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Hoy se debatirá en audiencia pública la carta de entendimiento que el Gobierno celebró con Ferrosur, consorcio que opera el servicio de carga del Ferrocarril Roca bajo el liderazgo de Loma Negra, con miras a renegociar su contrato. Aquel documento base promete convertirse en una fórmula testigo para que otras líneas consigan acuerdos tan auspiciosos como éste, en el que la empresa sólo invertirá o pagará canon en función de su negocio, dejando en el olvido multimillonarios incumplimiento por planes de inversiones no honrados. A semejanza de las reprivatizaciones de los peajes, también en este caso el Estado promete hacerse cargo de las obras más importantes, delegando sólo el mantenimiento en el grupo privado que también integran Acindar, el Banco Francés y la Asociación de Cooperativas Argentinas.
El encuentro tendrá lugar en Olavarría, donde está la planta madre de la cementera de Amalia Lacroze de Fortabat. Previsiblemente, no faltarán detractores de aquel texto modelo de la primera renegociación ferroviaria, cuyos términos el defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, prevé hoy cuestionar duramente. Entre otros aspectos polémicos, el ombudsman subraya que mientras el adjudicatario no cumplía su obligación de pagar canon, entre 2002 y 2004 el adjudicatario realizó un pago de intereses a su accionista principal, Loma Negra, de 3,9 millones de pesos. Si a esto se añade el dato de que Ferrosur estaba en default, se concluye que el socio dueño del 80 por ciento tuvo status de acreedor privilegiado mientras que el Estado jugó de socio bobo.
Pero los puntos más controvertidos de esta revisión contractual están ligados a una historia de incumplimientos iniciada en 1992, casi idéntica a la de los otros operadores cargueros –nómina en la que también figuran, entre otros, Techint o Aceitera General Deheza–. Ya en 1999, cuando por canon y obras no ejecutadas el conjunto de concesionarios adeudaba al Estado 455 millones de pesos (por entonces dólares), el gobierno menemista planteó una renegociación sobre la base de condonar aquellas faltas y suprimir el canon.
El concepto plasmado en la carta de entendimiento que la Unidad de Renegociación firmó con Ferrosur no es demasiado diferente. Aquellas grandes obras no ejecutadas quedan en el olvido, básicamente en atención a que el negocio de los trenes cargueros fue mucho menos próspero de lo que las concesionarias habían planteado inicialmente. Lo que sí podría quedar pendiente de definición son las multas que correspondieron por ello.
Ferrosur tendría que invertir anualmente el equivalente al 9,5 por ciento de su facturación (pero nunca menos de los 7,5 millones de pesos) y tendría que abonar un canon del 3 por ciento sobre esa misma base. Una condición muy tranquilizadora para el adjudicatario, que tendría obligaciones “licuables” en la medida en que su negocio no sea bueno.
La empresa propondrá a la autoridad de aplicación planes quinquenales de obra a costear con recursos públicos que la firma gerenciará, a semejanza de lo que hacen hoy los operadores de trenes urbanos. Según prevé la carta de entendimiento, durante 2004 y 2005 tendrá que ocuparse de licitar trabajos para “recuperación de infraestructura por daños hídricos”, así como los propias de los servicios de cargas y pasajeros. Este último, una nueva opción que se añadirá para las líneas cargueras y que podría ser explotada por un tercero. La empresa, por su parte, proveerá los recursos para el Plan Anual de Mantenimiento, lo que plasma aquí una modalidad también utilizada para reprivatizar las rutas nacionales: el Estado se hace responsable de las obras principales y las adjudicatarias mantienen.
El texto a discutir en la audiencia será válido retroactivamente, desde enero de este año. Luego, el consorcio y la Uniren comenzarán a trabajar específicamente en el Acuerdo de Renegociación Contractual, lo que reservaal Poder Ejecutivo la última palabra en el tema que hoy intenta democratizarse en un debate público.