Bajo la excusa de un allanamiento destinado a desbaratar una supuesta “mafia” relacionada con el narcotráfico –no se obtuvo ningún elemento que confirme esa denuncia del gobierno porteño–, la Policía Metropolitana y la Gendarmería Nacional realizaron, en la madrugada de ayer, un violento desalojo en el barrio Papa Francisco, instalado desde febrero en un terreno aledaño a la Villa 20. “Acá se produjo el desalojo violento de 500 familias, bajo la excusa de una acusación infundada que incluso vinculaba el operativo con el asesinato de una joven (Melina López, de 18 años, ocurrido hace unos días), pero lo que se hizo fue dejar sin vivienda a familias que desde hace nueve años están esperando que el Gobierno de la Ciudad cumpla con el saneamiento del predio y la construcción de viviendas dignas”, le dijo a Página/12 el legislador de Nuevo Encuentro José Cruz Campagnoli.

La actuación, tanto de la Metropolitana como de Gendarmería, fue repudiada por representantes de un amplio abanico de la política, desde el Movimiento Evita hasta el Partido Obrero y el MST-Nueva Izquierda. El diputado nacional por el Frente para la Victoria Andrés Larroque expresó su rechazo al desalojo “porque cientos de familias quedaron en la calle y el gobierno porteño no pensó en cómo asistirlos”. Larroque cargó contra la Metropolitana, a la que hizo responsable por “la brutal represión, similar a la que ocurrió en su momento en el Hospital Borda; acá golpearon a personas que sólo querían rescatar sus pocas pertenencias”.

El desalojo incluyó la destrucción, mediante el uso de topadoras, de las precarias viviendas que habían sido levantadas por las 500 familias, que estaban esperando el cumplimiento de la ley de urbanización de la Villa 20, votada hace nueve años por la Legislatura, e incumplida hasta hoy por el gobierno de Mauricio Macri. El diputado Alejandro Bodart, del MST-Nueva Izquierda, incluyó en sus críticas al secretario de Seguridad nacional por la intervención de la Gendarmería. “Sergio Berni y Mauricio Macri se jactan de echar a 500 familias con chicos a la calle a punta de pistola.”

En forma irónica, Bodart dijo que se trató de “un ‘valiente’ desalojo que corona la inacción macrista para urbanizar el barrio y la campaña de estigmatización” del barrio, por parte de los medios de difusión, a partir del asesinato de Melina López, ocurrido cerca del predio, pero cuyos autores –no identificados– nada tendrían que ver con las personas que estaban en el asentamiento, en Pola y Avenida Cruz, en Villa Lugano.

Anoche, por pedido de los legisladores que se movilizaron para tratar de frenar el violento operativo, los desalojados se debatían entre trasladarse a paradores del gobierno porteño o volver a alquilar viviendas en la Villa 20, de la que provenían. Angélica, de 52 años y Yeseña, de 18, estaban en el asentamiento con el marido de la mujer, cinco hijos, la pareja del hijo mayor y dos nietos.

“Nosotros vivíamos en la Villa 20 y pagábamos 1800 pesos mensuales para alquilar un departamentito muy chico, por eso, no bien tomaron estas tierras nos vinimos a marcar un lote”, contó Angélica. “Todos nuestros ahorros y todo nuestro trabajo de estos seis meses fueron pasados por arriba por la topadora, adelante de nuestros ojos: habíamos comprado cemento, arena, hierro y ladrillo, ya estábamos levantando nuestras propias paredes, y hoy terminamos en la calle”, dijo con dolor y bronca.

“Vinieron a las siete de la mañana, entraron a los gritos y nos sacaron a empujones y palazos. Apenas pudimos rescatar lo puesto y alguna otra cosa.” Angélica comentó que ni ellas ni los chicos habían podido comer nada hasta entrada la noche, dado que seguían deambulando por la zona a la espera de una solución al problema actual: “Dónde vamos a pasar la noche, dónde vamos a llevar a los niños”.

“El Gobierno de la Ciudad nos va a llevar a un parador, pero ¿qué solución es esa? Además, todas las familias desalojadas de acá ya deben estar buscando alquilar en la villa y, lo que no esté ya ocupado, lo deben cobrar a precio de fortuna”, concluyó. Yeseña, de 18 años, embarazada de ocho meses, en pareja con Martín, de 19, agregó: “Yo trabajo de doméstica y mi marido hace changas. No podíamos sostener un alquiler de 1700 pesos en la villa y por eso nos vinimos a la toma desde el primer día”. Todos los vecinos que estaban en el barrio creían que “como habían pasado más de seis meses, no nos íbamos a ir de acá; mi marido había empezado a construir una casa de ladrillo y chapa que nos tiraron abajo”. Les dijeron que el operativo era “un allanamiento ordenado por cuestiones de seguridad, porque había delincuentes en el barrio; acá no hay ningún delincuente, nadie fue preso por ningún delito”.

Se informó que hubo seis personas detenidas, quienes fueron indagados ayer por el fiscal Carlos Rolero. El abogado del barrio, Ramiro Geber, confirmó que se trata de Bernardo Fernández, Ramiro Ramos, Rafael Fernández, Rubén Cerasolo, Amada López y Cristian Ibarra, delegado del grupo que estaba en el asentamiento. “No se los acusa por ningún delito, sólo los detuvieron por resistencia a la autoridad.”

Marcelo Ramal, legislador del Frente de Izquierda, sostuvo que “el desalojo podrá ser celebrado por Berni o por Macri, pero no aportó nada a la crisis de vivienda de la ciudad, por el contrario, la agrava”. El diputado porteño repudió el “violento desalojo” y reclamó “el castigo a los culpables de la represión”. El diputado Pablo Ferreira, hermano de Mariano Ferreira, mostró fotos suyas en las que muestra heridas de balas de goma. Los diputados presentes denunciaron que “fueron muchos los vecinos golpeados y heridos durante el violento operativo”.