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Los empresarios no están dispuestos a que el nuevo piso de discusión por el salario mínimo vital y móvil (SMVM) sean los 450 pesos propuestos por el presidente Néstor Kirchner. “No queremos volver a viejas prácticas inflacionarias”, sostuvieron desempolvando discursos. “Queremos que prevalezca la sensatez” y que “el Consejo cumpla su función de espacio de discusión”, se escuchó ayer en la Bolsa de Comercio, donde los representantes patronales se reunieron para consensuar la posición que llevarán hoy a la Comisión de Salario. Algunos dijeron que la propuesta será de 400 pesos. Otros prefirieron no arriesgar cifras.
Pero contra las apariencias, lo que estaba en juego no era el típico enunciado de valores previos a cualquier negociación, donde quienes deben conceder ofrecen menos y sus contrapartes demandan más. Entre los empresarios que deambulaban por los pasillos del edificio de 25 de Mayo y Sarmiento el disgusto era evidente. No por la suba sugerida por el Presidente, que dio lugar a que algunos sectores sindicales redoblen su apuesta para recuperar el protagonismo perdido, sino porque el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo no estaba cumpliendo la función que habían esperado: evitar que continúen los aumentos salariales por decreto.
Conscientes del debilitamiento de la fuerza laboral en la realidad del mercado, los empresarios apostaron a que cualquier ámbito de negociación serviría para dilatar los tiempos ante la inmediatez de los decretos. En este sentido, la síntesis del dirigente agropecuario Mario Raitieri resultó paradigmática. Para el titular de Coninagro, si el Poder Ejecutivo “convocó a los empresarios y sindicalistas a discutir una mejora del salario mínimo, tiene que permitir que se debata en libertad”.
Además, el Consejo terminó tomando una dinámica propia. Mientras algunos sectores dentro de la Unión Industrial y de la Cámara de Comercio comenzaban a hablar nuevamente de flexibilización, la presencia de la CTA en las negociaciones introdujo variables inesperadas, como la redistribución del ingreso, u olvidadas, como la comparación del nuevo mínimo “vital” con la canasta básica que determina la línea de pobreza.
Y lo que fue un error para la UIA puede haberlo sido también para el Gobierno. Los persistentemente altos niveles de precariedad y desempleo, sumados a un sindicalismo oficial con escasa práctica de confrontación y, en muchos casos, con discursos próximos a las perspectivas empresarias, presuponían un marco inadecuado para la declarada voluntad de impulsar el salario mínimo. Finalmente, como señaló el abogado Daniel Funes de Rioja, uno de los técnicos de la UIA, filtrado en el Consejo como representante de laboratorios y alimentarias, existe la posibilidad de “no llegar a la mayoría de dos tercios en el Consejo, y entonces la ley prevé que la decisión está en manos del Gobierno”.
Tras la reunión en la Bolsa, además de rechazar los 450 pesos sugeridos desde el Ejecutivo y retrotraer la propuesta a 400, los empresarios intentaron transmitir que la discusión no debía darse “sólo por el mínimo”. Manfredo Arheit, titular de la cámara de los metalmecánicos y representante de la UIA en el Consejo, dijo a Página/12 que el valor del mínimo que “se discute en los medios” es mayor del que “había reconocido el Ministerio de Economía” y “esperaba la ciudadanía”. También que “la economía no se arregla solo con aumentar el salario”, pues el SMVM “es un beneficio que no llega a los marginados”, afirmaciones ambas que difícilmente caigan bien en Economía, con quien sugiere acuerdo, ni con Trabajo, de quien rebate un intrincado relevamiento que intentaba demostrar el arrastre del mínimo sobre el empleo informal.
El sector empresario mejoró notablemente su rentabilidad después de la crisis. La mejora se basó especialmente sobre la baja de salario real, que solo recuperó parcialmente el poder adquisitivo para cerca del 35 por ciento de la fuerza laboral registrada. Y aunque los datos son confirmados por los agregados macroeconómicos, el sector argumenta que “no están dadaslas condiciones” para mejorar salarios. Para Funes de Rioja, lo que debe discutirse es “el marco de la política económica que permita pagar salarios más altos”.