“Todavía no canto victoria”, afirmó ayer el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. Aunque los fondos buitre más agresivos aseguran que alcanzaron un acuerdo económico con Argentina que les permite multiplicar tres veces su capital original, el funcionario que se encuentra en China participando de una reunión del G-20 prefirió la “cautela”. “La determinación de Macri es dejar esto atrás”, enfatizó el funcionario al considerar que la propuesta argentina es “justa”. El titular del Palacio de Hacienda reiteró que buscarán modificar la Carta Orgánica del Banco Central para recuperar la matriz neoliberal que rigió al organismo antes de la reforma de 2012. Pretende fortalecer la “independencia” del BCRA limitando su capacidad de financiamiento al Tesoro e instalar un régimen de metas de inflación.

El equipo económico entiende que el arreglo con los buitres es el paso final para lograr la reinserción plena del país en la lógica del sistema financiero internacional y recurrir al endeudamiento externo para obtener dólares. Para eso, además del recorrido legislativo necesario para poner en marcha el acuerdo, restan una serie de pasos judiciales. El primero será una audiencia en el tribunal del juez Thomas Griesa. El encuentro para que todas las partes argumenten sobre su anunciada decisión de levantar el bloqueo al mecanismo de pago de la deuda externa tendrá lugar el próximo martes, en paralelo con la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

“Estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo, somos cautelosos, pero somos conscientes de que es difícil de equilibrar”, fue la fórmula elegida por Prat-Gay para eludir mayores precisiones. Desde el gobierno de Mauricio Macri afirman que la negociación está encaminada, pero se niegan a confirmar un acuerdo y repiten que el encargado de comunicarlo será el mediador Daniel Pollack. Anteayer un representante legal de Elliott Management y Aurelius reveló durante una audiencia en la Cámara de Apelaciones de Nueva York que estaban “muy cerca” de cerrar su acuerdo. Las declaraciones del abogado Matthew McGill buscaron persuadir a los jueces para evitar ver menguada su capacidad de extorsión judicial. Si bien la negociación no tiene fecha de vencimiento quienes den el visto bueno antes del próximo lunes serán los primeros en cobrar cuando se modifiquen las leyes que impiden darles un tratamiento privilegiado (ley cerrojo y ley de pago soberano).

Cuando eso suceda, el juez Thomas Griesa pondrá fin a su bloqueo reduciendo el poder de los acreedores más agresivos, ya que el país podría endeudarse sin restricciones legales en Nueva York y transferir los fondos correspondientes a los acreedores genuinos que no estaban recibiendo los pagos en sus cuentas.

Además de divulgar que buscan acordar otra forma de pago (la propuesta oficial es en efectivo y su pretensión sería recibir bonos) los representantes legales buitres le pidieron a la segunda instancia judicial más tiempo. Reclamaron la audiencia que ayer convocó Griesa y, para garantizarse margen de maniobra, solicitaron que cuando el magistrado confirme su decisión de levantar las cautelares esa determinación quede suspendida por dos semanas para poder apelarla. Las declaraciones de los buitres y los funcionarios hacen prever que antes de llegar a ese punto se alcanzará un acuerdo. Si eso no sucede habrá que esperar que la Cámara de Apelaciones se expida aunque, como no se trata de una cuestión de fondo sino de una medida cautelar dispuesta para forzar al país a pagarles a los buitres, es improbable que se expidan contra la decisión del juez. No obstante, los plazos podrían verse extendidos contra la necesidad del Gobierno de cerrar rápidamente la disputa.

“Mi experiencia en los últimos tres meses, en diferentes foros internacionales, es que la gente normalmente está bastante sorprendida de que el reclamo de los holdouts no es un 100 por ciento, es 400 por ciento”, expresó el ministro Prat-Gay en Shanghai. Durante sus declaraciones el funcionario apuntó contra el anterior gobierno por el estado de situación actual en la disputa con los fondos buitre.