Pese a que el proyecto oficial de “emergencia en materia de litigiosidad previsional” ya obtuvo dictamen en Diputados para su tratamiento en el recinto, siguen abriéndose interrogantes sobre las consecuencias que tendría su aplicación. Varios especialistas coincidieron en que el mecanismo propuesto en el proyecto de ley como “Reparación Histórica” con los jubilados no tendrá el efecto buscado. Es decir, no terminará con la litigiosidad, porque una franja de jubilados con sentencia firme o con juicios en curso tendrían la opción de obtener un resultado muy superior al que se le ofrece ahora para desistir de la demanda. Por otro lado, los cálculos más moderados dan cuenta de que los compromisos que se asumen “van a desfinanciar el sistema, creando un agujero que no se cubre ni siquiera vendiendo las acciones en poder del Fondo de Garantía”. Esto es, pondría en riesgo la continuidad del sistema previsional solidario y abriría el camino hacia un nuevo ciclo de endeudamiento creciente para el pago de las obligaciones de la seguridad social.

Según las estimaciones que fueron aportando los funcionarios del gobierno –entre ellos el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso–, los jubilados con sentencia firme son alrededor de 70 mil. Otros 380 mil se encuentran en gestión judicial, mientras que un millón 800 mil estarían en condiciones de acceder a un ajuste en sus remuneraciones (sería del 40 al 50 por ciento) que compensaría la deuda por diferencias de haberes de años anteriores. Se trata, en todos los casos -sumarían 2,2 millones–, de jubilados con haberes por encima de la mínima. Entre ellos, muchos en condición de esperar los resultados de una demanda judicial que, según confiaron fuentes de estudios legales especializados, les podrían rendir “el doble de lo que hoy le están ofreciendo”. El pronóstico de estos estudios de abogados es que “salvo que haya necesidades urgentes, que en general no es el caso de este grupo, optarán por seguir el juicio”. Es lo que recomiendan, por otra parte, los principales estudios. Y en tal caso, el costo para el sistema será muy superior al que hoy se estima.

“En caso de aprobarse, el proyecto del Poder Ejecutivo va a provocar el desfinanciamiento del sistema previsional y, con ello, del sistema público y de reparto”, opinó en tanto Horacio Rovelli, economista especializado en temas presupuestarios e investigador de Eppa (Economía Política para Argentina). “En la Argentina está rota la relación entre trabajadores en actividad que aportan al Sistema, unas 9,8 millones de personas, y los que perciben jubilaciones y pensiones, que son 7,2 millones. Es una relación de 1,4 a 1, cuando tendría que ser de más de 3 a 1. Por eso se cofinancia con impuestos (el 20 por ciento de la recaudación de Ganancias y el 11 por ciento del IVA) y el rendimiento de los títulos y valores en poder del Fondo de Garantía (FGS). No van a crear más impuestos para aportar al sistema, y le están agregando obligaciones mientras lo más probable es que los recursos ligados a la actividad económica vayan declinando: están creando las condiciones para generar necesidad de salir a endeudarse para pagar las prestaciones, o directamente tentar al regreso del sistema de capitalización de las AFJP”, advirtió.

El horizonte que ofrece la propuesta oficial es un aumento en las retribuciones a los jubilados de más altos ingresos por la política de reparación que significaría unos 85 mil millones de pesos adicionales al año, según Basavilbaso; el pago del 50 por ciento de la deuda por sentencias firmes de inmediato (para lo cual habilita la venta de las acciones del FGS) y el resto, en cuotas trimestrales durante tres años. La Anses recibiría los recursos que se obtengan del impuesto al blanqueo que, aun en la hipótesis más optimista, están lejos de hacer frente ni siquiera a los compromisos más inmediatos.

“El gobierno está subvalorando el costo de los juicios por diferencias de haberes, con lo cual está creando una situación de desfinanciamiento acelerado en los próximos dos a tres años. Están dinamitando el sistema de reparto con esta reforma, y encima la atan a un blanqueo que sólo va a beneficiar a unos pocos que buscarán hacer negocios financieros y obtener una renta rápida para volver a fugarla”, señaló Rovelli. “Como en épocas de Martínez de Hoz (dictadura de Videla) y Domingo Cavallo (década menemista y crisis delarruista), buscan crear las condiciones de dependencia del país de la banca extranjera en la que ellos, los grupos empresarios dominantes, se llevan los beneficios, a costa del país”. En este caso, además, a costa del sistema previsional, agrega.