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En las redes sociales circula un video donde se puede ver a un trabajador de la UIF pidiendo a un funcionario de la nueva gestión que explique los motivos que fundaron su desvinculación. El funcionario no logra dar ninguna explicación, sólo se remite a repetir que comunicará la inquietud al presidente y vicepresidenta de la unidad.

El video fue filmado por Nicolás Gómez uno de los sesenta despedidos del organismo que tiene por función investigar el lavado de dinero en el país. Hasta ayer él trabajaba en la Dirección de Análisis cuya responsabilidad es la de evaluar reportes de operaciones sospechosas, originados en maniobras complejas que involucran desde el uso de sociedades pantalla y otros vehículos financieros opacos, hasta la participación directa de bancos locales e internacionales en operaciones potenciales de lavado procedente de diversas actividades criminales como la trata sexual, el narcotráfico y los delitos ligados al mundo financiero, como los fraudes corporativos, las manipulaciones de valores negociables y otras prácticas abusivas de mercado. Por dicha dirección pasaron casos emblemáticos como los que involucraron al clan de los Alé, al ex represor Vildoza y también las maniobras en las que se investiga el lavado de bancos como es el caso HSBC. Todas ellas tienen en común un enorme daño social y afectaciones en materia de derechos humanos muy costosas para nuestra democracia.

El despido de Nicolás revela una trama común con los despidos del BCRA. Los 47 trabajadores que hoy están luchando por su reincorporación también cumplían funciones tan importantes como las de rastrear e identificar cuevas financieras dedicadas a actividades de banca paralela y operaciones de cambio marginal (tan eficaces para la fuga de capitales como para la generación de corridas y golpes cambiarios), o canalizar consultas y reclamos de consumidores financieros agraviados por prácticas abusivas de los bancos y, claro está, la función no menor de investigar la complicidad del mundo de las finanzas con los genocidas de la última dictadura.

Es imposible no pensar que detrás de los despidos de la UIF y el BCRA, se despliega una política común dirigida al desmantelamiento de los organismos de regulación y supervisión del sistema financiero que es perfectamente funcional a la eliminación de las políticas públicas diseñadas para prevenir la delincuencia económica en Argentina. Nicolás, los 60 trabajadores de la UIF y los 47 del BCRA que están peleando por su reincoporación, no son ñoquis; son profesionales dedicados a investigar la delincuencia económica y por ello son percibidos como factores de riesgo por aquellos players del mundo de las finanzas que, a casi 40 años del restablecimiento de la democracia, se resisten a organizar sus objetivos de negocios conforme el pleno respeto del principio de legalidad.

“Detrás del desalojo viene la ocupación” me comentó un amigo hace poco mientras reflexionábamos sobre despidos y conflicto de intereses. Tal vez por ello, el funcionario que aparece en el video no puede dar una respuesta simple, directa, transparente; hacerlo implicaría confirmar que, de a poco, los regulados van ocupando el lugar que el Estado tiene reservado a los reguladores. Tal vez por ello también la grosera transferencia de riquezas que implicó la devaluación, la quita de retenciones y el aumento de tarifas beneficie a un puñado de grupos económicos.

Ante estos hechos, quienes estamos en la función pública tenemos la obligación de no callar y exigir la reincorporación de todos los despedidos, porque son ellos quienes durante los últimos años han defendido la estabilidad del orden económico frente a los diferentes embates desestabilizadores que sufrió la economía nacional.

* Director y ex vicesuperintendente del Banco Central.