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Primero fue Julio Nazareno, pero para evitar el juicio político renunció. Luego llegó el turno de Eduardo Moliné O’Connor, enfrentó el proceso y su floja defensa no le alcanzó para evitar la destitución. Guillermo López renunció antes de que votaran su acusación y luego falleció. Hoy será el turno de Adolfo Vázquez quien, desesperado, se defiende denunciando persecución política. Si bien todavía quedan otros jueces que formaron parte de la automática Corte Suprema de los ’90, y teniendo en cuenta que hay más de un bloque –sobre todo el PJ– que puso sus ojos sobre Antonio Boggiano, todo indica que el cortesano identificado con el Opus Dei no afrontará un juicio similar al de sus ex colegas, “al menos por ahora”.
La recomendación de no avanzar con Boggiano surgió de la mismísima Casa de Gobierno. En los despachos de la Rosada consideran que no es conveniente avanzar con más juicios y aclaran que eso no sucederá este año. Reconocen que Boggiano firmó el mismo dictamen que Nazareno en el caso Meller y correspondería que la Comisión de Juicio Político actúe. Sin embargo, se preocupan en marcar diferencias con los menemistas de aquella Corte que ya fueron destituidos o están en vía de serlo. “Boggiano no es un juez cualquiera. Es un magistrado con prestigio internacional, no es Nazareno”, se escuchó decir en uno de los despachos del primer piso de la Rosada.
En Gobierno no dan más motivos. Sin embargo, se sabe que en los últimos tiempos Boggiano armó una muy buena relación con el ministro de Economía, Roberto Lavagna, y con las entidades bancarias, gracias a sus puntos de vista sobre el corralito financiero. Eso sin contar los consabidos lazos del cortesano con la Iglesia que, se dice, fue quien más fuerza hizo para conseguirle un lugar en el Tribunal en los albores del menemismo.
En el Congreso hacen otras especulaciones. Según algunos diputados del bloque del PJ, el Gobierno necesita tener a la Corte estabilizada para que pueda resolver temas pendientes que son cruciales para la administración Kirchner como la pesificación y la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Así, entienden, es conveniente frenar por un tiempo los procesos contra los cortesanos.
De todas formas, en la comisión que preside el justicialista tucumano Ricardo Falú la decisión de emitir un dictamen acusatorio contra Boggiano está tomada. Eso sí, no será este año, ya que de acuerdo con la estrategia acordada entre los miembros de la comisión avanzarán en los procesos de uno en uno para evitar lo que sucedió en 2002 cuando el presidente era Eduardo Duhalde. Entonces, hasta que no finalice el juicio de Vázquez los diputados de la comisión no emitirán acusación contra Boggiano.
“En marzo seguramente volveremos a conversar y es poco probable que no se produzca”, comentó a este diario uno de los legisladores con ascendencia en la comisión. El diputado aseguró que la razón fundamental para enjuiciar a Boggiano es que firmó y utilizó los mismos argumentos que Nazareno para favorecer a la empresa Meller en el caso del pago millonario por la impresión de una guía durante la gestión de la ex interventora de ENTel, la ahora rea María Julia Alsogaray.
Sin duda, el hecho de que haya un parate en los juicios va a tener repercusión en la bancada oficialista, donde buena parte de sus integrantes respaldaron la acusación contra Vázquez a disgusto por considerar que se perseguía a “un compañero”. Los más reticentes a votar la acusación contra Vázquez consideran que se está protegiendo a los otros jueces. Ante esto, los hombres más cercanos al Gobierno que integran la comisión esperan una embestida de estos grupos internos –menemistas y duhaldistas– que intentarán una definición en los próximos meses sobre la suerte de Bo-ggiano y de Augusto Belluscio.