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Dentro de pocos días terminará un proceso electoral donde grandes temas nacionales fueron soslayados y la sociedad sigue desinformada sobre cuestiones esenciales como la renta petrolera, la disminución de las reservas y las posibilidades de recuperar las concesiones ilegítimas que otorgara Menem. Nadie puede defender lo que no sabe que le pertenece e ignora su valor. Desde su fundación, el Moreno vino denunciando que el país se encaminaba hacia una crisis energética por falta de inversión e incumplimientos de las petroleras. En las épocas de YPF se perforaban más de 100 pozos exploratorios por año y con la privatización hoy no llegan ni a 25. La aventura fue tan grande que nos convirtieron en exportadores de crudo, cuando el país no contaba con reservas para ello ni estábamos autoabastecidos: el 40 por ciento de nuestras familias no accede al gas natural por redes y debe adquirirlo envasado y a precios internacionales. El petróleo siempre fue un insumo estratégico al servicio del desarrollo nacional, pero el neoliberalismo lo convirtió en un commodity. La consecuencia de tanto desatino fue la reducción de las reservas de crudo de 23 a 9 años y de gas de 35 a 12.
Cada vez que las petroleras han querido aumentar los precios, obtener beneficios o prolongar las concesiones, lanzaron campañas sobre el agotamiento de las reservas. Con Menem, la información quedó en manos de las corporaciones y el Estado es rehén de sus chantajes. Hace pocos días, el alto funcionario de Petrobras Oscar Vicente planteó públicamente que para realizar nuevas inversiones las concesiones debían prolongarse hasta que se agotaran sus reservas y el Gobierno debía afrontar los costos exploratorios. Ante tanta voracidad, ¿no debería el Gobierno –como digna respuesta– revisar las concesiones para anular las que están violando la ley vigente N° 17.319? ¿Qué clase de seguridad jurídica es aquella que avala la continuidad de los ilícitos y su convalidación? ¿Cómo se explica que la Secretaría de Energía no realice una auditoría oficial con profesionales argentinos? ¿Por qué no convocar a los miles de técnicos y trabajadores desocupados del petróleo para reconstruir la industria más rentable del país? ¿Qué duda cabe de que el mejor negocio para la Nación sería invertir en ella una parte del superávit fiscal? ¿No se está perdiendo la excepcional ayuda ofrecida por Venezuela para hacer de Enarsa una real petrolera con extracción, refinación y ventas propias?
La dirigencia nacional y provincial, sus funcionarios y legisladores, los referentes políticos y sociales, los comunicadores, deben debatir sobre la recuperación de la millonaria renta petrogasífera, que en Argentina ronda los 15.000 millones de dólares. ¿Hasta cuándo la vamos a seguir regalando? Hoy las naciones rediscuten contratos, concesiones y regalías y la Unctad, de las Naciones Unidas, constata que somos los que menos se han beneficiado con la renta de los hidrocarburos. ¿Podemos permitirnos que el recurso que se agota en el mundo las petroleras lo extraigan en nuestro país sin control oficial y a simple declaración jurada? ¿Qué explicación hay para seguir cediendo la renta del crudo, cuyo costo de producción es en Argentina de 4,50 dólares por barril, mientras el precio internacional acaba de llegar a 70? ¿Cuál es la razón para que este digno y noble pueblo que contribuyó a descubrir y desarrollar los actuales yacimientos no participe de las rentas generadas? Los grandes momentos de industrialización y desarrollo nacional se realizaron sin recurrir al crédito externo, desde el ahorro que posibilitaba YPF y Gas del Estado. Su privatización significó una catástrofe económica porque el país perdió un ingreso anual de 8000 millones de dólares, que en quince años representó una transferencia hacia el sector petrolero de unos 120.000 de dólares.
Reconocer los errores y corregir el rumbo no es una debilidad política sino una expresión de fortaleza, madurez y responsabilidad. Los tiempos por venir son cruciales para el futuro argentino. Si las organizaciones sociales y políticas no se movilizan, lo más probable es que mientras lasdirigencias continúen con sus esgrimas electorales, los yacimientos y millones de hectáreas fiscales o privadas seguirán pasando a manos extranjeras. Lo que sigue dividiendo aguas en la política nacional son estos grandes conflictos. Es hora de recordar a Alejandro Olmos y, parafraseando lo que decía de la deuda externa, afirmar: “O se está al servicio del país rescatando la renta petrolera o se está al servicio de las corporaciones y en contra del país”.

* Junto con Félix Herrero y Gustavo Callejas (presidente y vicepresidente del Moreno, Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora).