Los funcionarios del Ministerio de Economía que participaron de las reuniones con Daniel Pollack, el ejecutador de la sentencia impuesto por el juez neoyorquino Thomas Griesa, afirman que los fondos buitre no consideraron en ningún momento la posibilidad de “negociar”. Para cumplir con el extravagante y defectuoso fallo convalidado por la Corte Suprema de Estados Unidos, Argentina requiere encontrar una solución que no viole las condiciones contractuales pactadas con el 92,4 por ciento de los acreedores y que sea sustentable. “Nunca fue una negociación, era una ficción. No iban a descontar un solo dólar. La única posibilidad contemplada en esa mesa era pagar la sentencia de 1600 millones de dólares, algo imposible para el país”, explicaron a Página/12 desde el Palacio de Hacienda. El rechazo sistemático de los buitres a encontrar una solución “justa, equitativa y legal” no es infundado. La sentencia y las órdenes del magistrado de Nueva York les otorgaron a los demandantes un inédito poder sobre la deuda externa argentina y los precios de los bonos al que, por ahora, no están dispuestos a ceder. El “fracaso de la ficción negociadora”, remarcó un colaborador del ministro Axel Kicillof, no acercaba a los fondos buitre a ejecutar su sentencia pero les garantiza millonarias ganancias a través de los “seguros contra default” en su poder.

Aunque cuestiona al sistema judicial estadounidense por acompañar pasivamente el fallo de Griesa, el Gobierno afirma que sigue abierta la posibilidad de alcanzar una solución con los demandantes, siempre y cuando permita clausurar definitivamente el exitoso proceso de reestructuración de la deuda externa. “Argentina está dispuesta a pagarles a los buitres, pero no a cualquier costo”, reiteran los funcionarios de Economía ante cada consulta. Desde la visión del Gobierno es necesario negociar un mecanismo de pago que no viole las condiciones acordadas en la reestructuración, contemple al 7,6 por ciento de los propietarios de bonos que no participaron del canje –el fallo de Griesa sólo favorece a una pequeña porción de ese total que todavía no ingresó–, y que el acuerdo sea financieramente sustentable para el país. “No es un caprichito nuestro”, enfatizó un colaborador de Kicillof al rechazar el reclamo de “negociar con los buitres y pagarles” que persiste entre “especialistas” y políticos opositores.

Los desembolsos potenciales que serían necesarios para cancelar las demandas de la totalidad de los inversores especulativos si se paga de acuerdo con esta sentencia de Griesa ascienden a 15.000 millones de dólares (la mitad de las reservas del Banco Central). “Incluso si dejamos de lado por un momento las limitaciones legales que tenemos como la cláusula RUFO, que vence a fin de año, nosotros les dijimos al juez, al mediador y a los buitres que queremos negociar con todos los holdouts. No podemos discutir con el primero de la fila que ni siquiera está dispuesto a realizar una quita sobre su sentencia. Pero eso tampoco importa, porque incluso si llegamos a acordar con una quita la semana siguiente aparece otro demandante y Griesa vuelve a bloquear los pagos de la deuda hasta que no se le pague lo que pretende”, advertía el colaborador del ministro de Economía. “Los buitres beneficiados por Griesa reconocen que la sentencia es sólo una pequeña parte de las demandas que ellos llevan adelante. Entonces, no será un jubilado italiano el que venga a reclamarme, sino que aparecerán los mismos y cuando se les cante. Esa película puede durar cinco años y con extorsiones mayores y punitorios que se le suman”, sostuvo la fuente del Palacio de Hacienda.

Dentro de la olla a presión que se convirtió la disputa legal, económica y diplomática, la estrategia argentina busca impulsar al resto de los actores afectados –intermediarios y fondos de inversión con títulos en su poder– a involucrarse. El proyecto de ley de Pago Soberano de la Deuda Externa constituye una nueva convocatoria para que los acreedores reclamen activamente el cobro de sus títulos y aíslen a los demandantes. Esa estrategia hasta ahora no arrojó resultados concretos, pero ya comenzaron a presionar a la Cámara de Apelaciones desde el Citibank y los Tenedores de Bonos Europeos. La entidad financiera reclama una autorización a pagar los vencimientos de los bonos en dólares regidos por la ley argentina. Mientras que el poderoso banco ya fue citado para el 18 de septiembre a una audiencia, los grupos de bonistas europeos que también iniciaron acciones en Europa todavía aguardan una respuesta de la segunda instancia neoyorquina para que exprese si Griesa puede bloquear los pagos de los títulos en euros regidos por la legislación inglesa.

Una apuesta segura

“No sólo no quisieron negociar un acuerdo sustentable –económica y legal– para el pago como accedió el 92,4 por ciento de los acreedores, sino que si no lográbamos ese acuerdo imposible se forzaba un ‘evento de incumplimiento’ y ellos sumaban a la sentencia más plata por los seguros que adquirieron”, enfatizan desde Economía al analizar la estrategia buitre.

Confirmada la imposibilidad para que los acreedores reciban el pago de los vencimientos depositado por Argentina, la Asociación Internacional de Canjes y Derivados (ISDA, por sus siglas en inglés) declaró que se produjo un “evento de default”. Con la consagración de ese escenario por parte de la entidad privada internacional que vela por el funcionamiento de derivados financieros, los vendedores privados de contratos de seguro (Credit Default Swap, o CDS) deberán pagar el ciento por ciento del valor de los bonos asegurados a quien compró el contrato. Existen dos mecanismos para ejecutar los pagos:

1) Recibiendo los bonos que estaban en manos del asegurado, contra pago del ciento por ciento del valor nominal de esos papeles. Esta modalidad implica que quien compró el seguro, tiene bonos de Argentina en su cartera. Sin embargo, es práctica común que quienes compran CDS no tengan los bonos sobre los que se aseguran, ya que compran el seguro sólo a fines de especulación (y no de cobertura).

2) Pagando en efectivo al asegurado una diferencia entre el ciento por ciento del valor nominal y un “precio de mercado del bono”.

Al momento de definir cuál es ese “precio de mercado”, ISDA realiza lo que denomina una “subasta” entre sus miembros (bancos, aseguradoras, hedge funds y fondos buitres), consultando a qué precio operarían en el mercado los bonos del país que registró el “evento de default”. Para eso, ISDA debe publicar una lista con los bonos que van a ser tenidos en cuenta. Cuanto menor sea el precio resultante en la subasta, mayor será la diferencia entre el “precio de mercado” y el ciento por ciento del valor nominal, por lo tanto, más plata recibirá la parte que compró el CDS. Por ejemplo, si el valor nominal del bono es 100 dólares, y la subasta marca un “precio de mercado” de 40 dólares, el asegurador debe pagar 60 dólares al asegurado. Cuanto menor sea el precio de mercado, mayor el “recupero” del asegurado.

Desde que dictaminó el “default” de la deuda argentina, el ISDA postergó tres veces la reunión para definir la fecha en la que se pagarán los seguros contra default de la Argentina. Las vacilaciones al interior del organismo en el caso argentino contrastan con la celeridad para hacer efectivo el pago de coberturas contra default con la moratoria de Grecia en 2012. Luego de decidir que el país europeo se encontraba en una situación de incumplimiento, los miembros del ISDA se demoraron sólo diez días en gatillar los desembolsos.

La definición para el caso de los seguros por los bonos emitidos por Argentina será recién el 3 de septiembre. Originalmente, ISDA publicó 11 bonos canjeables en su listado, entre los cuales no se incluyeron las 4 series denominadas en yenes. Los títulos públicos denominados en moneda japonesa tienen los menores precios, por lo que al no incluirlos en la lista, el “precio de mercado” sería más alto en beneficio de quienes vendieron los seguros. Finalmente, la semana pasada ISDA sumó esos bonos favoreciendo a quienes compraron seguros.

Desde el equipo económico enfatizan que, en el caso de un Estado, “los CDS no son una cobertura contra la mora en el pago de los bonos; es un extraño juego de descubrir que puede ser entregado y manipular la información del mercado para el lado más conveniente”. Aun cuando el fondo NML Elliott Capital, de Paul Singer, que también es directivo de ISDA, negó públicamente haber comprado CDS, es muy factible que algunos de sus fondos hayan adquirido esos contratos. “Si eso fuera así, claramente, Elliott tiene fuertes incentivos a deprimir los precios de mercado de los bonos argentinos. Eso se puede hacer, por ejemplo, difundiendo rumores negativos sobre el juicio o las negociaciones de forma de que la subasta de ISDA deje un precio de mercado muy bajo y abulte sus ganancias”, explicó una fuente del sector financiero con larga trayectoria en un banco extranjero.

Adicionalmente, existen especulaciones entre los analistas financieros de bancos internacionales que buitres como Elliott y Aurelius se benefician de otra forma con la caída en el precio de los bonos argentinos: menores precios en los títulos del canje producen más incentivos para pedir su aceleración. La aceleración permite a quien tiene un bono con vencimiento de capital en el 2033, pedir hoy el total del valor nominal (o sea, el ciento por ciento del capital). Cuando un bono cotiza al 80 por ciento de su valor nominal, la ganancia de iniciar un litigio de largo plazo y resultado incierto es de 20 por ciento en cada bono. Ahora, si el precio cae a 40 por ciento del valor nominal, se incrementa sensiblemente la ganancia potencial, y por lo tanto, los incentivos a acelerar. Sin embargo, la amenaza de ser demandados por bonistas en juzgados de Estados Unidos solicitando el pago total (otro extenso y arduo proceso legal), no sería la estrategia más lógica para forzar un pago por parte de Argentina. Los holdouts no tendrían nada para ganar si provocan que los holdings soliciten la aceleración y llevan a Argentina a un punto donde tenga que incorporar a todos los tenedores de deuda en la discusión con los holdouts. La disputa seguirá abierta.