un default “técnico” argentino sino del “default” Griesa, por la acción irresponsable de un juez (y de la Corte Suprema de su país al haberlo avalado) que dictaminó a favor de la piratería financiera y no quiso reconocer un pago legítimo del que tendrá que hacerse cargo. La Justicia norteamericana no es ciega: mira por el ojo sano del pirata. Es el “secreto de sus ojos” imperiales. Se trata, sobre todo, de darnos una lección. El sistema financiero internacional vive de los intereses de sus deudores, no está interesado en ningún tipo de desendeudamiento. Este capitalismo “realmente existente” no es el utópico de la libertad de mercado sino un sistema depredador protegido legalmente, cuyo objetivo es el de mantener a los países más pobres o en desarrollo, y ahora incluso a algunos desarrollados, bajo el mecanismo de la deuda eterna y de las políticas de ajuste.

Con no otorgar el stay o la prórroga que pedía la Argentina para llegar a enero, ya vencida la cláusula RUFO, establecida en los canjes, que determinaba la igualación del trato a los bonistas que entraron en él con un posible pago mayor a los holdouts, queda demostrado que el director de esta comedia de enredos, el “dios” de Wall Street, quiso apresurar el final para perjudicar a la Argentina. Pero nuestro gobierno no se prestó a seguir un guión impuesto, en el que volvemos a ser víctimas y dominados. Por eso, la jurisdicción de nuestros bonos, presentes y futuros, debe volver al lugar de origen de éstos. Ya lo dijeron hace más de un siglo nuestros eminentes juristas Drago y Calvo, que sostenían la jurisdicción nacional para los litigios que involucraban inversiones externas y el rechazo a toda compulsión para el cobro de las deudas.

* Profesor emérito de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.