Empresas y empresarios con domicilio en Uruguay. Ventas al exterior trianguladas a través de firmas sin intervención real en la operación para evadir impuestos. Filiales en paraísos fiscales. Origen espurio de los fondos. La mecánica que acaba de dejar al descubierto la denuncia por sobornos ligados con el fútbol no es novedosa, pero por la repercusión alcanzada abre la posibilidad de avanzar en investigaciones que hasta ahora aparecían bloqueadas en la Justicia. En Argentina, pero también en Uruguay, como se verá. La AFIP buscó entrar por esa brecha y presentó una denuncia por evasión de impuestos contra los empresarios con orden de detención librada en Estados Unidos, acusados además de lavado de activos y asociación ilícita. Pero para esta semana se esperan más novedades. El entramado de las relaciones entre firmas locales y offshore, el circuito del dinero generado a partir de los derechos de transmisión de torneos internacionales y de las transferencias de jugadores al exterior, llevará a otros organismos de control a tomar directa intervención. Entre ellos, la UIF y el Banco Central. Mientras que no se descartan nuevas órdenes de detención dictadas desde los tribunales de Estados Unidos, e Interpol continúa la búsqueda de los prófugos, localmente se confía en reunir los elementos de prueba que permitan obtener en la Justicia, frente a hechos ilícitos por todos conocidos, las respuestas que hasta ahora se han negado.

Destino Uruguay

La pieza clave en el andamiaje de corrupción que denunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos y conmovió a la FIFA es la empresa Datisa SA. En el apartado 249 del proceso judicial abierto en Nueva York se señala que “Datisa, una empresa conformada por Traffic, de Brasil; Torneos y Competencias, y Full Play, ambas de Argentina, cada uno con el 33,33 por ciento de las acciones, acordó pagar 100 millones de dólares de soborno a ejecutivos de la Conmebol que, además, eran miembros de la FIFA”, según cita la AFIP en su denuncia de esta última semana ante la Justicia penal tributaria argentina. Según recordó en su edición de ayer el diario El País, de Montevideo, Datisa tiene los derechos de televisión para la Copa América, mientras que Full Play posee los correspondientes a partidos de Eliminatorias para el Mundial.

Datisa tiene sede en Montevideo, en la avenida Luis Alberto de Herrera 1052. Full Play SA está citada, en la denuncia que presentó la AFIP este último jueves, como propiedad de Hugo Víctor Jinkis, uno de los tres denunciados argentinos con orden de captura. Tanto Hugo como su hijo Mariano, también denunciado y buscado por Interpol, tienen participación en otras sociedades en España (FútbolEsp) y Panamá (Calcio One), frente a las cuales fijan domicilio en Treinta y Tres 1374, oficina 307, Montevideo. El tercer argentino involucrado en la causa, con orden de detención, Alejandro Burzaco, titular de Torneos y Competencias, también aparece con empresas y activos inmobiliarios en el Uruguay: dos propiedades en Punta del Este.

Para la AFIP, la olla que se destapó en la FIFA tiene estrecha relación con los “negocios del fútbol” de los cuales se sospecha y hasta ahora, lamentablemente y a pesar de evidencias contundentes, la repartición de la administración fiscal no logró hacer avanzar en la Justicia. Uno de ellos en particular es el de las transferencias de jugadores al exterior. La AFIP denunció los nombres de no menos de quince jugadores argentinos transferidos al exterior, cuyo pase figuraba a nombre de instituciones de Uruguay o de Chile, en la que esos deportistas no habían estado nunca. “Además, esos clubes no contarían con capacidad económica suficiente para adquirir jugadores que, como en los casos denunciados, tendrían una elevada cotización en el mercado”, señaló la AFIP por escrito ante los tribunales. Sin embargo, la denuncia fue desestimada por el Juzgado Penal Tributario Nº 1, a cargo de Javier López Biscayart, por considerar que “las circunstancias narradas por el organismo solicitante no alcanzaban para presumir la comisión de delito tributario alguno”. Entre los ocho clubes intervinientes sospechados de actuar como facilitadores de la operación de evasión, la mayoría pertenece a la liga de fútbol profesional de Uruguay (AUF): Sud América, Fénix, Progreso, Bella Vista y Cerro.

Audiencia con Blatter

A raíz de esta sospecha, la AFIP había recurrido a la FIFA para solicitar su colaboración, solicitándole la posibilidad de acceder al Registro de Transferencia de Jugadores de esa entidad. Ese pedido se formuló en marzo de 2014, en una audiencia en Zurich, Suiza, entre Ricardo Echegaray, de la AFIP, y Joseph Blatter, presidente de la FIFA, con la presencia de Julio Humberto Grondona. Blatter asumió el compromiso de colaborar en el propósito de corroborar los valores de las operaciones, pero nunca lo concretó. El 30 de abril de este año, hace un mes, la AFIP reiteró por nota a Blatter el mismo pedido, aún sin respuesta. El viernes, desde París, donde participó de una reunión del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, Echegaray recordó el hecho y se quejó de la falta de colaboración de la FIFA para combatir la evasión a través de lo que denominó “los paraísos fiscales deportivos”.

El uruguayo Eugenio Figueredo, vicepresidente de la FIFA, en representación de la Conmebol, es otro de los detenidos. Pero en su país de origen tiene otra causa en la Justicia que, tal vez, se acelere a partir de la denuncia estadounidense, ya que es un caso similar: sobornos por el otorgamiento de derechos de televisación del fútbol. Del otro lado de esa operación aparece otro nombre común a ambas causas: el empresario argentino Alejandro Burzaco, también con captura pedida por la Justicia estadounidense. La denuncia, presentada en diciembre de 2013 por la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, señala que la Conmebol le habría adjudicado a la empresa T&T Sports, dirigida por Burzaco y ligada a Torneos y Competencias, los derechos televisivos de la Copa Libertadores y la Suda- mericana para Uruguay, pese a que ofertó menos de la mitad de la propuesta de otro interesado, Global Sports. Según recordó el diario La República de Montevideo, este último viernes, fueron 372 millones contra 805 millones de dólares por los derechos de televisación entre 2015 y 2020. Según el representante legal de la Mutual de Jugadores, obtenían el contrato “para luego revendérselo a Fox Sports (que los pone en pantalla) por una fortuna: ése era el gran negocio”. Nada original. Lo novedoso podría ser que se haya terminado la impunidad.