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Un mes después de acusar al ex ministro radical Enrique Nosiglia y al secretario de Acción Social de la CGT, Luis Barrionuevo, de intentar desplazarla del PAMI, Graciela Ocaña logró una victoria simbólica frente a la corporación político-empresarial que vive a costa de los jubilados. El lunes pasado, el juez federal Sergio Torres dictó el procesamiento de los propietarios de tres clínicas psiquiátricas del municipio de San Martín, Ernesto Tapia y Aníbal de los Santos, a quienes imputó el delito de “estafa agravada” y les dictó un embargo de bienes de dos millones y medio de pesos. El procesamiento incluyó también al ex gerente de prestaciones médicas del PAMI Mario Dalto, considerado coautor del mismo delito y embargado por la misma suma que los dos empresarios. El caso había sido denunciado en exclusiva por Página/12 hace más de dos meses.
Ni Tapia ni De los Santos son desconocidos para el (pequeño) mundo de la industria de la salud. Tapia es gerente de Esfel S.R.L. y titular de Trafel S.A., sociedades comerciales que explotan la clínica Santa Mónica y el centro ambulatorio Little Jowi. Hasta hace poco tiempo, Tapia fue titular de la Federación Argentina de Cámaras y Asociaciones Psiquiátricas (Facap). De los Santos es presidente de Therapia Norte S.A., que posee un centro de atención ambulatoria en la localidad de Pacheco. En enero de 2001, las tres clínicas habían firmado contratos con el PAMI para atender a los jubilados del norte del conurbano que precisaran atención psiquiátrica: se habían comprometido a atender en forma ambulatoria y a dar servicios de internación crónica y aguda. Y cobraban por ello.
Sin embargo, a partir de la denuncia de una psicóloga se descubrió que Therapia Norte –que explota el centro ambulatorio de Pacheco bajo el nombre de fantasía “Asis-Men”– “no se encontraba en condiciones de brindar las prestaciones cuyo compromiso asumiera contractualmente”. En el contrato del PAMI se había acordado que esa sociedad tenía que estar en condiciones de atender eventuales casos de internación psiquiátrica crónica sobre una población de 10.000 afiliados. También debía estar preparado para recibir internaciones agudas para un conjunto de 26.911 jubilados. A cambio, recibía 64.495 pesos mensuales. Pero para dar el servicio de internación esa institución debía contar con las suficientes camas. Como no las tenía, Therapia Norte firmó una “fusión prestacional” con Esfel S.R.L. para derivar a la clínica Santa Mónica sus internaciones.
Así, además de atender a las internaciones que le correspondían (agudas para una población de 36.595 jubilados y crónicas para 36.597 afiliados), Esfel sumó a los pacientes de Therapia Norte que necesitaban internación. Pero las irregularidades no terminaron allí. A través de un nuevo convenio con Trafel S.A., Esfel incorporó el cupo de internaciones de esa sociedad. Pero la infraestructura de Esfel no alcanzaba para atender tantos pacientes: según la denuncia de Ocaña y la resolución del juez, para recibir tantas internaciones Esfel debía poseer 196 camas sólo para los afiliados del PAMI. La clínica disponía sólo de 120 camas.
La cantidad de camas resultaba de la “tasa de uso”, una estadística para controlar a los prestadores que se obtiene tomando las prácticas mensuales sobre 10.000 pacientes. Según la resolución, la falta de camas –como otros incumplimientos en infraestructura y personal– prueba que Tapia y De los Santos estafaron al Estado. “Los responsables de los centros psiquiátricos asumieron compromisos prestacionales que sabían perfectamente que no podían cumplimentar”, concluyó el juez. A Dalto, en tanto, lo responsabilizó por ser “el único (directivo del PAMI) que dio el visto bueno a la cuestionada fusión prestacional”. La estafa agravada –en perjuicio de la administración pública– está penada con dos a seis años de prisión. Como el delito es excarcelable, los tres procesados seguirán libres hasta que su situación se resuelva en un juicio oral.