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La mayor dedicación del gobierno argentino en asuntos de comercio internacional no está focalizada en la próxima reunión de la Organización Mundial de Comercio en Hong Kong a mediados de diciembre, sino en la cumbre entre los presidentes Lula da Silva y Néstor Kirchner, que tendrá lugar en Iguazú el próximo día 30. Mientras el consenso a lo largo y ancho del mundo anticipa un fracaso en el primero de los cónclaves, la prioridad para los negociadores argentinos de Economía y Cancillería es lograr la mayor cantidad de acuerdos posibles que revitalicen el deteriorado Mercosur y en particular la conflictiva relación con el socio mayor, con el que el país acumulará este año un déficit comercial de alrededor de 3500 millones de dólares.
El monto del desequilibrio, pero tanto o más que eso su característica de resultar de un aluvión de bienes industriales procedentes de Brasil, empujó a Roberto Lavagna hace ya tiempo a plantear la necesidad de aplicar una creación vernácula denominada Cláusula de Adaptación Competitiva (CAC), que consiste básicamente en la facultad de aplicar cupos y por sobre eso aranceles para bienes o sectores donde uno de los países demuestre un daño sensible por la importación desde el otro. Dada la inclinación de la balanza, queda claro que la protección es de interés argentino, y era previsible el rechazo inmediato que la propuesta generó desde Brasilia.
Sin embargo, la insistencia argentina ablandó en parte la extrema dureza inicial del jugador más fuerte, al punto que el viernes pasado el canciller Celso Amorim dio a entender que se abrió una luz de esperanza para llegar a un acuerdo.
También en esto jugó la estrategia de los negociadores argentinos. “Somos conscientes de que no podemos ser tan exigentes como para perder la oportunidad de introducir cláusulas protectivas, aunque tampoco estamos dispuestos a firmar cualquier cosa que sólo sirva para la foto y para prolongar la agonía del Mercosur”, dijo a Página/12 un protagonista clave de esas mesas.
Lo que está en discusión ahora son aspectos técnicos, que no son algo menor sino cuestiones cruciales de las cuales depende la chance de llegar a un acuerdo político.
“Por supuesto que hay probabilidad de que no nos pongamos de acuerdo antes del 30, pero eso no significa que el Mercosur corra riesgo de muerte ni mucho menos que sea un error intentar reintroducir los mecanismos de compensación que se desmantelaron durante los años ‘90. Es al revés: el Mercosur corría serios riesgos antes, cuando la Argentina no intentaba reequilibrarlo. Iba a llegar un día en que se tornaría incorregible”, dijo la fuente. Para el Gobierno, el Mercosur sigue siendo la vía de acceso a la globalización, pero considera que se debe lograr un tipo de asociación más negociada, más administrada y con mucha más presencia de los gobiernos de lo que hubo hasta ahora.
Como ya se dijo, tanto o más que la cifra preocupa la conformación de los flujos de ida y vuelta. En cuanto al rojo de 3500 millones de dólares, lo relativizan debido a que mucho de las materias primas (por empezar trigo) que Brasil dejó de comprar aquí son commodities que se colocan fácilmente en otros mercados (cabe recordar que globalmente la Argentina cerrará el año con más de 10.000 millones de dólares de superávit en su balanza comercial).
El mayor desequilibrio surge del intercambio automotor, que en los primeros nueve meses acumula un déficit para la Argentina de 1200 millones de dólares y que se proyecta hasta 1500 millones para todo 2005. Al respecto, Brasil ya aceptó formalmente la negativa argentina a cumplir el compromiso de liberación total de comercio en el sector que iba a entrar en vigencia el próximo 1ª de enero. El acta de prórroga se firmó el jueves pasado, y resta ahora definir –algo nada sencillo– cómo seguirá administrándose ese comercio. Hay negociadores argentinos –y no precisamente de pensamiento libremercadista– que razonan que antes que adoptar un esquema de apertura total en el comercio de autos que lleve a que cada vez más se fabrique allá, convenía abrir directamente el sector al mundo; al menos así se beneficiarían los consumidores con precios más bajos.
Los desequilibrios entre los países se derivan, entre otras razones, de cuestiones de escala. En autos, por ejemplo, mientras el 58 por ciento de los que las terminales venden en la Argentina proceden de Brasil, las exportaciones argentinas hacia allá sólo representan el 2,5 por ciento de su gigantesco mercado.
Claro que la diferencia de tamaño también facilita las concesiones y por ende los acuerdos. Por citar un caso muy ilustrativo, los dos millones y medio de pares de calzado que en una negociación entre privados la parte brasileña aceptó reducir anualmente en sus ventas hacia acá, representa un número muy significativo para la industria local y constituye cuestión de supervivencia para algunas empresas, mientras que para una industria que en Brasil fabrica 700 millones por año es un número despreciable.
Como el mencionado acuerdo entre privados en calzados, hay actualmente en vigencia unos veinte, que incluyen a cerca de una decena en la rama textil, y a varios en línea blanca.
La idea de la CAC es darle más fuerza a ese tipo de pactos. Para los brasileños ejercería como una amenaza de que si resisten arreglos privados comienza a tallar una cláusula convenida a nivel de Estados. Y para los empresarios argentinos sería una señal disuasoria de quejas infundadas o exageradas, dado que la CAC tendrá parámetros bien definidos. Si es que prima la sensatez de ambos lados y llegan a un acuerdo que active el instrumento.