El Gobierno continúa trabajando contrarreloj para tener listo el proyecto de ley de actualización de los haberes jubilatorios –ordenada por la Corte Suprema– antes del 15 de septiembre, fecha prevista para la presentación del Presupuesto 2007 en el Congreso. La intención oficial es confeccionar un índice que contemple la recaudación previsional y la variación de los salarios, el cual sería tomado como referencia para los aumentos, aunque todavía no está claro qué ponderación se le asignará a cada variable. El vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, el kirchnerista Juan Carlos Díaz Roig, afirmó ayer que “la posibilidad de ajustar las jubilaciones en línea con los salarios tiene que ser el parámetro fundamental”, en “combinación” con la evolución de la recaudación. Sin embargo, desde el Ejecutivo se encargan de remarcar que “lo más racional” es privilegiar lo que recauda la Anses.

Si bien el incumplimiento con los jubilados es histórico, se agudiza a partir de marzo de 1995, cuando fue sancionada la Ley de Solidaridad Previsional 24.463. La norma, impulsada por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, estableció en su artículo 7 que “todas las jubilaciones de los sistemas públicos de previsión de carácter nacional tendrán la movilidad que anualmente determine la Ley de Presupuesto” y aclaró luego que “en ningún caso esta movilidad podrá consistir en una determinada proporción entre el haber de retiro y las remuneraciones de activos”, poniendo freno de ese modo a las actualizaciones vigentes hasta entonces. El primer cuestionamiento judicial a ese artículo lo realizó el magistrado Guillermo Rossi, titular del Juzgado Nº 12, en abril de 1996 cuando lo declaró inconstitucional. Sin embargo, recién el pasado 8 de agosto la Corte Suprema ordenó al Poder Legislativo definir un método de actualización de haberes.

El diputado formoseño Díaz Roig declaró ayer que el fallo de la Corte “vuelve a poner las cosas en normalidad tras varios años con desfasaje” y consignó que “la movilidad” de las jubilaciones es también “una función indelegable del Estado”. Luego agregó que “tenemos la esperanza de que esto ocurra desde el 1º de enero de 2007. No queremos crear expectativas a los jubilados que sean mayores de lo que vamos a sancionar: tenemos un plazo razonable para que salga la nueva ley, y que ésta sea recogida en el Presupuesto y por el sistema previsional para que éste pueda liquidar en tiempo y forma”.

Desde la oposición, en cambio, sostienen que se podría avanzar este año con la actualización. El jefe del bloque de diputados Justicialismo Nacional, Jorge Sarghini, reclamó al Gobierno que otorgue en lo inmediato el incremento a los jubilados que ordenó la Corte. “Se puede empezar ya, con mucha responsabilidad, y no en el 2007 como ha dicho el Gobierno, porque hoy la Anses tiene acumulado un superávit de 10 mil millones de pesos”, aseguró.

La discusión en torno del índice de actualización de haberes también generará polémica. Legisladores de la oposición advierten que habrá que prestar mucha atención a la “letra chica” del proyecto que va a presentar el Gobierno. Una de las cuestiones a tener en cuenta es qué se considerará como recaudación previsional, pues la Anses tiene ingresos provenientes de aportes y contribuciones, pero también de impuestos y una forma de morigerar el impacto de los aumentos sería tomar en cuenta sólo el primer ítem dentro del índice. También desconfían sobre la posibilidad de que efectivamente se tome en cuenta la variación salarial y, en caso de que se lo haga, de qué modo se calculará esa variación. Pues sostienen, como dice el refrán, que “el diablo está en los detalles”.