Pocos días después de Telefónica, Telecom Argentina suscribió una carta de entendimiento con el Gobierno para reformular en términos similares algunas condiciones de su contrato de concesión, a la espera de un acuerdo definitivo que se celebraría en el futuro, aún sin fecha cierta. La licenciataria de la Zona Norte conservará estable el valor del pulso, pero eliminará los descuentos que realiza ahora sobre las llamadas locales y de larga distancia entre las 20 y las 22 horas, con lo que obtendrá una mejora en sus ingresos. Los principales accionistas, el local grupo Wer- thein y Telecom Italia, se comprometen a no hacer ningún reclamo por el congelamiento tarifario aplicado desde la devaluación y a suspender el iniciado en el Ciadi. Mientras que France Telecom, propietaria del 2 por ciento, directamente habría desistido de la pretensión indemnizatoria presentada ante ese mismo tribunal bancomundialista.

Esta última noticia fue difundida ayer por el propio ministro de Planificación, Julio De Vido, en el acto de anuncio de este acuerdo que tuvo lugar en la Casa de Gobierno. Allí el funcionario aludió a la nota en la que el procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino, notificó al secretario de Comunicaciones, Guillermo Moreno, del desestimiento empresario, adjuntando el anuncio que llegó desde París.

Si los términos en que se dio a conocer la decisión de los franceses son correctos, esta vez sí las arcas argentinas se estarían librando de una fuerte amenaza, ya que todos los pedidos de compensación por el congelamiento de tarifas que se plantean ante el Ciadi entrañan montos multimillonarios. Normalmente, los accionistas de privatizadas que firman un acuerdo con el Gobierno “suspenden” esos trámites, pero no renuncian plenamente a los pedidos de arbitraje que activan, como sí habría hecho la gala Telecom.

Como eventual contrapartida, la empresa quedó habilitada a aplicar un aumento tarifario por la vía de suspender los descuentos con que hoy benefician a los clientes que realizan llamadas locales o de larga distancia nacional e internacional, con diferentes bonificaciones entre las 20 y las 22. Apenas la carta de entendimiento supere ciertas instancias formales de aprobación, entre ellas la de una audiencia pública, sólo a partir de aquella hora será factible tener alguna reducción los días de semana.

Otra modificación inmediata será la dolarización de las tarifas que corresponden a las comunicaciones entrantes desde el exterior, que tras la emergencia económica fueron pesificadas y congeladas como el resto de los servicios regulados. Según destacan en la empresa, esto no tendrá impacto alguno en los bolsillos de los usuarios locales, aunque también contribuirá a la recaudación de la licenciataria, que hoy oscila entre los 5000 y 6000 millones de pesos anuales. Tanto por este cambio como por la eliminación de bonificaciones durante las dos primeras horas de la noche, Telecom Argentina podría tener una recaudación adicional equivalente al 1 por ciento, es decir, entre 50 y 60 millones de pesos.

Pero la realidad es que el corazón del negocio está cada vez más lejos de los servicios cuyo precio está regulado y más próximo a otras prestaciones, como la que la compañía ofrecerá a través de la revolucionaria tecnología IP, que permite abaratar enormemente el costo de las comunicaciones a través del uso del protocolo de Internet. Y hacia esos segmentos están orientadas las más importantes inversiones.

“Hoy nuestro compromiso se traduce en el desarrollo de nuevas inversiones por 1000 millones de pesos en el presente año en curso, como parte de un plan plurianual de 3000 millones de pesos”, subrayó el presidente de la compañía, Amadeo Vásquez, dirigiéndose a Néstor Kirchner. “La Argentina ha cambiado una cultura de especulación por una cultura de producción: hoy es un país para invertir”, cerró el ejecutivo.

Esta acta-acuerdo es apenas el punto de partida para cambios en el marco jurídico de la concesión, que terminarán de concretarse cuando el Gobierno consiga sancionar una nueva ley de Telecomunicaciones. Esa es la verdadera partida para fijar un encuadre definitivo de un negocio que siguió siendo absolutamente próspero a pesar de los cambios impuestos tras la devaluación y la estabilidad de las tarifas, que sólo pueden moverse con la anuencia del poder regulador.