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Opinion
Por Mario Wainfeld

El cronista se topa con el Presidente en un despacho de la Casa de Gobierno. Es viernes, el hombre está de camisa sport y gasta saco azul, su buen humor se detecta a cien metros. Néstor Kirchner, tras saludar, enumera a una velocidad formidable cifras que lo entusiasman y aceleran aún más. Los porcentuales se suceden, el aumento del producto bruto, la merma de la desocupación, la tasa de actividad industrial, las exportaciones, alguno que el cronista extravía en el borbollón verbal, para entender, un segundo después, una arrebatada mención al coeficiente de Gini que mide la desigualdad. “Esto es lo que hicimos en dos años”, autodefine, autohalaga. Sin dar tiempo a respirar, hace mutis. El implícito es que queda otro bienio por delante, aún más promisorio.
La anécdota retrata cómo sube la autoestima oficial al compás de indicadores económicos. Kirchner no está solo, la euforia se propaga a Roberto Lavagna, que la expresa sin desmentir su proverbial flema expositiva. “Esto supera nuestras mejores estimaciones”, confidenció el ministro de Economía a sus asesores más cercanos.
La euforia no suele ser el momento más fértil para la introspección. Sin embargo, el oficialismo estudia un par de medidas que harían mucho más progresiva su gestión y que hasta ahora ha venido demorando.
La primera de ellas es variar las escalas del impuesto a las ganancias, la segunda un seguro de empleo y capacitación. ¿Primera y segunda en orden de aparición? Por ahora todo es virtual pero bien puede ser.

Algo más que la equidad

El mínimo no imponible del impuesto a las ganancias se mantiene inmune a la inflación y, si es verdad que los sueldos de los trabajadores formales aumentan, grava cada vez a más asalariados. Ni siquiera ha habido un ajuste por inflación. En la discusión de convenios de trabajo, esa alícuota ha surgido como un inédito reclamo, reprisado en cada vez más paritarias. Las alícuotas para las categorías superiores, contradictoriamente, están clavadas y son mucho más bajas que en los principales países del mundo.
El Gobierno reconoce la injusticia existente y explora una modificación. El obstáculo, obvio es decirlo, es que se perdería una fuente de ingresos. Anteayer, Lavagna y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, discurrieron el punto sobre la base de un proyecto de ley con estado parlamentario, presentado por legisladores duhaldistas. Economía hizo una simulación de cuánto mermaría la caja fiscal si se duplicara el mínimo no imponible. Tal parece que la mengua superaría los 2000 millones de pesos anuales. El cómputo adolece de ser algo estático porque es factible y hasta inexorable que los asalariados gastarán ese plus en consumo inmediato (o de bienes durables adquiridos acá) generando más actividad y aportando IVA. La estimación del desagio fiscal puede pecar por exceso de pesimismo. Pero el núcleo de la crítica a las trepidaciones oficiales va más allá. Es que los trabajadores (no sólo su capa que cobra con sobre y aporta ganancias) siguen aportando demasiado al fisco en proporción a otros sectores que siguen llevando a su patrimonio demasiadas porciones de la torta.

Una deuda en mora

La reforma impositiva es, se reconoce aun en la Casa Rosada, una deuda impaga del oficialismo. Las razones que justifican la mora son cruelmente pragmáticas: con el actual esquema se recauda, con otro está por verse. Lavagna es un enfático portavoz de la teoría de que una reforma es una Caja de Pandora que nunca obra los efectos previstos en los cálculos previos.
El oficialismo agrega, con parte de razón, que el sistema impositivo ha devenido menos regresivo merced a las retenciones y a la suba en ganancias. El IVA, mocionan, ha disminuido su peso relativo. Algo de verdad hay en esto, pero es también real que la tasa del IVA sigue cerca del record mundial. Además, en un país donde también recaudan los municipios y las provincias, el IVA no es el único impuesto al consumo que damnifica especialmente a los más humildes. Muchos tributos comunales o provinciales suelen gravar el consumo y ser trasladados a los precios.
Esa observación es una de las tantas provechosas conclusiones del documento “La cuestión tributaria en la Argentina”, de Jorge Gaggero y Federico Grasso, editado por el Centro de Economía y Finanzas de la Argentina (Cefidar). Los autores propugnan una ambiciosa reforma fiscal que debe comenzarse ya, en la fase propicia del ciclo. A su modo, Gaggero y Grasso se hacen cargo de parte del reproche de Lavagna, reconociendo que una reforma toma su tiempo para arrojar los resultados deseables, lo que hace imprescindible concretarla en tiempos de vacas gordas.
Pero hay otro punto sugestivo del documento, que es postular que una reforma progresiva no sólo es necesaria por razones de equidad, que son sobradas. También lo es por razones de sustentabilidad. Los autores elogian las retenciones pero resaltan que se trata de captura de rentas extraordinarias que, por definición, son temporarias. Gaggero y Grasso no creen que sean un impuesto distorsivo pero, ay, sí contingente.
Desde otra vereda, el ex presidente del Banco Central Alfonso Prat Gay publicó en La Nación una columna de opinión donde advertía contra el espejismo que sería fascinarse con la actual paridad cambiaria. Provocativo, comparaba ese arrobamiento con el de la convertibilidad y sugería que en una economía abierta el Estado no es apto para fijar todos los precios. Parafraseándolo de modo coloquial, si se ancla el dólar, se pialan otros precios y se desata la inflación.
Si algo tienen en común la dupla Gaggero-Grasso y Prat Gay es no ser noventistas y tener acuerdos, como poco, con algunos de los objetivos proclamados del Gobierno.

Redes

La falta de implementación de un seguro de empleo y capacitación es una injustificable rémora de la política laboral y social. El Gobierno, aseguran a este diario dos ministros en estricto off the record, estudia legislar esta medida el año que viene. Sería una auspiciosa, sí que tardía, noticia.
La institución existe en países del Primer Mundo y aun en muchas naciones hermanas. Argentina está muy rezagada al no poseer, sino en una escala irrisoria, un mecanismo que sirva de red a trabajadores que estén buscando nueva ocupación o que necesiten recapacitarse para aspirar a ella. Hay algunos estudios del actual gobierno acerca de los costos de esa iniciativa, que incluiría un subsidio por tiempo determinado para los desocupados y el armado de agencias oficiales que intermedien en la búsqueda de empleo y capaciten a los desempleados.
El Gobierno despotrica contra la deseable implantación de un ingreso social universal. La fulmina por utópica, por no tener antecedentes foráneos, por contravenir la cultura del trabajo. El firmante de esta nota cree excesivas esas diatribas pero, poniendo entre paréntesis ese parecer, es evidente que ninguna de ellas le calza al seguro de empleo.
Sería todo un detalle que el oficialismo metiera mano en el regresivo sistema fiscal y social que tanto rédito coyuntural le ha dado. Pero le será menester si desea sostener en el mediano plazo las cifras que euforizan al Presidente. No hay paradoja alguna en esto, apenas una imposición de las circunstancias, siempre empecinadas en mutar.